Las 43 medidas ‘fantasma’ de Planas indignan en Andalucía
El documento es, a juicio de Asaja, «inconsistente y muy inconcreto», pero hay organizaciones agrarias que lo han firmado
El Ministerio de Agricultura presentó el pasado lunes un paquete de medidas de apoyo al sector agrario que ha indignado a muchos, pero que también ha logrado ciertos apoyos. La Unión de Pequeños Agricultores (UPA), firmó el acuerdo, de 43 medidas, y se desmarcó oficialmente del proceso de movilizaciones, y lo mismo hizo Unión de Uniones.
Sin embargo, desde Asaja Sevilla fueron contundentes a la hora de evaluar la propuesta de Planas:es «insuficiente, está lleno de promesas vacías y declaraciones de intenciones». También COAG se pronunció de manera similar, argumentado que «se reconocen avances, pero son insuficientes para responder a las demandas y necesidades de los agricultores y ganaderos profesionales».
El secretario general de Asaja Sevilla, Eduardo Martín, ha hecho un análisis del documento que Planas ha presentado a las organizaciones, y que arranca recogiendo todas las medidas de simplificación y flexibilización de la PAC propuestas por la Comisión Europea, que entrarán como muy pronto en vigor en mayo-junio y que el Ministerio ‘hace suyas’ y mete dentro del listado de 43.
Capítulo de las BCAM
Además, en el capítulo dedicado a las Buenas Condiciones Agrícolas y Medioambientales, Asaja destaca que hay algunas medidas, como la referida a los cultivos leñosos, que «tiene tal grado de indefinición que no hemos sido capaces de saber cuál es la mejora». Otras, como las labores verticales permitidas en herbáceos de invierno, ya se estaban aplicando dentro de la flexibilidad permitida a las comunidades autónomas.
Del mismo modo, la exención parcial de cumplir con el barbecho también es una medida europea y que se podrá aplicar ‘al límite’, después de que el ministro Planas haya anunciado que se modificará el plazo para presentar la PAC hasta el 31 de mayo.
Una de las medidas con más eco mediático es la de la exención de controles y penalizaciones de condicionalidad reforzada a los agricultores con menos de diez hectáreas. «El ministro ha dicho en multitud de ocasiones que esto supone dejar exentas al 55% de explotaciones españolas, pero se olvida de que solo suponen el 9,6%de las explotaciones solicitantes», critica Martín.
Es decir, según los datos que manejan las organizaciones agrarias, se quedan fuera de dicha exención unas 275.000 explotaciones, el 90,4% del total de la superficie, y que son «toda la agricultura profesional, y las explotaciones medianas y familiares».
Otra de las críticas es que el Ministerio ha ‘vendido’ en el documento la retirada de medidas que, en realidad, Bruselas todavía no exige pero que España impuso voluntariamente, como la puesta en marcha del Cuaderno Digital de Explotación Agrícola y la eliminación de las fotos geo-etiquetadas para demostrar ciertos requisitos.
En la ganadería
En cuanto a la ganadería, las propuestas del Ministerio son aún más inconcretas, y se limitan a posponer ciertos reglamentos, como la obligatoriedad de la identificación electrónica para los bovinos o la fecha de aplicación del Plan Sanitario Integral (PSI) de las explotaciones ganaderas.
Además, se propone la reducción de la carga ganadera mínima en el pastoreo extensivo, una medida que ya se estaba aplicando el Andalucía, y la creación de un foro temático para analizar los principales problemas del sector «que se especifica que será en la primera quincena de abril y del que no hay noticias».
En el apartado dedicado al comercio internacional, desde Asaja Sevilla critican que se trata de «un catálogo de obviedades», como que el Gobierno defenderá el establecimiento de las cláusulas espejo en todos los foros internacionales o que establecerá un grupo de trabajo con las organizaciones agrarias para el seguimiento de las exportaciones e importaciones de los principales productos agrarios. No se pronuncia sobre Mercosur, como sí hizo Francia, cuyo Gobierno se mostró contrario, ni abre la puerta a modificar acuerdos comerciales de España con otros países como Marruecos.
Ley de la Cadena
La Ley de la Cadena protagoniza otro de los capítulos de la propuesta ministerial, aunque es un apartado totalmente «insuficiente» a juicio de la patronal agraria. En concreto, afirma que se elevará el grado de la actual AICA a agencia estatal, pero desde Asaja reclaman que las únicas medidas efectivas son aumentar las sanciones económicas a las empresas infractores, y publicar un índice de referencia de los costes de producción.
Medidas fiscales
El capítulo de las medidas fiscales, muchas de las cuales se mantienen pero ya estaban instauradas, como el Mantenimiento de la deducción de un 35 % de la factura de carburantes o la devolución del impuesto sobre el gasóleo agrícola.
En relación con los costes de producción, no se recogen en el documento presentado por el ministerio de Agricultura medidas claras destinadas a rebajarlos, afirman. Desde Asaja echan en falta medidas, competencia de otros ministerios, como bonificaciones en materia de Seguridad Social para hacer frente a las subidas reiteradas del SMI o el incremento de los gastos de difícil justificación, entre otros.
Por otra parte, abre la posibilidad de no incluir el IVA compensatorio en el límite de 250.000 euros para aquellos agricultores que tributan en módulos, algo reconocido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en tres sentencias.
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