EL juicio oral contra cuatro agentes de La Línea Verde de la Policía Local implicados en el «caso Torreblanca», que destapó ABC en enero de 2008, acusados de un presunto delito de falsedad en funcionario público (alterar registros informáticos de expedientes urbanísticos relacionados con la construcción sin licencia de un chalé en la urbanización de la Sierra) y para los que la Fiscalía solicita penas que suman 15 años de prisión podría celebrarse antes de final de año en la Audiencia Provincial.
La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba, María Dolores Rivas, ha dictado el auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso este periódico, en el que ratifica la libertad provisional de los cuatro agentes acusados y se desestima el otrosí primero presentado por el Ministerio Fiscal en el que solicita la práctica de una prueba relacionada con la alteración de otro expediente urbanístico vinculado a un escolta de Rosa Aguilar por entonces. En concreto, la realización de un informe pericial informático que detallara cómo se modificaron esos datos, pero la prueba ya fue denegada en su día por la togada.
Penas de entre 3 y 9 años
De esta forma, la calificación provisional de los hechos por el Ministerio Fiscal, a la que ha tenido acceso ABC, recoge unas penas de 3 años y 9 meses de prisión, multa de 4.500 euros e inhabilitación especial pare el ejercicio de su cargo por 3 años, para cada uno de los cuatro agentes de la Policía Local acusados de un delito de falsedad. Dos de ellos, por tratarse de agentes adscritos al servicio de Disciplina Urbanistica de la Policía Local de Córdoba, se dedicaban a vigilar el cumplimiento de la disciplina urbanística en la zona de Torreblanca.
Los otros dos, un matrimonio, según el escrito del fiscal, «aprovechándose de su condición como agentes adscritos al servicio de Disciplina Urbanística», iniciaron en el verano del 2007 la construcción de una vivienda en una parcela de su propiedad en la citada urbanización «sin gozar de las licencias urbanísticas correspondientes». Los compañeros de unidad que patrullaban este punto de la ciudad tuvieron conocimiento a finales de septiembre de 2007 de la construcción que realizaron los otros dos agentes, pero «con el fin de evitar la responsabilidad de aquellos», según hace constar el fiscal, «no iniciaron expediente alguno de disciplina urbanística en el registro informático».
Así las cosas, según consta en el escrito de Fiscalía, el 11 de enero del 2008, los acusados tuvieron conocimiento de que en breve iba a salir publicado en prensa en ABC que varios policías locales, adscritos al servicio de Disciplina Urbanística, construían en Torreblanca a pesar de carecer de las perceptivas licencias administrativa. Por ello, los acusados, con la finalidad de dar cobertura legal a su actuación y evitar cualquier tipo de responsabilidad por razón de su cargo, unos por haber iniciado la construcción sin haber obtenido la obligada licencia, y los otros al no haber cumplimentado ni iniciado expediente alguno, convinieron de común acuerdo manipular un expediente ya registrado en la base de datos del registro informático y que coincidiera en su creación con las fechas en que los agentes localizaron la construcción ilícita promovida por el matrimonio —septiembre del 2007—, para luego remitirlo a la Gerencia de Urbanismo, según recoge el fiscal en su escrito.
Así, la agente en concierto con su marido se personó el 11 de enero de 2008 en las dependencias de la Policía Local donde se reunió con los otros dos agentes acusados que patrullaban Torreblanca, y de común acuerdo, utilizaron un expediente ya registrado con fecha 26 de septiembre del 2007 para cambiar los datos del promotor y constructor, introduciendo la agente los de su suegra, y modificando los agentes denunciantes. Estos cambios los introdujo a las 14.30, 14.31 y 14.32 horas de la tarde. Por otra parte, uno de los policías de la patrulla, con su propio usuario, introdujo el nuevo dato del constructor, borró la foto que acompañaba al expediente original y añadió una nueva foto.
El sábado 12 de enero a las 8.56, 9.08 y 0.09 horas, con el usuario de un subinspector, la agente de nuevo borró la foto introducida a destiempo por su compañero e introdujo otra. Por último, y por tercer día, el lunes 14 de enero, ya publicadas las primeras informaciones de ABC, a las 7.21 horas de la mañana, la misma agente, esta vez, utilizando el usuario de un oficial, borró la descripción de la inspección que había introducido su compañero también acusado dándole una nueva redacción al expediente que se remitiría a la Gerencia de Urbanismo.
La desconfianza del Ministerio Fiscal se centra también en otra alteración que se realizó ese lunes 14 de enero, como quedó recogido por la investigación realizada por la Secretaría General del Ayuntamiento. Los agentes de que patrullaban en Torreblanca decidieron dar a otra construcción ilegal en una parcela también de Torreblanca, propiedad de un escolta de Rosa Aguilar, «el mismo tratamiento» que le habían dado al de la construcción del matrimonio de policías locales en Torreblanca, en cuanto a introducir su expediente sustituyendo otro que se encontraba registrado en la base de datos. Lo hacían, según recoge el Ministerio Público, «borrando ese expediente pendiente de resolver e introduciendo datos del acta de inspección formalizada el 27 de diciembre de 2007». Es precisamente en este punto donde la Fiscalía ha detectado otro presunto delito de falsedad por parte de los dos agentes de la patrulla verde por lo que solicita mediante un otrosí en su calificación que se deduzca testimonio de la presunta participación de ellos en la «alteración de un registro informático de expedientes de disciplina urbanística relativo a la construcción ilegal en la parcela propiedad de un agente» —escolta de Rosa Aguilar—.
El fiscal también pide que la Autoridad Judicial designe a un perito informático que analice el informe de las variaciones realizadas en el registro informático de inspecciones urbanísticas de la Policía Local, como qué personas tuvieron acceso, autorizadas, modificaciones efectuadas (datos borrados), y qué personas que presuntamente pudieron realizarlas. Todo ello ha sido desestimado por la jueza.
Ahora será el turno de los letrados designados por los acusados para su defensa, que tendrán cinco días para presentar sus escritos y a partir de ahí el asunto se remite ya a juicio. Según informaron a ABC fuentes judiciales, este podría celebrarse antes de final de año.
