Carmen Crespo: «En cuestión de días se abrirán ayudas pendientes por 166 millones de euros»
«Interlocución, simplificación, desbloqueo y pago» son los grandes pilares en los que se apoya la Consejería para atraer las inversiones al campo
Esta Consejería «adolecía de un diálogo fluido con el sector y la interlocución directa está siendo un acierto», declara la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de Andalucía, Carmen Crespo. Esta almeriense de nacimiento y «de vocación» afirma, a poco más de un trimestre de que el Gobierno del Cambio sople las velas de su primer cumpleaños, que hay signos evidentes de un «giro de timón» en Andalucía, como que el sector agroalimentario sea el que lidere la inversión pública en los presupuestos de 2019. Una apuesta por el campo y su industria con el foco puesto en el buen aprovechamiento de los fondos europeos. Por ello, el reto principal de la consejera es «que ni un sólo euro deje de invertirse en el medio rural», pese a que asume la gestión de las ayudas en el tiempo de descuento.
—Los agricultores andaluces siguen pendientes del cielo. En una parte de Andalucía preocupa la sequía y en la otra la gota fría. ¿Tiene la Consejería una valoración de los daños?
—La sequía es difícil de valorar, derivada de una situación prolongada. Hemos impulsado desde la Junta medidas como el aumento del anticipo de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) del 50% al 70%, aprobado ya por Bruselas, por lo que a partir del próximo 16 de octubre podremos abonar unos 780 millones de euros, que dotará al sector de liquidez para hacer frente a los efectos de las escasas precipitaciones.
—Pero este dinero que viene de la PAC ya es del sector agrario. ¿Se contemplan ayudas extraordinarias para paliar una situación extraordinaria?
—Estamos trabajando en los Planes Especiales de Sequía, previstos en la Ley de Aguas de Andalucía de 2010, pero que no se han impulsado anteriormente. Luego, hemos autorizado la alimentación convencional del ganado ecológico y hemos hecho actuaciones dirigidas a facilitar el acceso al agua para el ganado mediante ayudas para la adquisición de depósitos, cisternas y abrevaderos. Además, se convocarán ayudas de mínimis y vamos a solicitar al Gobierno central la reducción de módulos del IRPF, con un mayor apoyo a la contratación de los seguros agrarios.
—La respuesta por la gota fría ha sido inminente. ¿Cómo será el desglose provincial de las ayudas?
—De los 75 millones aprobados por el Gobierno andaluz, Agricultura contará con ayudas de 48 millones a cargo del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía para realizar actuaciones en caminos rurales y explotaciones agrarias afectadas (20 millones), y obras de infraestructuras hidráulicas y mejora de cauces (28 millones). Por provincias, Almería recibirá 23 millones, Málaga 17 y 2 Granada. Queda por determinar el reparto de las ayudas para el restablecimiento del capital productivo de las explotaciones agrarias, que cuenta con un presupuesto de 6 millones de euros y se encuentra pendiente de los informes técnicos que cuantifiquen las pérdidas provocadas. En función de este análisis, el número de municipios puede aumentar en los próximos días. Los agricultores y ganaderos han sufrido un grave perjuicio y la Administración está de su lado para que recuperen la normalidad cuanto antes.
Desarrollo Rural
—Pese a que los presupuestos de la Consejería crecen, el PDR sufre un recorte, estando Andalucía a la cola en ejecución. ¿Volveremos a perder fondos necesarios para el sector?
—Estamos trabajando muy duro para que no sea así. Vamos a contrarreloj sacando nuevas líneas de ayudas para que llegue al agricultor y al ganadero todo el dinero que viene a Andalucía desde Europa y no se pierda ni un sólo euro de inversión en el medio rural. Estamos desbloqueando el PDR con la interlocución del sector. Se han simplificado los trámites un 30%, lo que nos ha permitido pagar 154 millones de euros del presupuesto del Segundo Pilar que estaba muy retrasado. Pero hemos heredado una pésima gestión y ya estamos al final del periodo 2014-2020. Por tanto, tendremos que acogernos a la regla N+3, que nos permitirá poder ejecutar el gasto hasta 2023.
—¿En qué se materializa el desbloqueo del PDR andaluz?
—Tenemos en la calle la orden de las ayudas forestales, fundamentales para el mantenimiento de explotaciones y dehesas, y que llevaban siete años sin convocarse. La última vez fue en 2012 por 51 millones, y las hemos sacado con un presupuesto de 106 millones. Esta misma semana se publicarán en BOJA y se podrán solicitar al día siguiente a su publicación. Luego, en la primera quincena de octubre está previsto que salga la convocatoria de ayuda para jóvenes agricultores, con un mínimo de 60 millones pero que podría ampliarse a 75. Aparte, por primera vez en este marco comunitario, hemos sacado las ayudas de asesoramiento a explotaciones, facilitando el asesoramiento gratuito para agricultores y ganaderos por parte de técnicos cualificados. Esta partida alcanza los 5,5 millones de euros y tiene que salir antes de final de año. En resumen, que en cuestión de días se pondrán a disposición del sector 166 millones de euros, y en menos de un año hemos desbloqueado ya más de 200 millones de euros pendientes de pago.
