La negociación andaluza de la PAC se pospone a julio tras encallar en Europa
La falta de acuerdo sobre la nueva reforma en Bruselas complica a España cumplir los plazos previstos
Andalucía tendrá que seguir esperando, como mínimo, hasta el mes de julio para poder conocer la letra pequeña de la propuesta del Ministerio de Agricultura para la nueva PAC que entrará en vigor en 2023, y que recoge el Plan Estratégico Nacional.
La reunión de las comunidades autónomas con el Gobierno central para decidir cómo será la aplicación de las ayudas europeas al campo, fijada en primer lugar para finales de mayo, y posteriormente para el 11 de junio, se demora nuevamente, dándose por hecho ya que la conferencia sectorial monográfica no podrá celebrarse hasta el próximo mes de julio, como pronto.
Y es que todo dependerá de si en la próxima reunión del Consejo Agrícola, prevista para los días 28 y 29 de junio, se logra alcanzar el deseado acuerdo sobre los tres reglamentos que conforman el paquete legislativo de la futura reforma, tras encallar las negociaciones en el Consejo de Ministros de la Unión Europea celebrado a finales de mayo.
Esta falta de acuerdo ha sido criticada por todas las organizaciones agrarias, además de por el Gobierno andaluz. La consejera de Agricultura andaluza, Carmen Crespo, ha lamentado que la «falta de flexibilidad» del Parlamento Europeo haya impedido que las negociaciones de la futura Política Agrícola Común (PAC) se cerrasen en Bruselas. «Después de días duros de negociación, teníamos la esperanza de que se llegase a un acuerdo porque el marco general es vital para la aprobación posterior del Plan Estratégico Nacional y las posibilidades de una PAC contundente para Andalucía en los próximos diez años», ha subrayado.
El sector agrario tiene puestas sus esperanzas en que ese «necesario acuerdo» llegue a finales de este mes junio, con Portugal todavía en la presidencia del Consejo de la Unión Europea, y critica la «falta de voluntad política del Parlamento Europeo, que ha tomado un papel demasiado ambicioso y poco flexible en las cuestiones medioambientales y sociales», unido a que «la Comisión no ha tendido puentes, como es su obligación», apunta el coordinador de los servicios técnicos de Asaja Sevilla, Antonio Caro.
Esta falta de entendimiento ha estado «avivada» tanto por el papel desempeñado por el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, padre del Pacto Verde Europeo (Green Deal) y empeñado en lograr una PAC más verde; como por el comisario de Agricultura, el polaco Janusz Wojciechowski, que no ha actuado de mediador en la negociación de los trílogos de la PAC. Por el contrario, «se ha alineado con una de las partes, el Parlamento, abriendo una brecha con los 27 ministros de Agricultura representados en el Consejo, y, en consecuencia, dificultando el acuerdo», critica Caro.
Principales escollos
Los ministros de Agricultura (Consejo) no pueden aceptar un mal acuerdo, ya que eso iría en contra de los intereses de los agricultores de sus respectivos países, y el principal escollo ha estado en tres puntos: ecoesquemas, arquitectura verde de la PAC y convergencia, según explica Asaja Sevilla.
En relación a los ecoesquemas, parece que hay acuerdo en que el 25% de las ayudas directas del primer pilar se destinarán al pago de los llamados ecoesquemas, que suponen unos compromisos medioambientales adicionales para agricultores y ganaderos. Sin embargo, queda por determinar si habrá un periodo de aprendizaje en los primeros años, en los que se pueda introducir cierta flexibilidad, como pedían ciertos países, caso de España, para que el hecho de no poder acogerse a ninguno no suponga un recorte de las ayudas directas.
En cuanto a las ayudas del segundo pilar (Desarrollo Rural) la Comisión Europea elevó hasta el 35% el porcentaje de fondos que propone destinar a cuestiones medioambientales, pero siguen siendo inferiores a los propuestos por el Parlamento Europeo, que se elevan al 37% (actualmente está fijado en un 30%).
