La pelota «PAC» está en el tejado de Planas: el campo andaluz, expectante ante la elaboración del plan estratégico
Cooperativas y organizaciones hacen balance de un acuerdo con «luces y sombras» pero que respecta el modelo de regiones y derechos que defiende Andalucía
Tras la aprobación del acuerdo para la futura PAC, la mayor reforma agraria en décadas, por parte del Consejo de Agricultura de la UE, se han sucedido las reacciones de las diferentes organizaciones que representan a los agricultores andaluces.
Satisfechas, en parte, por el cierre de un acuerdo que preocupaba mucho en Andalucía, pero temerosas respecto a algunos de los cambios que incluye, todas tienen el foco puesto en la próxima conferencia sectorial que, previsiblemente, Planas convocará en la primera quincena de julio, y que servirá para esbozar el futuro plan estratégico nacional que regirá la PAC en España.
De esta forma, desde Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía han valorado positivamente el acuerdo, y aseguran estar estar «satisfecha» por el reconocimiento que se le da a las regiones en la elaboración y presentación de los planes estratégicos nacionales, ya que «permite mantener el modelo defendido por las cooperativas, las organizaciones agrarias y la Junta de Andalucía en su Declaración Institucional por la PAC, firmada en septiembre de 2020».
No obstante, la organización muestra cierta preocupación por el diseño de la hoja de ruta del Ministerio de Agricultura para la PAC 2023-2027, que entrará en vigor previsiblemente el 1 de enero de 2023.
La experiencia del Real Decreto
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía espera que el departamento de Luis Planas «escuche los planteamientos autonómicos y no yerre» como hizo con la aprobación del Real Decreto 41/2021 para acelerar de forma brusca la convergencia de las ayudas directas durante el período transitorio (2021 y 2022).
De otro lado, la federación insiste en que prestará atención a la definición de conceptos como agricultor activo (antes conocido como genuino) o de los ecoesquemas, ya que pueden representar entre un 20 y un 25 por ciento del presupuesto total. También estará atenta a la decisión de establecer o no un techo en las ayudas (capping).
Una PAC más burocrática
Por su parte, desde Asaja, aunque se muestran aliviados de que Europa haya dado respaldo al modelo de regiones y derechos que ha defendido siempre Andalucía, puntualizan que la nueva PAC «será más compleja y burocrática», y que figuras «confusas» como la de agricultor genuino «pueden llevar a que haya agricultores que, pese a desarrollar una actividad agraria real, si no cumplen con este nuevo requisito dejen de percibir los pagos de la PAC».
Asimismo, establece, junto a la condicionalidad ambiental, la denominada «condicionalidad social», ajena, según Asaja, «al acerbo y a la tradición de la PAC y totalmente innecesaria en una Unión Europea donde la legislación y la inspección laboral están ya más que desarrolladas».
Además, la asociación señala que «la nueva arquitectura ambiental propiciará que los agricultores reciban menos compensación aunque deban asumir mayores compromisos», así como considera que la nueva figura de los ‘ecoesquemas’, a la que deberá destinarse el 25% de la partida de ayudas directas, es un ejemplo claro,« puesto que obliga que a los Estados miembros arbitren una serie de medidas ambientales más exigentes y con unos costes adicionales para percibir un pago que ahora venían recibiendo todos los agricultores como complemento a su pago básico».
En cambio, desde UPA aseguran que, tal y como están planteados los ecoesquemas, deben servir para «reforzar a los agricultores y ganaderos familiares frente a modelos superintensivos y de gran dimensión«
Pérdidas para el agricultor
Desde COAG son mucho más duros, y aseguran que la reforma de la PAC «no es justa ni social», y que «acelerará proceso de uberización del campo español y europeo».
«El texto aprobado no responde las verdaderas necesidades del modelo social y profesional agrario, mayoritario en Europa, al abandonar aún más los mecanismos de regulación de mercado. Ello, agravará el impacto de la volatilidad de los precios y la espiral alcista de los costes en las rentas de las pequeñas y medianas explotaciones», advierten.
Por otra parte, califican de «galimatías sin sentido» la definición de agricultor genuino, y consideran «demasiado elevado» el tope máximo de ayudas por explotación (100.000 euros).
Respecto a la arquitectura verde, aseguran que «detraer una parte tan elevada de las ayudas directas a los ecoesquemas es un recorte en toda regla», y que «para recuperar ese 25% el agricultor tendrá que afrontar nuevos gastos que el mercado no remunera, con la consiguiente caída de rentas».
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