El coste agrario del Pacto Verde: menos alimentos y mucho más caros
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos realiza el primer estudio de impacto de las estrategias «De la Granja a la Mesa» y de Biodiversidad
Son muchas las organizaciones agrarias que vienen advirtiendo de las perversas consecuencias que traerán al campo andaluz, español y europeo las medidas contempladas en las dos estrategias adoptadas por la Comisión Europea, en el marco del Pacto Verde, como son las llamadas «De la Granja a la mesa» y la «Estrategia para la Biodiversidad en el Horizonte 2030».
Estas estrategias imponen restricciones a la agricultura europea a través de reducciones específicas en el uso de la tierra, fertilizantes, antimicrobianos y pesticidas. Así, se establece la obligación de que, al menos, un 25% del total de la superficie agraria útil de la Unión Europea (UE) sea ecológica para el año 2030, que el 10% de las tierras agrarias se destinen a elementos no productivos, que el uso de abonos se reduzca en un 20%, que el uso de fitosanitarios se recorte un 50% o que se abra la posibilidad de incrementar las zonas incluidas en la Red Natura 2000, con las limitaciones que de ello se derivan para la actividad agrícola y ganadera.
Andalucía, que en los últimos años ha hecho un esfuerzo enorme por alinear la agricultura con los objetivos medioambientales de la UE, ha insistido en la necesidad de realizar evaluaciones de impacto previas sobre las consecuencias de esas reducciones de insumos agrícolas propuestas en las estrategias, y su demanda ha sido escuchada pero al otro lado del charco.
De hecho, ha sido el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) el que ha realizado el primer estudio de impacto en la economía y en la seguridad alimentaria de las medidas contempladas en «De la Granja a la Mesa» y en la estrategia de Biodiversidad, poniendo sobre la mesa cifras concretas a la envergadura del problema que venía anticipando el campo andaluz.
Conclusiones
El USDA, en su informe, prevé tres escenarios distintos: que la reducción de insumos prevista se adopte únicamente en la UE; que se extiendan las restricciones a otros países socios comerciales del bloque comunitario; y, por último, que la adopción sea global.
El análisis concluye que el plan para la próxima década de la Comisión Europea de reducciones específicas en el uso de tierras y fitosanitarios «afectan a los agricultores europeos mediante la reducción de su producción agrícola entre un 7% a 12%, disminuyendo su competitividad en los mercados nacionales y de exportación».
Por contra, el resto de países que no aplican las Estrategias lograrían un aumento de la producción agrícola, ya que tratarían de reemplazar la producción (y el comercio) perdidos en la UE.
Por producto, las mayores pérdidas productivas en Europa se darían en semillas oleaginosas (61%), trigo (49%) y otros cultivos (44%).
Por otra parte, el documento subraya que la adopción de estas dos estrategias «tendría impactos que se extienden más allá de la UE, causando una subida de los precios de los alimentos en todo el mundo, que varía entre el 9% (con la adopción únicamente en la Unión Europea) y el 89% (con su adopción global)».
Bienestar social
La carestía alimentaria afecta negativamente a los presupuestos de los consumidores y, en última instancia, «reduce el bienestar social del mundo entre 96 mil millones de dólares y 1,1 billones de dólares, dependiendo de la amplitud con la cual adopten los países las estrategias».
El informe alerta, además, de que con los precios más altos de los alimentos en estos tres escenarios «aumentarían entre 22 millones y 185 millones» el número de personas con inseguridad alimentaria, es decir, personas que carecen de acceso a una dieta de al menos 2.100 calorías al día.
Esta caída de la producción y el comercio, junto con la subida en los precios de las materias primas alimentarias, «reducirían de manera significativa el Producto Interior Bruto (PIB) de la UE, que se vería mermado en casi 60.000 millones de euros». La caída del PIB de la UE representaría el 76% de la caída del PIB mundial. Sin embargo, «si las estrategias se extiende a los socios comunitarios (escenario segundo), la participación de la UE en la disminución del PIB mundial se reduciría al 49%, y al 12% si se adoptara a nivel mundial».
Por otro lado, los artífices de las Estrategias (la Comisión Europea) incluyen incentivos para la adopción de nuevas tecnologías e innovaciones, presumiblemente, porque la adopción de estas tecnologías puede ayudar a frenar los impactos en la productividad por la reducción de los insumos.
Sin embargo, el USDA avisa de que «es probable que las tecnologías de vanguardia actuales sean insuficientes para mitigar las pérdidas de producción y sus efectos en cascada sobre la economía mundial y la seguridad alimentaria, debido a la magnitud de los objetivos de reducción de los insumos agrícolas contemplados en «De la Granja a la Mesa» y en la «Estrategia para la Biodiversidad en el Horizonte 2030».
Documentos «políticos»
Las estrategias del Pacto Verde suponen «una grave amenaza y una honda preocupación para todo el campo andaluz», que se ha visto obligado a reaccionar «ante el intento, por parte de las más altas instancias comunitarias, de maniatar y limitar el desarrollo del sector agrario más innovador y productivo al que se quiere privar del empleo, de los nutrientes y las medicinas necesarias para garantizar la salud de los animales y los cultivos».
Así lo resume el presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra, que califica estos documentos como «políticos, sin ninguna base científica», una circunstancia que espera que se corrija en su desarrollo legislativo.
El Pacto Verde incluye «un cúmulo de despropósitos» que se traduce en «más trabas, cortapisas y condicionantes a la agricultura y ganadería productiva europea», por lo que la patronal agraria ha declarado al Vicepresidente de la Comisión Europea, el holandés Frans Timmermans (responsable de la implantación del Pacto Verde) como persona «Non Grata», quien, además, recientemente, ha amenazado con plantear la retirada de la reforma de la PAC si los Estados miembros no aparcan sus reticencias sobre las crecientes obligaciones medioambientales.
Serra, refiriéndose al estudio de impacto del USDA, señala que «queda demostrado que si pones reglas limitantes a la producción estás encareciendo los alimentos y arruinando a los agricultores europeos, lo que se traduce en reducir nuestra autonomía alimentaria y en incrementar la dependencia de las producciones de terceros países». A este respecto, se pregunta: ¿Los ciudadanos y consumidores europeos están dispuestos a asumir este coste?».
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