Más de 200 inmuebles, entre las provinciales, valoradas en unos 24 millones de euros, y las locales, que no han sido tasadas, conforman el patrimonio de las cámaras agrarias andaluzas que la Junta está repartiendo tras haber decretado la extinción y liquidación de estos organismos.
La conveniencia de su extinción no está en cuestión, pero si lo está la fórmula de liquidación del rico patrimonio que ha elegido la Consejería de Agricultura. Y esto es así hasta el punto de que este proceso se ultimará con toda probabilidad en los tribunales, en los que ya se está peleando tanto el sistema de reparto de bienes adoptado por la Consejería de Agricultura, que rechaza Asaja, como el destino de muchos de los trabajadores de estas instituciones, objeto de un ERE que han recurrido ante la sala de lo contencioso del TSJA.
La liquidación de las cámaras agrarias fue decretada por la Junta en 2010 dentro de su plan de reordenación del sector público y se está ultimando en estos días en los que la consejera, Clara Aguilera, está reuniéndose con los ayuntamientos afectados para acordar con ellos la cesión de los edificios que albergaban las cámaras agrarias locales. En total, son 202 edificios que se repartirán a 162 municipios. Además, había siete cámaras provinciales, una por provincia a excepción de Almería, que se han cedido ya a Asaja, Coag y UPA por partes iguales, lo que ha provocado que Asaja haya recurrido a los tribunales al considerar injusto este reparto, que en su opinión no se atiene a la representatividad real de las organizaciones agrarias.
Rechazo de Asaja
En este sentido, desde Asaja destacan que su aceptación del traspaso de un tercio de las propiedades de las cámaras provinciales se ha firmado con condiciones y sin renunciar a su pelea en los tribunales y a que en función de lo que dicten los jueces pueda haber cambios en la parte que se les adjudica. El letrado de Asaja, Emilio Viera, confía en que los tribunales les darán la razón en sus argumentaciones: que las cámaras deben liquidarse una a una; y que la representación de las organizaciones agrarias también debe delimitarse provincia a provincia. En este sentido, desde Asaja aseguran que ya ha habido sentencias anteriores sobre la representatividad de las organizaciones agrarias que beneficiaron a Asaja sobre las demás. En concreto, según Viera, en la provincia de Sevilla una sentencia —en relación a la firma del convenio colectivo del campo— daba a Asaja el 80% de esa representación, y, en la provincia de Córdoba, otra sentencia le daba el 90%. Según explicó este abogado a ABC, para medir esa representatividad el juez pidió a las organizaciones agrarias que presentaran sus listas de socios y de cuotas, «que es una manera de medir la representatividad, aunque algunos quieran decir que la representatividad no se puede medir».
Vestigio del franquismo
Las cámaras agrarias eran un vestigio del sindicalismo vertical franquista que no tiene sentido en democracia por lo que llevaban años sin funciones. Esto es algo en lo que hay un acuerdo bastante unánime. Pero es precisamente en la historia de las cámaras agrarias y en cómo se generaron sus bienes donde nacen la mayor parte de los argumentos contrarios a la fórmula de reparto de propiedades que está llevando a cabo la Consejería de Agricultura. Y es que la casuística es variada: hay propiedades que fueron adquiridas directamente por el Estado, otras que fueron compradas por las propias cámaras con las cuotas que obligatoriamente pagaban entonces los ganaderos y agricultores, algunas que fueron cedidas o donadas por instituciones o por particulares, e incluso otras que fueron cedidas con la condición de que al cesar el uso revertirían a sus anteriores propietarios.
Para uso agrario
La tesis que mantiene Asaja y que ha provocado que esta organización esté preparando también un recurso contra el reparto de las cámaras locales entre los ayuntamientos, es que cada una de esas propiedades tiene su historia y situación jurídica particular, por lo que esa liquidación hay que hacerla «una a una». Y, además, y sobretodo, alegan que hay que respetar las leyes y el propio decreto de liquidación de la Junta que dice que, estas propiedades deben, en cualquier caso, quedar supeditadas a funciones de interés general para los agricultores y ganaderos. Asaja considera que este objetivo no se respeta en la cesión a los ayuntamientos.
Desde la Consejería de Agricultura explican que «el requisito que se exige desde la Junta es, efectivamente, el de darle un uso agrícola a dichos inmuebles». Sobre cómo se hará realidad esta condición, la Junta considera que «la forma de llevar a cabo este requisito y su gestión depende exclusivamente de los ayuntamientos». En este sentido, explican que «el Decreto-Ley prevé la inclusión de una condición en las escrituras para asegurar que este requisito se cumpla al menos durante veinte años».
Trabajadores despedidos
El otro conflicto que ronda este asunto es laboral. Los trabajadores de las cámaras agrarias eran unos 70, de los cuales sólo unos pocos eran funcionarios y como tales han sido trasladados a otros puestos de la Administración. El resto, según la propia Junta, han sido «despedidos». Según fuentes de la Consejería, la Junta propuso a las OPAS la posibilidad de mantener laboralmente a los trabajadores de las cámaras agrarias provinciales una vez adquirieran los inmuebles. «Sin embargo, —explican— las OPAS han rechazado esta posibilidad por lo que se ha procedido al despido de los mismos, pues los trabajadores pertenecían exclusivamente a las cámaras agrarias, no eran personal de la Junta, por lo que el Gobierno no puede hacer suyos dichos empleados». En este sentido, cabe destacar, por una parte, que los trabajadores no piensan lo mismo, por lo que un grupo de ellos ha recurrido el ERE ante el TSJA, y, por otra, que, en esta misma situación, el Gobierno autonomo extremeño sí que ha dado una salida al personal laboral de las cámaras extremeñas, al aprobar en Consejo de Gobierno un decreto que establece que todos los trabajadores de esos organismos que a 31 de diciembre de 2009 tuvieran un contrato indefinido en estos órganos, podrán integrarse en la Administración de esa comunidad autónoma.
