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Reforma agraria para el periodo 2021-2027

Todo lo que hay que saber de la PAC y cómo afecta a Andalucía

El estado de la negociación de la reforma agraria, el calendario pendiente y las últimas novedades introducidas en el texto contadas en sólo diez claves

27 octubre 2020, 08:00

La Unión Europea (UE) continúa avanzando en la negociación de la Política Agraria Común (PAC) que regirá el campo andaluz en el marco 2021-2027. El texto definitivo está aún lejos de poner su punto y final, pero se van conociendo algunos de los pilares sobre los que se apoyará la nueva reforma agraria, tras el posicionamiento primero de la Comisión Europea (que dio a conocer su propuesta en junio de 2018) y en la última semana del Consejo de ministros de Agricultura de la UE y del Parlamento Europeo.

Los debates pisan el acelerador tanto en Bruselas como a nivel nacional, y se va perfilando un texto que, aunque satisface al Gobierno español, se ve con muchos recelos desde Andalucía, que rechaza un cambio radical del modelo de ayudas actual. Sin embargo, a estas alturas del debate, «ya es más que evidente que la nueva reforma traerá importantes novedades al campo andaluz», afirma Asaja Sevilla.

1. Un mal punto de partida

El presupuesto de la Unión Europea para los próximos siete años recorta un 10% los fondos para la nueva PAC en comparación con el marco financiero comunitario actual. Según destaca la patronal agraria Asaja Sevilla, «eso se traduce en una pérdida de 4.742 millones de euros para España en todo el periodo (677 millones anuales) y en 1.280 millones menos para el campo andaluz (183 millones de euros al año)».

2. La negociación continúa

Con el presupuesto asignado, queda definir el posicionamiento europeo respecto a la reforma agraria. La negociación parte de la propuesta que para la PAC 2021-2027 dio a conocer la Comisión Europea en 2018, a la que recientemente se ha sumado el acuerdo del Consejo de ministros de Agricultura de la UE, el pasado miércoles, y el acuerdo del Parlamento Europeo, que llevó el texto a votación dos días después, es decir, el pasado viernes. A partir de ahora comenzará la negociación a tres bandas, los llamados trílogos, en los que la Comisión, el Consejo y el Parlamento europeos volverán a debatir los reglamentos de la PAC, para llegar a un consenso y definir la propuesta comunitaria definitiva previsiblemente entre enero y abril de 2021.

Una vez fijados los reglamentos comunitarios, «los Estados miembros presentarán sus respectivos Planes Estratégicos a principios de 2022, y aquí empezará el debate realmente decisivo para el campo andaluz», enfatiza el secretario general de Asaja Sevilla, Eduardo Martín.

Y es que con el Plan Estratégico español ya aprobado, se desarrollará la normativa nacional para la aplicación de la PAC a la agricultura española y andaluza. Por tanto, «hasta 2022 al menos, no se sabrá si un agricultor o ganadero andaluz cobrará más o menos por su actividad», ya que está previsto que la nueva reforma no entre en vigor hasta el año 2023.

3. Aportación del Consejo

El acuerdo político alcanzado el pasado miércoles por los Estados miembros de la UE entorno a la futura PAC avanza en la definición de algunos aspectos que quedaron abiertos en la propuesta de la Comisión Europea. Así, se introducen novedades en la llamada nueva arquitectura verde, ya que se vincula el 20% de los pagos directos al cumplimiento de los ecoesquemas (ayudas para cumplir con prácticas beneficiosas para el medio ambiente), y se define que éstos serán obligatorios para los Estados miembros y voluntarios para los agricultores.

En cuanto a la condicionalidad reforzada, el debate giraba entorno a si los pequeños productores quedarían exentos de su cumplimiento, como exigían algunos países, pero la posición final del Consejo ha sido que todos los productores, pequeños y grandes, queden sujetos a la condicionalidad, aunque en el caso de los pequeños productores se establecerá un sistema simplificado, tanto en el control como en la penalización.

Por último, otra novedad que aporta el Consejo al texto es en lo relativo a los pagos directos, fijando un 60% de las ayudas directas para la ayuda básica a la renta.

4. Aportación del Parlamento

El Parlamento Europeo terminó el pasado viernes de votar las enmiendas presentadas a la reforma, posicionándose en contra de destinar pagos acoplados al ganado vacuno de lidia. Asimismo, reclama más apoyo para los ecoesquemas que el Consejo (un 30 % de los pagos directos) y que un 35% de las partidas para desarrollo rural se destinen a actuaciones medioambientales. Además, ha apoyado que al menos el 4% de la PAC vaya a jóvenes agricultores (frente al 2% del Consejo).

