La última versión de la PAC agrava la pérdida de ayudas en la provincia de Sevilla
Los cambios incluidos en el último mes empeoran la situación de los productores de la comarca de la Sierra Norte, así como de las fincas en régimen de comunidades de bienes
El miércoles, 15 de junio, termina el plazo de presentación de propuestas al Plan Estratégico de la nueva PAC. El campo andaluz, por tanto, entra en tiempo de descuento para intentar que el Ministerio de Agricultura dé marcha atrás y cambie el rumbo de la nueva reforma agraria, que entrará en vigor en 2023 y que, tal y como está planteada, supondrá un enorme varapalo económico para Andalucía, que perderá unos 500 millones de euros.
Por ello, tanto Asaja Andalucía como Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía han vuelto a pedir al ministro del área, Luis Planas, que reconsidere la configuración de las regiones productivas y de los ecoesquemas, las dos medidas más importantes del Plan Estratégico nacional de la PAC y las que más perjudican a la agricultura andaluza.
La demanda no es nueva, pues las organizaciones agrarias representativas del campo en conjunto la han venido repitiendo en los últimos dos años, motivando hasta cinco manifestaciones de agricultores y ganaderos. No obstante, los documentos de trabajo del último mes, a los que Asaja y Cooperativas Agro-alimentarias han tenido acceso, no solo no recogen ninguna de las demandas de Andalucía, sino que «incluye una serie de cambios que vienen a agravar, aún más, la situación que se encontrarán los agricultores y ganaderos a partir de 2023», lamenta el coordinador de los servicios técnicos de Asaja Sevilla, Antonio Caro.
Es el caso de la provincia de Sevilla, que lejos de mejorar su situación, se empobrecerá mucho más, y eso que la situación de partida ya era dantesca, pues según el análisis realizado por Asaja Sevilla, «el 60% de agricultores y ganaderos sevillanos perderán fondos». Así, se estiman unas pérdidas económicas en el periodo de 2023 a 2027 en la provincia de 260 millones de euros (52 millones de euros anuales).
Las pérdidas para cada agricultor o ganadero varían en función de la región productiva, del cultivo, o de la tipología del suelo, aunque en líneas generales, «en 2023 todas las explotaciones sufren pérdidas, que varían entre un 7 y un 38% respecto a lo que vienen recibiendo de la PAC actualmente».
Regionalización
El Ministerio mantiene en el Plan Estratégico no sólo la reducción del número de regiones productivas (que pasan de 50 a 20), sino también una configuración de las mismas muy lesiva para Andalucía y especialmente para Sevilla.
Un ejemplo claro es la actual región 9.1, que engloba a las tierras de cultivo de secano de la Campiña y de la Vega de Sevilla.
Al reducirse de 50 a 20 el número de las regiones productivas, el Ministerio lo que ha hecho es agrupar regiones, uniendo la región 6, la 7 y la 8 con la 9, a la que pertenece la Campiña y la Vega sevillanas. El problema es que el valor medio de estas tres regiones (6,7 y 8) es inferior. Así, «el importe de la región 6 es de 127 euros, en la región 7 es de 138 euros, y en la región 8 es de 148 euros, mientras que en la región 9 está en 173 euros». «Al unirlas sale una media de 146,5 euros, por lo que gana fondos la región 6 y pierde especialmente la región 9, es decir, la Campiña y la Vega de Sevilla», critica Antonio Caro.
El 71% de la región 9 pertenece a Andalucía, mientras que sólo cuenta con un 31% de tierras en la región 6, un 8% en la región 7 y un 0,5% en la región 8. «Esto significa que hay un claro trasvase de fondos desde la región con mayor superficie andaluza (pues de las 614.000 hectáreas que tiene la región 9, 435.000 hectáreas pertenecen a Andalucía) al resto de regiones donde predominan tierras de otras comunidades autónomas», explica Caro.
El técnico de Asaja Sevilla critica el criterio seguido para agrupar las regiones en el Plan Estratégico, ya que «a las tierras de secano de la Campiña y la Vega la meten con zonas de cultivo de Sierra Morena y con tierras de menor capacidad productiva de otras comunidades como Aragón, Cataluña o Castilla León y Castilla-La Mancha».
