Un 7% de las grandes empresas agrarias obtienen el 42% del valor de la producción del campo español
COAG ha elaborado un estudio, basado en los últimos datos del MAPA, en el que refleja la «creciente» concentración de la producción agraria hacia los oligopolios
Cerca del 7% (6,6%) de las grandes empresas agrarias obtienen ya el 42% del valor de la producción que se genera en el campo español. Así lo recoge el estudio elaborado por COAG sobre la base de los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Bajo el título «Esenciales. La agricultura española ante calamidades que afectan a la seguridad nacional», los servicios técnicos de esta organización analizan las claves estratégicas del sector español para responder a crisis como la del Covid-19, al tiempo que se advierte de los peligros para la seguridad alimentaria de España y Europa de la creciente concentración de la producción en manos de sociedades mercantiles multinacionales.
Según los datos actualizados del MAPA, en España existen un millón de explotaciones agrarias, el 93,4% con titular físico y el 6,6% son empresas, unas 65.000 sociedades cuyo objeto social principal es la producción primaria.
Los peligros de la creación de oligopolios
En este marco, Miguel Blanco, Secretario General de COAG, ha cuestionado «¿qué ocurriría si la producción agraria y la alimentación estuvieran en manos ajenas en una calamidad aguda o prolongada, si no dispusiéramos de sistemas productivos diversificados y propios en la UE, en los que el modelo social y profesional es el predominante? Las consecuencias podrían ser devastadoras».
Asimismo, COAG destaca que el propio Parlamento Europeo, en dos recientes documentos (julio y octubre, 2020), cuyo objeto es el análisis de los posibles riesgos estructurales y tendencias globales a medio y largo plazo que podría afrontar la UE, señala entre los elementos sobre los que hay que poner el foco: «la creciente concentración de la producción agraria hacia oligopolios, que produciría la desaparición del modelo europeo de agricultura que conduciría a la despoblación rural, a la degradación medioambiental y cultural y al aumento del desempleo rural».
Además, el informe «Esenciales» recoge un análisis DAFO de la caracterización del sector agrario español, sobre la base de los trabajos realizados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la elaboración del Plan Estratégico de España para la futura PAC.
Al respecto, asegura que desde el punto de vista económico el sector agroalimentario español es «vulnerable» en su conjunto por «tener una escasa rentabilidad de las explotaciones de menor dimensión económica, por la posición de debilidad del sector productor frente a los demás eslabones de la cadena», etc.
Además, asegura que «existe una elevada vulnerabilidad de determinados sistemas agrícolas, ganaderos y forestales a desastres naturales y al cambio climático, que puede llevar incluso a su desaparición, en caso de que no se produzca una adecuada adaptación. También se advierte una gran desconexión del ciudadano con los sistemas alimentarios en relación a la importancia de la producción primaria agrícola y ganadera como proveedores de alimentos, y al modelo de producción europeo».
Propuestas elaboradas por COAG
En el capítulo de propuestas, el informe elaborado por COAG señala «la necesidad de proteger a las explotaciones que han resultado más dañadas por los efectos de la pandemia para que puedan seguir adelante», en el marco del modelo de agricultura social y profesional mayoritario en Europa.
En este sentido, y de manera paralela a los sistemas sanitarios, recalca «que los sistemas alimentarios son esenciales y demasiado importantes para dejarlos en manos de un libre mercado desregulado, que sólo busca la rentabilidad, en muchos casos a costa de los intereses de la ciudadanía».
Por ello, el estudio incide en que «es necesario elevar la mirada y poner la vista en el medio y largo plazo, de manera que se diseñen mecanismos de regulación y protección, por ejemplo, reservas estratégicas o mejoras en los sistemas de gestión de riesgos y crisis frente a calamidades y situaciones catastróficas».
Finalmente, se aboga por «una transformación digital inclusiva, que permita que todas las explotaciones puedan beneficiarse en igualdad de oportunidades. Se debe aprovechar el despegue del comercio electrónico en alimentación para establecer estrategias específicas y concretas para los sistemas alimentarios territorializados y para los canales cortos de comercialización en el marco de posibles calamidades».
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