Los agricultores de Huelva exigirán al Comité de Sequía el fin de las restricciones de agua
Los regantes onubenses reclaman el levantamiento inmediato de las restricciones tras la mejora de los embalses y exigen al Gobierno la ejecución urgente de infraestructuras clave como Bocachanza II
La Plataforma ‘Agua para todos, alimentos para el mundo’ ha solicitado el levantamiento inmediato de las restricciones al riego en la provincia de Huelva. La petición se basa en la notable mejora de la situación hídrica tras las intensas lluvias de las últimas semanas, que han elevado el nivel de los embalses hasta el 71% de su capacidad total.
Las organizaciones agrarias Freshuelva, la Asociación de Citricultores de la Provincia de Huelva, Cooperativas Agro-Alimentarias Huelva, Asaja Huelva, UPA-Huelva y la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Huelva Riega) han solicitado al Comité de Gestión de la Sequía de la demarcación hidrográfica del Tinto-Odiel-Piedras y Chanza que revise el actual escenario de escasez. Argumentan que desde el inicio del año hidrológico en octubre se han superado los 600 litros por metro cuadrado en la cuenca del río Odiel y que los embalses han sumado 340 hectómetros cúbicos más respecto al año anterior. Según la plataforma, esta mejora permite adelantar en dos meses la declaración de ‘escasez moderada’ recogida en el Plan Especial de Sequía y restablecer la normalidad en abril.
Además de esta demanda inmediata, la plataforma ha anunciado la presentación de una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento andaluz para exigir al Gobierno de España la construcción de la infraestructura Bocachanza II. Consideran que esta obra es clave para garantizar el suministro hídrico de la provincia, ya que el actual bombeo regulado por el Convenio de Albufeira con Portugal ha reducido el volumen de agua disponible de 75 a menos de 40 hectómetros cúbicos anuales.
Desde la plataforma denuncian que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no ha previsto las infraestructuras necesarias para ejecutar el convenio, lo que impide que Huelva acceda al agua que le corresponde. También critican que, mientras la presa de Alqueva en Portugal está desembalsando agua, en Huelva no se pueda aplicar el Convenio de Albufeira por la falta de obras hidráulicas.
Infraestructuras hídricas pendientes
Los agricultores onubenses alertan de que la falta de infraestructuras sigue siendo el principal obstáculo para la gestión eficiente del agua en la provincia. Denuncian que proyectos clave como la presa de Alcolea, el trasvase del Condado, las conducciones de Coronada, el canal de Trigueros o el túnel de San Silvestre siguen sin ejecutarse, a pesar de estar recogidos en la Ley 10/2018 y en los planes hidrológicos vigentes.
Especial preocupación genera la paralización de la presa de Alcolea, una infraestructura vital para el regadío, la industria, el turismo y el consumo humano, así como para la prevención de inundaciones en municipios como Gibraleón o Huelva capital. La plataforma considera injustificable la falta de avances en su construcción y pide tanto al Gobierno central como a la Junta de Andalucía que agilicen las negociaciones para su ejecución.
Críticas al acuerdo de Doñana
Las organizaciones agrarias también han mostrado su malestar por la ausencia de estas infraestructuras en el reciente acuerdo de Doñana, que cuenta con una inversión pública de 1.400 millones de euros. Aseguran que es contradictorio destinar fondos a la protección del parque sin garantizar la sustitución del agua subterránea por agua superficial, lo que permitiría una gestión más sostenible del recurso.
Desde ‘Agua para todos, alimentos para el mundo’ recuerdan que Huelva es una provincia clave en la producción de alimentos para España y Europa y que sin agua no hay desarrollo económico, empleo ni sostenibilidad. Por ello, hacen un llamamiento al Gobierno central y a la Junta de Andalucía para que pongan en marcha un plan de acción que garantice el futuro hídrico de la provincia. Advierten de que seguirán tomando medidas reivindicativas para exigir a las administraciones que cumplan con sus compromisos y aseguren el abastecimiento de agua a medio y largo plazo.
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