El sector agrario andaluz pide al ministro Planas que «retire el Real Decreto de transición de la PAC o dimita»
Haciendo alarde de una unidad casi inédita, organizaciones agrarias y cooperativas piden al Ministerio de Agricultura la convocatoria de una mesa de diálogo, ya que prevén una PAC «muy lesiva» para Andalucía
El sector agrario andaluz ha hecho alarde de una unidad casi inédita para pedir al ministro de Agricultura, Luis Planas, que rectifique y retire el Real Decreto de transición de ayudas de la PAC para el periodo 2021-2022, y si no lo hace, que dimita.
De esta forma, las principales organizaciones agrarias de la región (Asaja, COAG y UPA), y Cooperativas Agro-alimentarias, se han mostrado muy duros con el ministro de Agricultura, al que han acusado de aprobar el Real Decreto «sin consenso y a espaldas de la principal región agraria de España». De hecho, Andalucía aporta un 34% de los perceptores de la PAC a nivel nacional y aporta un 37% del Valor Añadido Bruto (VAB) agrario a la economía de España.
Insistiendo en que esta reivindicación no se trata de una «batalla política», sino de una petición conjunta de los agricultores andaluces, los representantes de las organizaciones agrarias y las cooperativas han mostrado su temor de que este real decreto, que regirá las ayudas en 2021 y 2022 y que está marcado por la «brusca» convergencia, suponga la antesala de una lesiva reforma de la PAC. «Traerá desempleo y pobreza a Andalucía», han aseverado.
De hecho, en la comparecencia conjunta han dado un dato fundamental: según las previsiones de la Junta, la tasa plana (que se igualase el pago por hectárea) supondría una pérdida de 486 millones cada año para Andalucía. Los grandes beneficiarios de este trasvase de fondos, en los que no se contempla diversidad productiva alguna, serían Castilla La Mancha (con 224 millones), Castilla y León (con 221) y Extremadura (con 88).
Reducción de regiones
Esta reforma de la PAC incluirá, presumiblemente, una reducción de las 50 regiones productivas que hay en España (Andalucía forma parte de 48 de ellas) a 5 o 7, lo que supondrá que los 232.000 perceptores andaluces pierdan en torno a un 50% de los 1.300 millones de euros que reciben anualmente (pago base más pago verde), y que entre 54.000 y 120.000 agricultores y ganaderos «queden fuera del sistema de ayudas» si no se clarifica bien la figura de «agricultor genuino».
Por todo ello, las organizaciones y cooperativas han solicitado la retirada inmediata del Real Decreto y la urgente convocatoria de una mesa de diálogo «en la que se escuche a Andalucía y se consensúe una transición gradual de la convergencia».
Miguel López, secretario de general de COAG Andalucía, se ha dirigido directamente a Planas, pidiéndole que «si de verdad le queda conciencia, y conoce el sector como dice, debería dimitir, porque nos está despreciando. Nos va a quitar nuestro medio de vida», ha insistido.
El sector ganadero, de los más perjudicados
Por su parte, Juan Rafael Leal, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, ha destacado que el sector se esperaba «una PAC más social y distributiva», y ha hecho hincapié en que el sector ganadero «se verá afectado muy gravemente», en especial el vacuno de leche, el vacuno de carne y el ovino. A modo de ejemplo, ha detallado que un expediente del sector ganadero ha cobrado en 2020 14.800 y se reducirá a 10.600 en 2021. «Para una economía familiar esa reducción de renta es difícil de aguantar», asegura.
Miguel Cobos, secretario general de UPA Andalucía, ha insistido en que «la agricultura más innovadora está en Andalucía», y ha pedido al ministro que corrija la convergencia, ya que «cuanto más avance, más nos vamos a una tasa plana», lo que va a suponer miles de euros para los agricultores. «Rectificar es de sabios», ha aseverado en referencia a la retirada del Real Decreto de transición.
Ricardo Serra, presidente de Asaja Andalucía, ha insistido en que «todo el sector andaluz está unido».«Cuando todo el sector está en contra de algo, como sucede aquí, obviamente no está funcionando», ha asegurado, y ha desmentido al ministro de Agricultura, alegando «que no es cierto que haya habido consenso con las comunidades autónomas» para elaborar el Real Decreto.
Además, ha insistido en que «la propuesta del ministro no augura nada bueno a partir del 2023 para el futuro del campo andaluz».
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