—Modernización de regadíos está también a la cola en ejecución presupuestaria, pese a que el agua es escasa y muy necesaria para el campo…
—Europa ha recortado la aportación a España para regadíos en favor de la depuración de aguas, tras las sanciones impuestas por el incumplimiento de la directiva comunitaria. Por tanto, tenemos menos recursos para el regadío. Pero estamos intentando abrir nuevas líneas de ayudas en el PDR. Aparte, la Junta viene trabajando en un nuevo modelo de gestión del agua, que tendrá su máximo exponente en el Pacto Andaluz por el Agua. Las formaciones políticas deben tener altura de miras y pensar en un bien común como es el agua, especialmente en una comunidad autónoma perjudicada por el estrés hídrico y el cambio climático.
Sectores productivos
—El cultivo del arroz está viviendo momentos complicados por la salinidad del río y precisa del proyecto de modernización. ¿Para cuándo?
—Hemos solicitado al Estado la modernización del regadío en la margen derecha del río Guadalquivir, un proyecto fundamental para el sector. En una reciente reunión hemos logrado el compromiso del Gobierno central de desbloquear las grandes obras hidráulicas de Andalucía. Así nos han garantizado que el trasvase de El Condado, en Huelva, se activará este mismo mes y que el Gobierno incluirá de forma prioritaria el desdoble del túnel de San Silvestre, necesario para el mantenimiento de los sectores productivos onubenses.
—Los precios en el aceite de oliva han motivado dos manifestaciones y hay convocada otra más para este mes de septiembre en Madrid.
—Estamos preocupados por la situación de precios irrazonables que se ha dado en la campaña. Pero le hemos pedido unión al sector, para no influir negativamente en los precios. La Junta está con el sector oleícola desde el primer día, y continúa trabajando en promoción del aceite, en la incorporación de inspectores para controlar la calidad y trazabilidad, y actuando contra el uso de las aceiteras rellenables en la restauración. No obstante, es necesario reforzar la Ley de la Cadena Alimentaria. El Ministerio de Agricultura tiene que estudiar cómo darle una vuelta a la cuestión de la Competencia que permita regular nuestros productos en momentos de crisis de precios.
—La campaña de cítricos ha arrancado con un refuerzo del Ministerio en el control de las normas de comercialización. ¿La Junta va a reforzar sus controles para evitar el corte en verde que lastra el consumo?
—Todos los años se hacen controles en campo y el sector se ha comprometido a ser responsable en este tema. No obstante, el gran problema que tienen los cítricos es que adolece de una interprofesional fuerte y las entradas de productos de terceros países. Hemos reclamado al Gobierno controles fronterizos más rigurosos y que se miren con lupa los contingentes que llegan desde países como Sudáfrica.
—La Ley del Olivar o la Ley de la Dehesa no han tenido un reflejo claro a pie de campo. ¿El Plan Estratégico para la Mejora de la Competitividad del sector agrario será más de lo mismo?
—La Ley del Olivar o de la Dehesa no han tenido un desarrollo normativo. El Plan Estratégico, que aún se está elaborando, será algo concreto, al estilo de un reglamento de una ley y permitirá hacer medidas específicas. El objetivo es que los sectores sean más competitivos, conservar la población y mejorar la calidad de vida en las zonas rurales e incorporar las nuevas tecnologías.
—Consejera, ¿Agricultura es una Consejería almeriense?
—Soy almeriense de nacimiento y de vocación. Almería ha sido capaz, sin prácticamente ayudas, de ser una agricultura muy competitiva y tiene mucho que enseñar. Pero conozco toda la agricultura provincial y apoyo a todos los sectores por igual. Andalucía puede presumir de tener muchas producciones e industrias líderes en arroz, frutos rojos, olivar o vid, por ejemplo.
Mirando a Bruselas
—Mientras que el nuevo Parlamento y Comisión se crean, Andalucía sigue apoyando el Plan Estratégico Nacional de la PAC.
—Todos los partidos del Parlamento han acordado la constitución de un grupo de trabajo para definir la postura andaluza de cara a la nueva PAC post 2020. Y hemos trasladado al Gobierno que tendrá un aliado leal en Andalucía para defender una PAC potente, pues tenemos que ir todos juntos a pedir. Luego, ya habrá ocasión de exigir entre autonomías.
—¿El olivar de montaña será preferencial para Andalucía?
—En la nueva PAC hay que hablar específicamente de olivar de montaña, al que hay que ayudar. Además, queremos que se reconozca el esfuerzo de Andalucía, pues su agricultura supone, en sí misma, una arquitectura verde. Bruselas debe tener en cuenta la diferenciación del valor medioambiental de la dehesa, el olivar de montaña y el monte mediterráneo como sumideros de CO2. No nos oponemos a la arquitectura verde, pero debe venir con ayudas.
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