5. Ecoesquemas

La vinculación al menos del 20% de los pagos directos al cumplimiento de los ecoesquemas no ha gustado al campo andaluz. Y es que aunque en teoría serán voluntarios para los productores, «en la práctica serán obligatorios, porque de lo contrario, el productor sufrirá un recorte del 20% en los fondos», apunta Eduardo Martín.

En el mismo sentido se ha pronunciado la consejera de Agricultura andaluza, Carmen Crespo, que ha señalado que destinar un 20% de los pagos directos a los ecoesquemas supone «cargar a los agricultores y ganaderos españoles con más exigencias medioambientales pese a disponer de menos dinero de la PAC». Por ello, Andalucía pedía un porcentaje menor.

En los dos primeros años de aprendizaje los fondos que no se utilicen en los ecoesquemas podrán destinarse a otras intervenciones. No obstante, España ha pedido que el periodo de aprendizaje se alargue a todo el periodo.

6. Ayudas acopladas

En el texto se ha incluido a la aceituna de mesa como sector elegible para recibir ayudas acopladas. De esta forma, se corrige el agravio histórico que se produjo en la anterior reforma, al incluir en el reglamento el concepto de «aceite de oliva» en vez del de «olivar», posibilitando que los dos productos del olivo puedan recibir ayudas si lo necesitan para su mantenimiento. Una noticia muy bien recibida en la provincia de Sevilla, líder nacional en producción de aceituna de mesa, donde se recolecta el 60 % de toda la producción española.

7. El «capping»

Respecto al pago redistributivo, un elemento de degresividad en los pagos a partir de 60.000 euros con una limitación de 100.000 euros (lo que se conoce como «capping»), también hay novedades. El capping está condicionado al empleo generado. En este caso, la novedad se incluye en los últimos borradores de la propuesta de la PAC de la Comisión, donde aparece la reducción de mano de obra especificando que puede ser tanto asalariada, propia como contratada. Se trata de una demanda de Asaja Sevilla, que ante la cada vez más frecuente externalización de tareas agrícolas en el campo venía pidiendo que estos gastos se tuvieran en cuenta.

8. El debate nacional

Además de en Bruselas, el debate también se acelera en España, que avanza en las propuestas para el futuro Plan Estratégico Nacional, el documento base para la aplicación de la PAC en España y del que dependerá el reparto de las ayudas entre las comunidades autónomas.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha pronunciado sobre cuestiones como el modelo de regiones, la definición de agricultor genuino, la ayuda básica a la renta, la limitación de los pagos («capping»), el pago redistributivo y los ecoesquemas. Los planteamientos adelantados por el ministro en distintas declaraciones preocupan especialmente a Andalucía.

9. Postura única andaluza

Las organizaciones agrarias del campo andaluz y la Junta de Andalucía han firmado una declaración institucional sobre la futura reforma agraria, consensuando una postura común para esta negociación, ante la preocupación compartida respecto al impacto de la nueva orientación de la PAC en el campo andaluz.

La comunidad defiende el modelo de regiones y derechos, que supone muchos fondos para el campo andaluz. Por eso, Andalucía no puede permitir que se cambien los conceptos y criterios de reparto de los fondos de la PAC. El modelo de regiones y derechos para la renta a los pagos desacoplados, las ayudas a la ganadería y las medidas de mercado (como pueden ser los fondos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas) forman la columna vertebral de la PAC en Andalucía.

Un modelo que está totalmente consolidado y que es compatible con la propuesta que ha presentado la Comisión Europea para 2021-2027, según recoge la declaración institucional.

10. Periodo transitorio

La nueva PAC entrará en vigor en 2023, por lo que habrá un periodo de convergencia en 2021 y 2022. No obstante, las organizaciones agrarias y cooperativas andaluzas critican la propuesta del Gobierno para aplicar la PAC en estas anualidades transitorias (2021 y 2022), acusando al Ejecutivo de «incorporar cambios que distorsionarían en gran medida los valores unitarios de los derechos de Pago Básico, lo que de alguna manera constituye una reforma previa a la nueva reforma de la PAC».

Por ello piden que si en el periodo de transición continúan aplicándose los mecanismos de convergencia, se mantengan los parámetros aprobados en el periodo 2015-2019. Prueba de que la falta de sintonía actual entre el Gobierno central y el sector agrario andaluz no se limita a la aplicación de la nueva PAC, sino también al periodo transitorio.

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