Fernando Miranda, sobre la convergencia: «En Andalucía, un 1% de las explotaciones perderá más de un 20% y un 9% perderá entre un 10-20%»
El Ministerio de Agricultura responde ante el polvorín que ha levantado la normativa para la aplicación de la PAC en el periodo transitorio (2021 y 2022)
Andalucía se ha rebelado contra el Real Decreto 41/2021, que regula la aplicación de las ayudas europeas que llegarán al campo andaluz en 2021 y 2022, años de transición hasta la entrada en vigor de la nueva Política Agraria Común (PAC) en 2023.
Las organizaciones agrarias en conjunto (Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias), así como el Gobierno autonómico, han criticado lo que han calificado como una «aceleración brusca de la convergencia» entre agricultores dentro de la misma región productiva, al entender que los criterios que aplica el Ministerio son especialmente lesivos para la comunidad autónoma y para la renta de las explotaciones.
Los agricultores andaluces lamentan que este Decreto llega «sin consenso» y anuncian movilizaciones. Ante este escenario de crispación, el secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio, Fernando Miranda, aclara todas aquellas cuestiones que están levantado ampollas en el campo andaluz.
—El nuevo Real Decreto de la PAC trae un recorte del 2% del montante de ayudas directas para 2021. Desde el Ministerio siempre se ha mantenido que no había recorte presupuestario. ¿A qué se debe esa bajada entonces?
—La Política Agraria Común (PAC) es mucho más que ayudas directas. Comprende además medidas de mercado y las de desarrollo rural, que son también claves para la modernización y sostenibilidad de las explotaciones agrarias. La reducción del 1,89% de las ayudas directas en 2021 que recoge el Real Decreto es con respecto a 2020.
En los siguientes ejercicios, por efecto de la aproximación de importes entre Estados miembros, el presupuesto irá incrementándose. Por lo que, en todo el periodo 2021-2027, el descenso de las ayudas directas apenas es de un 1%, que se compensa por las subidas en las medidas de desarrollo rural (+2,7%), así como en las medidas de mercado (+4,8%). Es decir, que el presupuesto total que va a recibir la PAC en España es de más de 47.700 millones de euros. Cantidad ligeramente superior a la percibida en el periodo 2014-2020.
La nueva convergencia
—El tema de la convergencia es el aspecto que más rechazo ha suscitado. ¿Qué porcentaje de pérdida se les va a aplicar a los agricultores con valor de sus derechos por encima de la media de su región productiva?
—En cada región, para poder incrementar el valor de los derechos que están por debajo de la media, se requiere una determinada cantidad de dinero, para asegurar que, al menos, el derecho de menor valor en la región alcanza el 70% de dicho valor medio. El importe necesario se detrae del volumen de importes que están por encima de la media.
Importante: no se considera el importe total de cada derecho, sino sólo la parte del importe que supera el valor medio regional. Esto es relevante, porque hace que la reducción sea proporcional a la parte del valor del derecho que se encuentra por encima de la media.
Por este motivo, el porcentaje a reducir será diferente en cada región, siendo mayor en las regiones en las que menos grado de convergencia exista. En todo caso, de media, en cada región será necesario mover un 3,5% del total de importes.
—¿Por qué no se ha seguido en este periodo transitorio con la convergencia iniciada en 2015 como pedían las organizaciones agrarias andaluzas?
—El Ministerio, en la conferencia sectorial monográfica sobre la PAC celebrada en julio de 2020, propuso a las comunidades autónomas avanzar en el proceso de convergencia a lo largo del periodo transitorio, una vez que se supo que iba a tener una duración de dos años.
En septiembre pasado comenzamos la tramitación pública del Real Decreto recientemente aprobado, en cuyo procedimiento solo dos comunidades autónomas solicitaron mantener el ritmo del período 2015–2019. Mantener este ritmo retrasaría la convergencia completa hasta 2036, fecha inasumible para dar respuesta a una de las necesidades más claramente identificadas en los análisis realizados por todo el sector: dos explotaciones que realizan las mismas actividades en las mismas circunstancias deben recibir el mismo apoyo a la renta.
Impacto en Andalucía
—¿Tiene el Ministerio datos del impacto que supondrá la aplicación de la nueva convergencia en Andalucía?
—El Ministerio ha realizado un análisis pormenorizado del impacto en cada región y también por comunidades autónomas. En base a dicho análisis, en Andalucía, solo un 1% de las explotaciones perderá más de un 20%, y un 9% perderán entre un 10% y un 20%.
