Andalucía agota los cartuchos para minimizar el daño de la PAC
Frente común de organizaciones, cooperativas y Junta, que reclaman modificaciones relacionadas con el agricultor activo, los eco-regímenes y las regiones
Ya ha comenzado el plazo para presentar la Solicitud Única de la PAC 2023. El primer año del nuevo periodo (2023-27), que llega cargado de incertidumbre para el campo: se estima que las pérdidas en estos cuatro años serán de 500 millones de euros para los agricultores andaluces, y aún hay mucha confusión por cómo se llevarán a cabo algunos de los cambios exigidos en el Plan Estratégico de la PAC (Pepac).
No obstante, el sector agrario de Andalucía no se rinde, y apura los últimos intentos para minimizar el daño que le puede causar la nueva PAC. Por ello, organizaciones agrarias y Cooperativas Agro-alimentarias han firmado una alianza con la Consejería de Agricultura para presentar alegaciones conjuntas al Pepac.
Un acuerdo «histórico»
Un acuerdo que la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha calificado de «histórico» y que desde Asaja Sevilla consideran «fundamental». «La unidad de todas las organizaciones y cooperativas demuestran lo lesiva que es la PAC y lo necesario que es corregir ciertas cosas», insiste Eduardo Martín, secretario general de Asaja Sevilla.
Las alegaciones al Pepac, que pueden hacerse una vez al año, son uno de los mecanismos que se contemplan para «engrasar» el funcionamiento de la nueva PAC y, por ello, el campo andaluz espera que el Ministerio tenga en cuenta sus reivindicaciones y sirva para modificar los aspectos más lesivos para el sector.
No obstante, se asume que las modificaciones, que se presentarán en Bruselas tras unificar las de todas las comunidades autónomas, no se harán efectivas hasta la campaña que viene, excepto las que sean de menor calado y sí puedan instaurarse sobre la marcha.
Agricultor activo
Una de las primeras reivindicaciones de Andalucía es que se considere automáticamente agricultor activo a aquellos que estén certificados en sistemas de producción sostenible, como la producción integrada o la producción ecológica.
Se trata, explica el coordinador de los servicios técnicos de Asaja Sevilla, Antonio Caro. de una «repesca» para aquellos que sí eran solicitantes en la anterior PAC y que ahora dejan fuera las dos condiciones establecidas en el Pepac: estar dado de alta en la Seguridad Social Agraria, o que al menos el 25% de sus ingresos totales procedan de la actividad agraria.
«Dichos requisitos pueden resultar confusos, y difíciles de cumplir en algunos casos, como las sociedades o las comunidad de bienes, por lo que este añadido arreglaría lo que es un quebradero de cabeza para muchos», detalla Martín.
Cuaderno digital de explotación agrícola
Por otro lado, en el documento de alegaciones también reclaman que se paralice, o al menos se retrase, la puesta en marcha del cuaderno digital de explotación agrícola (CUE), que está prevista para septiembre de 2023.
«Aunque la idea es buena, ya que pretende avanzar en digitalización, lo cierto es que no se ha hecho el diagnóstico adecuado de todo lo que se necesita, tanto por parte del agricultor como de los técnicos que, al final, serán los que llevarán la carga de elaborar y actualizar el cuaderno», se lamenta Antonio Caro, que considera «inasumible» su puesta en vigor con el cuerpo técnico de las organizaciones agrarias que existe en la actualidad.
Por todo ello, solicitan que se proceda a un aplazamiento hasta septiembre de 2024, y hasta el mismo mes de 2025 en el caso de las pequeñas explotaciones. En cualquier caso, el documento realiza una petición expresa de que se conceda un tiempo voluntario y en prácticas a los productores para poder familiarizarse.
De otro lado, también se han hecho una serie de alegaciones de cara a flexibilizar algunos aspectos de la condicionalidad reforzada, como las relacionadas con el laboreo en pendiente o el enterrado de los estiércoles. Modificaciones de redacción que, esperan desde Asaja, puedan ponerse en marcha incluso en esta campaña.
Regiones productivas
En cuanto a las regiones, piden al Ministerio de Agricultura que «encuadre de manera objetiva» las veinte regiones, corrigiendo así lo que califican de «distinción artificial y subjetiva» y que propicia que muchas zonas andaluzas salgan muy perjudicadas respecto a otras con condiciones agronómicas muy similares.
Un ejemplo claro es la actual región 9.1, que engloba a las tierras de cultivo de secano de la Campiña y de la Vega de Sevilla y a otras zonas menos productivas de Aragón o Castilla y León, en lugar de encuadrarla junto con la Campiña de Córdoba y de Cádiz, que son colindantes con la Campiña de Sevilla. También se pide el encuadre correcto para otras zonas como La Janda de Cádiz, El Condado de Huelva, Antequera y La Loma de Jaén, que son las que más fondos pierden con la nueva PAC.
«No queremos que haya ni grandes perdedores ni vencedores, queremos que el sistema de regiones se parezca lo más posible al anterior de 50 regiones», asegura el secretario general de la organización agraria.
Por otra parte, demandan que se equiparen las ayudas a la remolacha del sur con la del norte del país, así como una ayuda asociada específica para el girasol y los frutos secos de Huéscar, Guadix y la comarca de Los Vélez (Almería).
Eco-regímenes
Otras peticiones fundamentales que esperan que el Ministerio atienda son las relacionadas con los eco-regímenes, una de las grandes novedades de la nueva PAC.
En concreto, reclaman que se aumenten los criterios para la fijación de las cuantías económicas teniendo en cuenta otras variables, como la estructura del suelo o de las explotaciones. «No tiene sentido que haya un solo tipo de regadío, por ejemplo, cuando no tiene nada que ver la inversión que exige y ha necesitado una explotación de riego en Andalucía que en otras zonas de España», se lamenta Antonio Caro.
También exigen que los sistemas de producción sostenible sean eco-regímenes ‘per se’ y un cambio en uno de los eco-regímenes, el de «Cubierta vegetal e inerte en cultivos leñosos», uno de los que más preocupan ahora mismo en el campo andaluz, según detallan desde Asaja.
Y es que, para cobrar por la práctica medioambiental, cuyo importe, ya de base, es un 35% menor, de media, que el antiguo Pago Verde, hay que llevar a cabo una serie de acciones «que no son rentables ni lógicas».
En concreto, se exige que la cubierta vegetal se mantenga todo el año, algo que consideran «inviable» en la época de más estrés hídrico. «Pedimos que tan solo sea obligatorio mantener la cubierta vegetal de octubre a abril, periodo en el que ya se estaría cubriendo el riesgo de erosión» reclaman.
Recurso al Supremo de Asaja
Todos los puntos que recoge el documento firmado por el sector y la Junta avala, reivindican desde Asaja, el recurso interpuesto por la organización ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por varios aspectos de la nueva PAC, coincidentes con los ya nombrados. Yes que, recuerdan desde la patronal agraria, se prevén pérdidas de 242 millones de euros en el periodo 2023-2027 en la provincia de Sevilla.
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