Carlos Palomar: «Los cítricos perderán su rentabilidad si se prohíben 75 materias activas en uso»
Aepla alerta de los peligros para el campo si salen del mercado los 75 productos químicos en riesgo de los 400 que hay para proteger los cultivos
La tendencia europea de legislar teniendo en cuenta la peligrosidad de los productos químicos, obviando los beneficios que un correcto uso de los mismos ofrece a la sociedad, puede provocar que 75 de las 400 sustancias activas actualmente disponibles para proteger los cultivos se prohíban. Esto tendría graves consecuencias para el campo andaluz, según denuncia Carlos Palomar, director general de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (Aepla), entidad que agrupa al 90% de las empresas fabricantes de fitosanitarios.
Y es que cultivos como los cítricos, el olivar, el arroz o las berries «serían los más afectados», asumiendo «pérdidas millonarias y restando competitividad al quedarse sin soluciones para defender la cosecha frente al ataque de plagas, enfermedades o malas hierbas».
-Ante la cada vez más restrictiva política europea sobre el uso de fitosanitarios, ¿Cómo ha cerrado Aepla las cifras del negocio en 2016?
-Desde la entrada en vigor del Real Decreto 1311/2012 de uso sostenible de los productos fitosanitarios, y la aplicación obligatoria en las explotaciones agrarias de los principios generales de la Gestión Integrada de Plagas a partir del 1 de enero de 2014, no sólo no ha disminuido el consumo de fitosanitarios en el campo, sino que ha aumentado. Por lo tanto, nos da la razón de que no se trata de usar menos productos químicos, sino aplicar un tipo de fitosanitario que sea respetuoso con el medio ambiente y usarlo sólo cuando sea necesario. Aepla agrupa al 90% del sector empresarial fabricante de fitosanitarios. Somos unas 25 empresas de todo tipo: multinacionales, nacionales y familiares, y hemos cerrado el ejercicio 2016 con un crecimiento del 3% en el negocio. Las exportaciones agroalimentarias están creciendo, sobre todo en frutas y hortalizas, y los agricultores invierten en su negocio adquiriendo materias activas para proteger la producción final.
-¿Cuál es el consumo de fitosanitarios del campo andaluz?
-Las ventas en el mercado nacional alcanzan los 974 millones de euros y en Andalucía el consumo es de 328 millones, es decir, el 33 % del total nacional. La familia de productos más utilizada en el campo andaluz es la de insecticidas. El sector hortícola en su conjunto es el que más productos químicos emplea, y posiblemente el olivar sea el cultivo aislado que más consuma.
-¿Cómo influyen las materias activas en la productividad agraria?
-Hasta el 40% de la producción se pierde cada año por plagas, malas hierbas y enfermedades. Sin fitosanitarios, estas pérdidas se duplicarían de media. No obstante, la incidencia dependería mucho del tipo de cultivo.
-Pues ante una agricultura cada vez más verde, el papel de los fitosanitarios no siempre es entendido. ¿Qué perspectivas tiene el sector?
-Los legisladores comunitarios han optado por regular basándose en la peligrosidad de los productos en vez de en el riesgo de su uso. Así, se está obviando los beneficios que el correcto uso de los fitosanitarios puede generar para los ciudadanos. Nuestros cultivos necesitan medicinas que garanticen su salud, al igual que los humanos. Por tanto, es necesario desarrollar nuevas sustancias que generen nuevos medicamentos. Pero el grifo se cierra y las restricciones normativas han provocado que en los últimos 15 años los productos destinados a sanidad vegetal se hayan reducido a la mitad, a pesar de que la demanda del mercado aumente.
-¿Hay cultivos que se han quedado sin alternativas en la lucha contra amenazas por la política europea?
-Hay muchos al límite. De hecho, cada año los agricultores se ven obligados a pedir autorizaciones excepcionales para usar productos que están fuera del mercado, sobre todo en cultivos menores. El registro de las sustancias activas es un proceso muy complejo y largo, pues empieza con un ejercicio europeo y luego se registra cada formulado para cada país y para cada uso, lo que quiere decir para cada cultivo e incluso para cada momento de aplicación. De unos mil principios activos se han reducido a los 400 que hay disponibles ahora y la tendencia es prohibir muchos más. De hecho, hay 75 nuevas sustancias en peligro de ser puestas fuera del mercado, lo que supondría que cultivos como los cítricos o el olivar perderían su rentabilidad si en paralelo no aparecen productos nuevos, y no los hay por ahora. El arroz es otro de los más afectados por la falta de soluciones para el cultivo.
Cultivos en desarrollo
-¿Los más afectados serán los cultivos menores?
-Todos los cultivos se verán afectados, aunque de distinta manera. Registrar un producto activo cuesta 280 millones de dólares y 10 años de desarrollo y luego hay que hacer el proceso en cada cultivo. Invertir para un cultivo que tenga menos de 10.000 hectáreas muchas veces no merece la pena, porque no hay retorno de la inversión. Por lo tanto, cultivos que ahora están en desarrollo en Andalucía como las berries (arándanos, frambuesas y moras) o los tropicales (aguacates, papayas y mangos) tienen muy pocas soluciones.
-¿Hay muchas materias activas en proceso de registro?
-En el año 2011 se presentaron 60 materias activas y, de éstas, solo se han aprobado seis hasta finales de 2016. El proceso es lentísimo tanto en Europa como en los países que registran los formulados. En España el sistema no está funcionando bien, porque el reparto de competencias entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Sanidad complica la situación, pues no tienen ni los mismos medios ni las mismas prioridades. Por ello, desde Aepla exigimos al Gobierno central crear una agencia autónoma para el registro de fitosanitarios, que resuelva las disfunciones que tiene la falta de coordinación entre ministerios que se ocupan de esto.
-Entonces, ¿la velocidad de caída de las sustancias activas es mayor a la del registro de productos?
-Así es. Las 400 sustancias en uso son insuficientes para atender a todos los cultivos y protegerlos de todas las plagas y enfermedades. Y lo peor es que la tendencia es seguir bajando, pues si se prohíben esas 75 que ya están amenazadas, el impacto va a ser grandísimo. De hecho, Aepla ha realizado el informe “Low Yield”, encargado a la consultora Steward Redqueen, en el que se analizan los efectos socioeconómicos de esas 75 sustancias para la agricultura europea. Los resultados hablan de que su prohibición podría reducir el rendimiento de cebada, trigo, colza y maíz entre el 10 y el 20%, mientras que para patata y remolacha azucarera el descenso podría ser de hasta un 40%. Además, según el informe, en España, estas 75 sustancias permiten un 85% más de producción en tomate de industria por hectárea. Para remolacha, aceituna y tomate de invernadero, el rendimiento contando con estas sustancias es entre un 35 y 45% mayor que sin ellas. El documento concluye finalmente con que el cultivo de los cítricos sería el más afectado, con unas pérdidas de unos 1.500 millones de euros.
-¿Hay datos sobre los productos no autorizados y que se siguen usando en el campo de manera ilegal?
-La policía europea establecía en un 10% el uso de fitosanitarios ilegales en Europa como media. En España estamos alrededor del 5%. En Aepla tenemos tolerancia cero con esto, llevamos años persiguiendo prácticas ilegales y tenemos un teléfono anónimo para denunciar. Mantenemos una actitud vigilante y gracias a eso entre 2013 y 2014 se han detenido e imputado redes de hasta 30 formuladores, distribuidores y comercializadores de productos fitosanitarios prohibidos.
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