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Ramírez (i) en un acto de 2005 junto a Calvo y Pulido
El exalcalde y número 4 de la candidatura socialista a la Alcaldía de Nueva Carteya, Antonio Ramírez, irá a juicio para explicar ante el juez por qué razón autorizó los pagos de 50 facturas, todas con informes desfavorables y calificadas como fuera de la legalidad por la Intervención municipal del citado ayuntamiento. En un primer momento, la denuncia interpuesta por los concejales de IU del Consistorio carteyano por estas prácticas irregulares fue archivada, lo que originó un recurso de apelación por parte de los denunciantes.
La Audiencia Provincial, según la sentencia a la que ha tenido acceso ABC, manifiesta que hay indicios de «presencia de una tipología delictiva», por lo que ha estimado la apelación y dejado «sin efecto el sobreseimiento provisional acordado, debiendo de seguir la tramitación de la causa conforme a derecho». Esto supone, nada más ni nada menos, que de estar implicado en un delito de presunta prevaricación, Ramírez pasa a estar procesado, por lo que está a la espera de ser llamado ante el juez para comenzar el juicio.
El ahora diputado provincial de Acción Territorial y presidente de Emproacsa, está acusado de ordenar multitud de pagos de créditos a terceros sin estar previamente reconocidos ni existir consignación presupuestaria. Además, ante los reiterados reparos del interventor municipal, los denuciantes afirman que el exalcalde, «de manera contumaz y contraria a la legalidad, no suspende la tramitación del expediente (sancionado por la Intervención), sino que aprueba el gasto y ordena el pago».
Esta práctica ocurrió hasta en medio centenar de facturas, según los datos aportados al fiscal y que han sido fundamentales para que el proceso no quede archivado.
Menudeo de facturas
Las facturas emitidas son, en su gran mayoría, por importes de pequeñas cantidades, oscilando entre los 150 euros y los 56.000. El total de recibos pagados, todos con reparos de la Intervenció, alcanza la suma de 270.500 euros.
Entre ellos hay varios pagos que también levantan sospechas, como es el caso de dos factura a la empresa encargada de las obras de remodelación del parque público donde la cantidad es exactamente igual: 12.020,24, «sin que haya explicación para ello», según la denuncia presentada ante el juzgado.
También hay pagos que están totalmente fuera de lugar, como es el caso del abono de un estudio de infografía para una cooperativa vitivinícola en dos facturas por importes de 801,75 y 1.359.49 euros. Para el parte demandante esto es no es sólo «un pago sin consignación y previsión presupuestaria, sino también la asunción de un pago por las arcas municipales con destino a usos ajenos a la función pública».
Entre los pagos presuntamente ilegales figura el relizad para financiar el certamen de bandas de música y la comida de concejales y funcionarios, mujeres de ambos inclusive. Por estos conceptos se pagó 2.774 euros en diferentes mandamientos de pagos parciales. En total se abonaron 5 facturas por este concepto.