A este respecto añade que «lo más lógico es que la agrupación se hubiera hecho con la Campiña de Córdoba y de Cádiz, que son colindantes con la Campiña de Sevilla». Por tanto, «ningún agricultor puede entender qué criterio agronómico ha seguido el Ministerio», por lo que «sólo nos queda pensar que haya sido un criterio político para trasvasar fondos de una comunidad a otra», recalca Antonio Caro.
La última sorpresa ha llegado con la comarca de la Sierra Norte, ya que «en el mes de mayo estaba incorporada a la nueva región 2 de pastos, que tiene un importe de 80 euros». Pero, «no sabemos por qué, en el actual esquema se ha colocado en la región 1, que tiene un importe menor, en concreto, 60 euros». «Y sin que el Ministerio haya dado explicación alguna a esta pérdida que sufrirán los productores sevillanos», critica el directivo de la patronal agraria.
Ecoesquemas
En los ecoesquemas es donde está el mayor escollo, pues es por dónde más dinero pierde la provincia. Y es que, en comparación con el actual pago verde, al acogerse a la práctica voluntaria de los ecoesquemas, los agricultores y ganaderos cobrarán mucho menos.
Así, por ejemplo, en la comarca de la Campiña, en cultivos de secano como el trigo, si con el pago verde actual cobran alrededor de 89,03 euros por hectárea, con el ecoesquema recibirían 52,35 euros/hectárea. Es decir, un 41% menos. En el caso de cultivos de regadío (maíz o algodón, entre otros), pasarían a cobrar 157 euros en lugar de los 262 euros actuales, es decir, un 40% menos. Y en el caso de cultivos permanentes como la arboleda, dejarían de cobrar 102 euros y recibirían 72 euros, un 30% menos.
En la comarca de Marismas, los cultivos de regadío (como el arroz) pasarían de cobrar 262 euros actuales a 157 euros con los ecoesquemas, un 40% menos. Y los cultivos permanentes sufrirían una merma del 30%, al pasar a cobrar 72 euros en lugar de los 102 euros por hectárea actuales.
En la comarca de Estepa, el cultivo más significativo es el olivar con una pendiente menor al 5%. Estos agricultores también perderían ayudas, al pasar de cobrar en el pago verde una media de 160 euros por hectárea a 57 euros con los ecoesquemas, un 64% menos. La situación es peor aún, ya que los pagos están sometidos a una degresividad, por lo que una explotación olivarera tipo con 50 hectáreas, hasta la hectárea número 15 cobraría 57 euros (un 64% menos respecto al pago verde) y de la hectárea 16 hasta la número 50 cobraría 40,11 (un 75% menos).
Agricultor activo
Los últimos documentos analizados también incluyen algunas modificaciones en lo que respecta a la declaración de agricultor activo. Este cambio afecta a las comunidades de bienes, las sociedades civiles o las herencias yacentes, siendo éstas las figuras asociativas más usadas en el campo andaluz.
Así, si hasta ahora bastaba con acreditar los ingresos agrarios presentando el modelo 184, característico de estas entidades, «ahora se pedirá el IRPF de cada uno de los socios o comuneros, cuando puede ocurrir que uno de los socios tenga ingresos adicionales que haga incumplir la ratio de 25% de ingresos agrarios sobre los ingresos totales a la sociedad».
Además, «es algo que no se exige en las sociedades mercantiles», denuncia Antonio Caro. «No vemos lógico esta discriminación, pues la sociedad de bienes es una entidad más, formada sobre todo por pequeñas y medianas explotaciones que asumen esta figura jurídica para salvaguardar una explotación familiar, generalmente».
«Estos nuevos requisitos pueden suponer que una comunidad de bienes no cumpla con la definición de agricultor activo y se quede sin ayudas de la PAC, o en el mejor de los casos, que se vea obligada a ir a otras figuras de tipo mercantil (como una sociedad limitada) que le perjudicarán más fiscalmente», alerta el coordinador de los servicios técnicos de Asaja Sevilla.
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