Asaja avisa: La nueva definición de agricultor puede dejar sin ayudas al 57% de los perceptores andaluces
Las organizaciones alertan de que el nuevo concepto de «agricultor genuino» puede tener un duro impacto en la economía y el empleo del medio rural
Las organizaciones agrarias andaluzas han alzado la voz contra las «graves consecuencias para el campo andaluz en términos económicos y de creación de empleo» que tendrá la propuesta de la nueva Política Agraria Común (PAC 2021-2027) que baraja el Ministerio de Agricultura.
Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias han comparecido unidas para denunciar tanto la aplicación de las ayudas europeas al campo andaluz en estos dos años de transición (2021 y 2022) como lo que se avecina a partir de 2023, una vez que la reforma de la PAC para el nuevo marco comunitario entre en vigor. Por su parte, el Ministerio de Agricultura ha lanzado un comunicado para desmentir lo que, dice, son «informaciones inexactas» sobre la negociación de la futura la PAC.
Dicha reforma, con las propuestas que hay encima de la mesa, auguran un complicado futuro al campo andaluz, que podría perder casi 500 millones de euros anuales si se consuma la declaración de intenciones del ministro de reducir drásticamente las regiones productoras (de las 50 actuales a un número entre 5 y 7) y se elimina el sistema de derechos, repartiendo las ayudas bajo un modelo de tasa plana, en el que no se tiene en cuenta la rentabilidad de las explotaciones.
Aparte de la temida tasa plana y la eliminación de los derechos, otro de los puntos que será determinante en el futuro reparto de las ayudas se refiere a la definición de «agricultor genuino». Se trata de un nuevo concepto que es excluyente, y que puede dejar sin ayudas «a uno de cada dos agricultores andaluces», que además, serían expulsado de la actividad, con las graves consecuencias que ello tendría para la economía y el empleo de las zonas rurales.
Productor activo Vs. genuino
Para ser perceptor de las ayudas hay que cumplir con la condición de «agricultor genuino», un nuevo concepto que vendría a sustituir al término de agricultor activo actual, pero con notables diferencias.
Hasta ahora, para tener la condición de agricultor activo y poder cobrar la PAC, había que cumplir la famosa regla del 80-20 en los ingresos. Esto significa que del total de los ingresos agrarios que recibe un productor (ayudas europeas más producción), al menos el 20% deben provenir de la venta de la producción agraria o ganadera al mercado, por lo tanto, las ayudas directas pueden suponer como máximo el 80% de los ingresos agrarios.
Ahora bien, «la nueva reforma cambia el concepto y para cobrar la PAC se tendrán en cuenta los ingresos totales del productor, no sólo los agrarios como hasta ahora», explica el coordinador de los servicios técnicos de Asaja Sevilla, Antonio Caro.
Ingresos totales
Según el Ministerio, el «agricultor genuino» es aquél para el que los ingresos de la actividad agraria suponen un porcentaje significativo respecto a sus ingresos totales. «La cuestión está en cuál será definitivamente ese porcentaje agrario, ya que se baraja un 20%, un 30% ó incluso un 50% como piden algunas comunidades autónomas», apunta Caro.
La decisión será determinante, ya que «entre 54.000 y 120.000 agricultores y ganaderos andaluces pueden quedar fuera del sistema de ayudas», alerta el técnico de Asaja Sevilla. Así, según un estudio realizado por la patronal agraria sobre el impacto que el agricultor genuino puede tener la comunidad, revela que «si se opta por el porcentaje del 20%, dejarían de cobrar ayudas PAC el 26% de los perceptores, es decir, unos 54.000 agricultores y ganaderos andaluces. Si el Ministerio se decanta por el 30%, expulsaría del sistema de ayudas al 37% de los perceptores (77.500 agricultores) y si se admite el 50%, afectaría al 57% de los perceptores, o lo que es lo mismo, a unos 120.000 productores andaluces».
En términos económicos el impacto para Andalucía sería, igualmente, «terrible», pues «se barajan pérdidas de 67 millones de euros anuales con un porcentaje del 20%, hasta 243 millones menos cada año si se opta por que para ser agricultor genuino al menos el 50% de los ingresos totales deben provenir del campo».
La medida afectará especialmente a «todos aquellos agricultores que ya están jubilados y, por tanto, cobran su pensión pero siguen manteniendo una pequeña explotación como complemento a su renta», o «a esos otros muchos agricultores que a la vez que cuidan su explotación mantienen un pequeño negocio en el medio rural, como pudiera ser una tienda de ultramarinos o un taller», explica Antonio Caro.
Agricultor pluriactivo
Desde las organizaciones agrarias y el Gobierno andaluz se defiende la continuación en la PAC de todos aquellos agricultores activos y pluriactivos, es decir, «hombres y mujeres del medio rural que ejercen una actividad agraria real y que están creando riqueza en el medio rural, independientemente de si éstos tienen o no otros ingresos como complemento a su renta».
De hecho, según ha recordado la consejera de Agricultura andaluza, Carmen Crespo, «gracias a estos agricultores y a las ayudas de la PAC en Andalucía hay un modelo de desarrollo rural que evita el despoblamiento que sí se da en otras regiones».
Los pequeños y medianos agricultores serán los mayores perjudicados con la nueva PAC. A este respecto, el propio Ministerio ha explicado que el marco legislativo comunitario no permite que los «pequeños agricultores» estén exentos de cumplir con la condición de «agricultor genuino», pero sí que permite establecer un umbral de referencia de pagos que facilite la gestión de este sistema.
En la aplicación de dicho umbral, detalla el Gobierno central, «los agricultores con pagos por debajo del mismo son considerados exentos de la comprobación de la condición de agricultores genuinos», por lo que podrían continuar percibiendo los pagos correspondientes.
Por tanto, otro de los debates pendientes que tienen las comunidades autónomas es fijar ese umbral mínimo de pago. Sobre la mesa hay dos propuestas principales: «Fijar ese umbral mínimo en 5.000 euros o fijarlo en 2.000 euros, aunque también hay autonomías que están en contra de fijar cualquier umbral, por lo que todo puede pasar», advierte Asaja Sevilla.
Andalucía también se juega mucho en esta negociación, ya que «si se fijara el umbral de 5.000 euros, el número de perceptores que se quedarían sin ayudas bajaría hasta los 3.000-4.000 agricultores», y posteriormente «estos productores podrían entrar en la PAC mediante previa justificación de que están haciendo una actividad agraria real y efectiva, algo que con los controles por monitorización es fácilmente demostrable», apunta Antonio Caro.
El debate decisivo, en mayo
Andalucía tiene una cita ineludible en mayo, cuando según el calendario previsto, el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas decidirán los pilares básicos que conformarán el Plan Estratégico Nacional de la PAC y que más preocupan al campo andaluz: la definición de agricultor genuino, la reducción de las regiones agrarias y la eliminación o no de los derechos de pago básico.
De cómo quede finalmente la reforma en torno a estos tres bastiones dependerán las ayudas que lleguen al campo andaluz. Una negociación que no se presenta precisamente de cara para la Junta de Andalucía, según las propuestas del Ministerio y la declaración de intenciones anticipada por el propio ministro, Luis Planas.
El sector lamenta que el Real Decreto de transición de ayudas de la PAC ya publicado y en vigor, al que califican de «atentado» al incorporar una convergencia «tan brusca», es la antesala de lo que está por llegar a partir del 2023.
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