Arranca una nueva campaña de riego sin la doble potencia eléctrica
Se trata de una demanda histórica de los regantes, que quedó recogida en la Ley de Medidas Urgentes para la Sequía aprobada hace más de un año
Los regantes acogieron con enorme satisfacción la aprobación, en marzo de 2018, de la nueva Ley 1/2018, de Medidas Urgentes para la Sequía, ya que abría la puerta a contratar dos potencias eléctricas en un mismo año. Algo que el sector del regadío venía reclamando con especial ahínco desde 2008, cuando desaparecieron las tarifas especiales con la excusa de cubrir el déficit de tarifa.
Sin embargo, más de un año después «aún no se ha puesto en marcha», por lo que los agricultores se enfrentan a una nueva campaña de riego «en la que, una vez más, la mitad del coste de potencia por año y explotación agraria lo estamos regalando al Estado, pues estamos pagando los meses que regamos y también los que no regamos», denuncia el secretario general de Asaja Sevilla, Eduardo Martín.
La patronal agraria siempre ha defendido que se reconozca el carácter estacional del regadío, lo que hace que se necesite una elevada potencia para bombear el agua en los meses sector, normalmente de mayo a septiembre, y una potencia más baja el resto del año.
Así, de entrar en vigor la ley aprobada y publicada en BOE durante el Gobierno de Mariano Rajoy (y que no ha sido derogada en las sucesivas legislaturas), los regantes podrían firmar un contrato de temporada para los meses de máximo consumo y otro, con una potencia mínima, el resto del año para mantener los equipos, de modo que evitarían pagar durante doce meses por un servicio que solo utilizan en la campaña de riego.
Gasto en electricidad
Asaja Sevilla lleva solicitando desde diciembre de 2018 al Gobierno central el desarrollo normativo de la Ley 1/2018, en la que se añaden una serie de disposiciones finales relativas, entre otras cuestiones, a los contratos de acceso a las redes de transporte y distribución eléctrica para regadíos, con las que se modifica la Ley del Sector Eléctrico. «Es una de las medidas que el propio Partido Socialista (PSOE) defendía en 2014 frente al entonces Partido Popular (PP), por lo que no entendemos la tardanza en poner en funcionamiento el contrato de doble potencia», destaca Martín, que subraya que «la falta de este contrato de temporada incrementa injusta e innecesariamente el gasto en electricidad a los regantes».
Un gasto que se ha incrementado sobremanera, pues el término de potencia ha subido más de 1.000% en los últimos diez años, desde que desaparecieron las tarifas especiales para el regadío, lo que ha provocado que el aumento medio de la factura de la luz para los regantes haya sido superior al 100% en este periodo (2008-2018).
Como resultado de la presión social ante esta insostenible situación, en 2014, el Ministerio de Agricultura aprobaba dos medidas de apoyo al sector, que continúan a día de hoy vigentes. Se trata del impuesto especial de hidrocarburos y la reducción de módulos agrícolas en la declaración del impuesto de la renta (IRPF), «dos medidas que tan solo vienen a cubrir el 20% del sobrecoste que lleva sufriendo el sector del regadío», lamenta el secretario general de Asaja Sevilla.
Un sector estratégico
La superficie de riego en Andalucía 1.100.000 hectáreas (el 25% de la Superficie Agrícola Utilizada) y representa un 67% de la Renta Agraria. El regadío aporta más de 6.500 millones de euros y genera el 64% del empleo agrario andaluz (UTA), además del 14% empleo regional. Por lo tanto, «cualquier incremento en los costes de producción, como ha ocurrido con la subida del precio de la electricidad, merma la competitividad de las explotaciones de riego y asfixia aún más a los agricultores», denuncia Eduardo Martín, que asegura que «el futuro del sector pasa por la contención de la factura eléctrica».
En los últimos años se han invertido más de 4.000 millones en la modernización de regadíos en Andalucía, de los que los regantes han aportado más de 2.000 millones, recurriendo para ello a financiación externa. Proyectos que han logrado mejorar la eficiencia de las instalaciones colectivas y particulares, contribuyendo a un ahorro medio de agua de hasta el 20% en las explotaciones modernizadas y llevando a las zonas regables sistemas telemáticos de control de caudales impensables hace una década.
Sin embargo, el alto coste energético ha llevado a que buena parte de los regadíos modernizados, que ahorran agua pero demandan más energía, no sean económicamente viables.
Para abaratar la factura eléctrica, los regantes también están accediendo a las energías renovables. Tras la derogación del llamado «impuesto al sol», que dificultaba y desincentivaba el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y del autoconsumo eléctrico en España, son varias las comunidades de regantes que están apostando por la construcción de plantas solares para producir energía para el autoconsumo de las estaciones de bombeo. Es el caso de la Comunidad de Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir y de la Comunidad de Regantes del Bembézar, ambas en la provincia de Sevilla.
A la espera de la Comisión de Desembalse
El miércoles se celebrará la próxima Comisión de Desembalse de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, en la que se revisarán las dotaciones otorgadas al regadío andaluz tras el análisis de las últimas precipitaciones del mes de abril y las reservas en los embalses.
La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, Feragua, ha anunciado que solicitará una campaña de dotaciones próxima a los 5.000 metros cúbicos por hectárea, que ya demandó en la anterior Comisión de Desembalse. Según la entidad «si a principios de abril la Regulación General almacenaba 2.720 hectómetros cúbicos, a principios de mayo estamos con 2.820, lo que significa que ha habido un incremento de 100 hectómetros cúbicos».
Este volumen, junto con los 130 hectómetros cúbicos que estaba previsto desembalsar y que apenas se han consumido porque no ha hecho falta, «representan una nueva disponibilidad superior a 200 hectómetros cúbicos, lo que debe facilitar una campaña de dotaciones próximas a los 5.000 metros cúbicos por hectárea, similar por tanto a la del año pasado, y que supone ya una reducción del 17% respecto a una dotación normal».
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