El «caso Torreblanca» acabará en un juicio contra cuatro agentes por supuesto delito de falsedad al manipular un expediente urbanístico en 2008. Pero a una conclusión tan sencilla se llega tras complejos episodios, que tuvieron su inicio con una investigación de ABC Córdoba. Este periódico les ofrece los hitos del proceso:
La génesis. En agosto de 2007, la Guardia Civil recibe un anónimo que informa de que una pareja de policías locales adscritos al servicio de Disciplina Urbanística —la Línea Verde, que denuncia las construcciones sin licencia— tiene un chalé ilegal en la parcelación de Torreblanca, donde está prohibido edificar.
El escrito da todo lujo de detalles. Es una parcela comprada y dividida en cuatro partes por efectivos municipales a finales de 1997. Dos de ellos —uno ya no es agente— tenían multa por edificar sin licencia. No ocurre así con el matrimonio referido y un escolta de la entonces alcaldesa, Rosa Aguilar, que tiene una casa de 45 metros. En estos últimos casos, la obra ilegal se hizo entre 2006 y 2007.
El papel de la Guardia Civil. La Benemérita remite una carta confidencial al jefe de la Policía Local, Antonio Serrano, advirtiéndole de la pareja de agentes de inspección urbanística que han vulnerado la norma que ellos mismos deben aplicar.
El mando que lo recibió cometió el error de delegar la comprobación de los datos a uno de los dueños del chalé, que actuó como juez y parte, al igual que su cónyuge. En vez de abstenerse de gestionar el asunto, usaron su condición de policías de Disciplina Urbanística y la información privilegiada para obstaculizar la multa.
La investigación de ABC. El 21 de diciembre de 2007, un redactor de ABC, previo pago de una tasa, como cualquier ciudadano, recibe la contestación por escrito de Urbanismo, que hace constar que ni el guardaespaldas ni la pareja de Torreblanca tienen expediente de infracción.
La reacción. Una semana después, la pareja de la patrulla de la Línea Verde destinada en Torreblanca va a la finca y rellena denuncias contra el chalé de sus compañeros —se conocían, pues trabajaban en la misma unidad— y la casa del escolta.
Las irregularidades. El 11 de enero de 2008, el periodista de ABC contacta por teléfono con uno de los dueños del chalé ilegal de Torreblanca para darle derecho a réplica. Lo declinó. Ese mismo día se producía la primera modificación de los datos relativos a la infracción urbanística por su chalé ilegal. En estos hechos están implicados uno de los propietarios y la patrulla de compañeros que le denunció. El día después, justo antes de que ABC dé la primera entrega de la saga, siguen las supuestas alteraciones del citado expediente de infracción por parte de los tres agentes, lo que provoca la pérdida de los datos inicialmente recogidos y la introducción de nuevos. Este sabotaje informático derivó en la supuesta fabricación de otro expediente machacando el de un ciudadano y variando fechas.
Más irregularidades. Entre el 14 y el 15 de enero, tras anunciar el Ayuntamiento que abriría una investigación, siguen alterándose supuestamente los datos de la referida denuncia aprovechando claves de un superior que no se encontraba allí y que tenía acceso a información privilegiada y reservada sobre las actas. El resultado fue que más de 1.000 expedientes de Torreblanca fueron eliminados de un plumazo. Una tarea técnica ardua permitió recuperar el disco duro y localizar las fechas de los «duendes» informáticos.
El Consistorio investiga. El 17 de enero, La Junta de Gobierno Local abre diligencias sobre los sucesos, si bien no las aprueba hasta el 25.
Camino de Fiscalía. El 15 de abril, la entonces alcaldesa remite al fiscal la extensa investigación municipal. El resto acaba de convertirse en historia reciente.