Por otro lado, también habrá un 2% de explotaciones andaluzas que ganarán más de un 20% y un 14% que recibirán entre un 10% y un 20% más. Estas transferencias de importes ocurren dentro de cada región de pago básico y están destinadas a elevar las ayudas de las explotaciones con derechos de importe inferior a sus respectivas medias regionales.
—Además de avanzar en la convergencia, el Gobierno apunta a la desaparición de los derechos para permitir la incorporación de los jóvenes. Pero, precisamente, el cupo de la reserva nacional de derechos se destina a los jóvenes agricultores.
—Es importante separar los debates. Una cosa es la convergencia de los importes de los derechos y otra si los derechos deben desaparecer, una vez alcanzada la convergencia, o seguir siendo la vía de otorgar la ayuda básica a la renta. Ese será un debate que debe producirse en el marco del futuro Plan Estratégico.
Pero, precisamente la situación de los jóvenes que han accedido a través de la reserva, es un motivo adicional para perseguir la convergencia. A estos jóvenes, cuyos derechos proceden de la reserva nacional, se les han asignado importes que se sitúan precisamente en el valor medio regional y, sin embargo, se enfrentan a los mismos mercados, a la misma inestabilidad, a las mismas necesidades que las explotaciones con importes muy superiores a la media, pero no lo hacen en igualdad de condiciones respecto a aquellos agricultores que tienen valores unitarios de derechos muy elevados.
En la próxima conferencia sectorial monográfica sobre la PAC con las comunidades autónomas, que se celebrará en mayo, se abordará éste asunto, junto con el resto de los elementos clave del Plan Estratégico, como el de las regiones productivas.
—La posible reducción de las regiones es otro de los grandes temores de Andalucía. El sector afirma que Bruselas no obliga a ello, como ha apuntado el ministro…
—Las recomendaciones de la Comisión Europea dicen, literalmente, que: «España debe avanzar significativamente en el proceso de convergencia interna y distribuir el apoyo directo a la renta hacia grupos homogéneos de territorios, que tengan en cuenta las condiciones agronómicas así como las diferencias observadas en función del tamaño físico y económico de las explotaciones, eliminando el vínculo con las referencias históricas». Por tanto, los mensajes son claros: avanzar en convergencia, establecer grupos más homogéneos de regiones y eliminar su vínculo con las referencias históricas.
Lo que pedía Planas
—El campo andaluz defiende la PAC que defendía el propio ministro Planas cuando era consejero de Agricultura en Andalucía. ¿Cómo se explica que lo que era bueno para Andalucía entonces no lo sea ahora?
—El Reglamento de Planes estratégicos no exigiría realizar un análisis de necesidades antes de establecer la estrategia de intervención, si las necesidades fueran inamovibles durante décadas. El propio debate de la convergencia que estamos teniendo es un magnífico ejemplo.
El mecanismo de convergencia parcial del periodo anterior fue un método facilitador ante la existencia de valores individuales de derechos históricos muy diferentes. Pero la convergencia alcanzada en 2019 no puede ser considerada el punto de destino, cuando sabemos que aún más del 50% de los perceptores poseen valores que no están dentro de una horquilla central del 80-120% respecto a su respectiva media regional.
Y, no puede serlo, cuando las decisiones productivas que dieron paso a estos pagos se produjeron hace cerca ya de veinte años. El escenario ha cambiado, la PAC actual se diseñó hace casi diez años, pensando en 2020, pero no en 2030, por tanto, no podemos seguir basándonos en los mismos principios. La PAC que tenemos que diseñar debe permitirnos sentar las bases de un sector competitivo, sostenible y que genere oportunidades, particularmente para los más jóvenes.
—La diversidad agraria de Andalucía la hacen muy distinta al resto de España. Por tanto, ¿podría aplicarse a la comunidad una velocidad menor, tanto en el proceso de convergencia como en la reducción de regiones? (La Unión Europea ha usado el recurso de las dos velocidades en varias ocasiones, como en la adopción del euro, por ejemplo).
—España es un país muy diverso y nuestras agriculturas lo son aún más. No existe comunidad autónoma en la que no se den ciertas características diferenciales que incidan sobre algunos instrumentos de la PAC. Y, sin embargo, pese a ello, hemos sido capaces en el pasado de hacer crecer nuestra agricultura y nuestro sector en un marco de decisiones comunes en el primer pilar de la PAC, de decisiones que garantizan que el apoyo directo a las explotaciones, que representa más de 5.000 millones de euros al año, se aplique de manera homogénea con independencia de la comunidad autónoma en la que se ubique una explotación, asegurando así la unidad de mercado dentro del territorio nacional.
Estoy convencido de que esto seguirá siendo posible en el futuro y que no será Andalucía quien niegue que la PAC debe tener en su primer pilar una aplicación de carácter nacional.
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