Por último, en cuanto a la convergencia, la Comisión Europea proponía inicialmente que en el 2026 se llegara a una convergencia del 75% en el valor de los derechos, pero elevó su propuesta al 85%. El Parlamento Europeo, sin embargo, continúa pidiendo que la convergencia sea del 100% desde el inicio de la nueva reforma.
La patronal agraria critica que tras tres años de negociaciones de la PAC (la propuesta de la Comisión data de mayo de 2018) se siga sin acuerdo respecto a la nueva reforma, y avisa de que «si a finales de este mes tampoco hay consenso, será muy difícil cumplir con un calendario que ya viene apretado».
Plan Estratégico Nacional
Al no estar el marco jurídico de la nueva PAC cerrado y al postergarse el acuerdo europeo «también se va a retrasar la negociación en España», subraya el coordinador de los servicios técnicos de Asaja Sevilla, Antonio Caro.
En este sentido, recuerda que el ministro Planas ha anunciado su intención de presentar el primer borrador del Plan Estratégico Nacional de aplicación de la PAC en el mes de julio, con el objetivo de ir depurándolo y a finales de año presentar el documento definitivo y someterlo a la evaluación por parte de la Comisión, con objeto de tenerlo aprobado en primavera de 2022.
Por tanto, «no es mucho el tiempo con el que contamos», sobre todo, teniendo en cuenta que «aunque la conferencia sectorial se reúna en julio, no está garantizado que se vaya a llegar a un acuerdo en España, pues son muchas las discrepancias en el modelo que plantean las diferentes comunidades autónomas, y puede haber también un parón en las negociaciones a nivel nacional».
El Plan Estratégico asume su fase final, el establecimiento de las intervenciones, definiendo el modelo de las ayudas. Aunque de manera oficial no se sabe todavía nada respecto a las propuestas técnicas que el Ministerio planteará a las comunidades autónomas en la conferencia sectorial, sí ha habido algunas filtraciones que se han registrado tras las reuniones del ministro Planas con los consejeros autonómicos, y que han recogido algunos medios de comunicación.
Entre ellas, destaca la que se refiere al número de regiones productivas, que pasarían de las 50 actuales a un total de 18. Por otro lado, se mantendrán los derechos individuales, aunque no los valores históricos de los mismos, que se modificarán. Además, la convergencia interna de las ayudas se quedará en el 85% del valor medio regional en 2026.
No obstante, Asaja Sevilla insiste en que «no son propuestas oficiales, sino sólo filtraciones» y añade que lo que sí está claro es que «se espera un verano caliente ante las asperezas que, tanto en Europa como en España hay que limar respecto a las propuestas para la nueva PAC».
La condicionalidad social se mete en la negociación
El Parlamento Europeo se ha «sacado de la manga» en la fase final de la negociación la condicionalidad social, que consistiría en crear un sistema de sanciones para aquellos agricultores que no cumpliesen la normativa en cuanto al derecho al trabajo.
«Es algo que está fuera de lugar en la PAC y que no se incluye en la propuesta de la Comisión», insiste el coordinador de los servicios técnicos de Asaja Sevilla, Antonio Caro, que subraya que «este asunto ya está lo suficientente regulado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el sector pasa sus correspondientes inspecciones laborales».
Esta condicionalidad social ha centrado también gran parte de las discrepancias en los trílogos, ya que el Consejo ha argumentado que esto no supondrá más que «una mayor carga burocrática para los agricultores». No obstante, el Parlamento Europeo, con el apoyo del comisario de Agricultura, establece este asunto de regular las condiciones laborales en el campo como una de sus líneas rojas, «lo que viene a complicar, aún más, el llegar al ansiado acuerdo entre las tres partes (Parlamento, Comisión y Consejo) los próximos 28 y 29 de junio», manifiesta Antonio Caro.
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