El campo sevillano encara 2025 con la sequía, la PAC y costes
Los costes de producción, la burocracia y la escasez de mano de obra agravan la situación de agricultores y ganaderos
Los agricultores y ganaderos afrontan un 2025 cargado de desafíos estructurales y económicos, según declaraciones del secretario general técnico de Asaja Sevilla, quien subrayó que el sector atraviesa una crisis profunda en múltiples frentes. Entre los principales temas que preocupan al sector se encuentran la gestión hídrica, la reforma de la Política Agraria Común (PAC), el aumento de los costes de producción, la burocracia administrativa, las normativas internacionales, la sanidad animal y vegetal, y la falta de mano de obra.
La situación hídrica sigue siendo crítica en la provincia, a pesar de una ligera recuperación en los niveles de agua embalsada. Según datos recientes, los embalses del Guadalquivir se encuentran al 35,15% de su capacidad, un aumento respecto al 19,28% de diciembre de 2023. Sin embargo, este nivel sigue muy por debajo de la media de los últimos diez años (41,6%). «Es fundamental acelerar las obras pendientes, como desaladoras, estaciones de aguas regeneradas y trasvases. Si no empezamos ahora, nunca llegaremos», señalan desde Asaja, quien subrayó que el agua es un recurso esencial para garantizar la sostenibilidad de la agricultura y la ganadería.
La reforma de la PAC, vigente desde 2023, ha tenido un impacto económico negativo en la región, con pérdidas estimadas en 250 millones de euros hasta 2027. «Andalucía y Sevilla han sido discriminadas por la adaptación nacional de esta política», afirmó el secretario general técnico de Asaja Sevilla. Desde la organización agraria, se han presentado recursos judiciales ante el Tribunal Supremo con la esperanza de que se revierta esta situación en 2025.
El aumento de los costes de producción, especialmente en energía, fertilizantes y fitosanitarios, sigue siendo un problema crítico. A pesar de las normativas nacionales como la Ley de la Cadena Alimentaria, el sector considera que estas no han ofrecido soluciones prácticas. «Los precios de venta no compensan los costes, lo que golpea directamente la rentabilidad de los agricultores y ganaderos», advierte.
La excesiva burocracia es otro de los problemas que el sector considera prioritario resolver. «Hace falta menos fiscalización y más realismo. La complejidad administrativa entorpece cualquier iniciativa y desmotiva a los agricultores y ganaderos», lamenta, pidiendo medidas de simplificación a todos los niveles.
La lucha contra las plagas y enfermedades, tanto en cultivos como en animales, sigue siendo una preocupación. La escasez de materias activas para combatir plagas y la falta de agilidad en los procesos de vacunación son problemas que el sector enfrenta con urgencia. «Estamos en la primera línea de entrada de plagas en Europa y necesitamos una gestión más ágil y eficaz para proteger nuestras producciones», señala el secretario general técnico.
Finalmente, la escasez de mano de obra y la normativa laboral actual representan retos significativos. El sector critica el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (54% en cinco años), calificándolo de «inasumible» sin compensaciones adecuadas, y alerta sobre la necesidad de ajustar las normativas a las realidades del campo. El secretario técnico también enfatiza que la falta de trabajadores especializados y las estrictas regulaciones laborales están dificultando aún más el trabajo agrícola, lo que amenaza con aumentar la dependencia del sector de fuentes de mano de obra extranjera.
Los agricultores y ganaderos llaman a la acción tanto a nivel regional, nacional y comunitario para abordar estos retos, advirtiendo que de no tomarse medidas urgentes, la sostenibilidad del sector estará en riesgo. La agricultura y la ganadería tienen clara la hoja de ruta para hacer que el campo vuelva a cobrar fuerza.
La falta de mano de obra pone en riesgo el sector
El secretario general técnico de ASAJA Sevilla, advirtió sobre la grave escasez de mano de obra en el sector agrícola, lo que dificulta la correcta explotación de los cultivos. La normativa laboral actual, que no se ajusta a las necesidades del campo, junto con el aumento del salario mínimo y la reducción de jornada, complica aún más la situación. Esto podría afectar seriamente la productividad y la competitividad de las explotaciones andaluzas. Además, el sistema de fijos discontinuos propuesto por el Gobierno no se adapta a la naturaleza estacional del campo, lo que incrementa aún más la carga tanto para los agricultores como para los ganaderos.
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