La no aprobación del Decreto Ómnibus golpea al sector agrario y ganadero
COAG denuncia que la falta de convalidación del Decreto Ómnibus deja a miles de agricultores fuera del Régimen de Compensación del IVA y del régimen de módulos en el IRPF, poniendo en riesgo la viabilidad de sus explotaciones
La no convalidación del Real Decreto-ley 9/2024, conocido como Decreto Ómnibus, ha generado una gran preocupación entre los agricultores y ganaderos debido a las importantes medidas que este texto legal contemplaba para el sector. Entre las medidas no aprobadas, destaca la elevación del límite del Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que habría incrementado el umbral de los 150.000 euros actuales a los 250.000 euros. Esta medida, prorrogada cada año desde 2016, es considerada vital para simplificar la gestión fiscal de las explotaciones agrarias.
El Régimen de Compensación del IVA permite a los agricultores y ganaderos recuperar el IVA soportado en los gastos de su actividad mediante un porcentaje aplicado al precio de venta de sus productos: actualmente, un 12 % para la agricultura y un 10,5 % para la ganadería. Sin embargo, la falta de aprobación del decreto deja a miles de agricultores fuera de este régimen, obligándolos a integrarse en el régimen general de IVA con carácter retroactivo desde el 1 de enero, una transición que implica complejas obligaciones fiscales para las que no están preparados.
Además, la exclusión del Régimen Especial de IVA lleva aparejada la exclusión del régimen de módulos en el IRPF, según los criterios de la Agencia Tributaria. Esto implica que muchos agricultores y ganaderos profesionales deberán acogerse al régimen de estimación directa, un sistema fiscal más complejo que impone obligaciones administrativas desconocidas para ellos. A esta dificultad se suma que dicho régimen no contempla reducciones por circunstancias como las inclemencias meteorológicas, factores que afectan directamente a la rentabilidad de las explotaciones agrarias.
COAG Andalucía, que representa al sector agrario en la comunidad, ha denunciado que esta situación supone un ataque al principio de seguridad jurídica, ya que los contribuyentes deberían conocer al inicio del año fiscal el régimen tributario al que estarán sujetos. Según la organización, la decisión de no convalidar el decreto es un golpe inasumible para miles de explotaciones, que se verán abocadas al cierre por la imposibilidad de adaptarse a estas nuevas exigencias.
La organización también lamenta que los enfrentamientos políticos entre los partidos estén perjudicando gravemente no solo al sector agrario, sino también al conjunto de la sociedad. Por ello, COAG ha hecho un llamamiento al sentido de responsabilidad de los grupos políticos para que prioricen las necesidades del sector y aprueben con urgencia las medidas necesarias para corregir esta situación.
Además, COAG está valorando convocar movilizaciones de protesta en Andalucía para exigir soluciones inmediatas a este problema. La organización advierte de que no se puede seguir utilizando a los agricultores y ganaderos como rehenes de luchas partidistas, y reclama una respuesta responsable y efectiva para evitar que la situación agrave aún más la crisis del sector agrario.