La reforma laboral traerá «más costes y menos empleo» al campo andaluz
Incertidumbre e indignación ante la nueva modalidad de contratos que «no se adaptan a la realidad del sector»
La reforma laboral, publicada en el BOE el pasado 30 de diciembre y en tramitación parlamentaria, puede conseguir en el campo el efecto contrario que se busca. Así, en lugar de reducir la temporalidad, «terminará por destruir empleo al complicar las contrataciones y añadir más costes en la gestión de las explotaciones, en plena crisis por la subida del precio de los inputs agrarios», critica Asaja Sevilla.
En este sentido, el asesor laboral de la patronal agraria, Felipe Gayoso, declara que esta reforma laboral se ha hecho «de espaldas al campo», que tiene como «condición intrínseca la temporalidad de las campañas agrícolas».
Sin embargo, la reforma elimina el contrato por obra y servicio, el más utilizado para los trabajos de campaña, (como por ejemplo la recogida de la fruta). Además, el contrato temporal se limita a circunstancias de la producción (hasta seis meses, ampliables por otros seis) o por sustitución de la persona trabajadora.
Para situaciones previsibles y de duración reducida y delimitada, el contrato temporal podrá utilizarse durante un total de 90 días al año y nunca de manera continuada. Además, en el último trimestre de cada año, las empresas deberán trasladar al representante legal de los trabajadores una previsión anual de uso de estos contratos.
Contrato fijo discontinuo
Para los trabajos puntuales (como talas, podas, riegos o limpieza de fincas) o las campañas agrícolas que superen esos 90 días, se deberá recurrir al contrato fijo discontinuo. Esto es lo que más inquietud y dudas está generando, pues los trabajos agrícolas tienen una movilidad muchísimo mayor que la que se produce en cualquier otro sector.
Así, los empresarios agrarios preguntan: «si un trabajador está empleado un mes en una explotación, otro mes y medio en otra finca y al siguiente de nuevo vuelve a trabajar en la primera, ¿quién lo tiene que hacer fijo-discontinuo?».
Asaja critica que el contrato de 90 días resulta escaso para para las campañas temporales, pues cuando se hacen, por ejemplo, contratos en origen se recomienda desde inmigración que sean como mínimo de 120 días.
La norma puede provocar situaciones complejas en el campo, como que un empresario agrario contrate a un trabajador de Marruecos por más de 90 días, haciéndolo fijo discontinuo, y que al término de la campaña se vaya a su país, «teniendo a un trabajador contratado en otro país que no sabes si va a volver ni si quiere hacerlo».
Por ello, Gayoso insiste en que «esta reforma aprobada por el Gobierno y los agentes sociales no contempla la realidad de las campañas agrarias» que «tienen una duración determinada, según épocas de recolección y otras casuísticas, como el clima o la mayor o menor producción».
Además, «su desarrollo se hace a la intemperie y los trabajadores circulan por diferentes explotaciones, lo que no significa precariedad de los contratos, que están sujetos a convenio, sino que la mano de obra que se requiere en el campo es la eventual».
Cambio de cultivos
Estas dificultades harán que esta reforma laboral «en lugar de reducir la temporalidad terminará por destruir empleo, pues aquellos empresarios que mueven más volumen de mano de obra terminarán cansándose y cambiando incluso sus cultivos por producciones más mecanizadas y que apenas necesiten empleados, acabando así con cualquier atisbo de creación de empleo».
El asesor laboral de la patronal agraria lamenta la «poca sensibilidad del Gobierno con el sector agrario, máxime en estos delicados momentos», cuando «ha sido considerado una actividad esencial al comienzo de la pandemia y es un motor en la recuperación económica».
En este sentido, Gayoso critica la «desconfianza y el profundo desconocimiento del sector mostrado por algunos miembros del Ejecutivo», que han instado «campañas inspectoras para detectar casos de esclavitud en las explotaciones agrícolas» y posteriormente se ha abierto «una campaña de control del fraude en la contratación temporal», sufriendo el sector agrario «una persecución por parte de la Inspección de Trabajo».
La reforma laboral vendría a poner la guinda a este señalamiento público, pues «en la negociación no se ha contado con el sector agrario y el texto no responde a las peticiones y necesidades del campo», apostilla.
«Oportunidad perdida»
Gayoso lamenta la «oportunidad perdida» para dotar al sector «de herramientas específicas en el ámbito laboral, «pese a que desde el minuto uno desde Asaja hemos estado haciendo propuestas».
De hecho, «había cierta ilusión con que siguiera adelante la propuesta de incluir un contrato para un trabajador fijo de campaña, similar al contrato fijo de obra del convenio de la construcción, con el beneplácito de algunos sectores sindicales incluso», pero finalmente «no se ha plasmado en el texto», lamenta el asesor laboral de Asaja Sevilla, que insiste en que la reforma laboral «nos deja con una total incertidumbre respecto a cómo proceder en la contratación».
Felipe Gayoso critica que «con derecho comparado podemos decir que en otros países como Francia, Inglaterra, Grecia y Portugal sí se contempla la temporalidad intrínseca al sector agrario», pero la reforma laboral española «se limita prácticamente a potenciar la figura del fijo discontinuo desde el inicio de la relación laboral».
Este tipo de contratación supone, además, para los empresarios agrícolas «inseguridad jurídica» , ya que «esta contratación, difícil de llevar a las campañas agrícolas, nos va a dejar en manos de la interpretación de la inspección de Trabajo o de los tribunales», por lo que «se puede judicializar la relación laboral en el campo». Por ello, Asaja insiste en que «es necesario hacer cambios en la reforma laboral y buscar soluciones para la temporalidad del sector durante su tramitación».
El Gobierno tiene de plazo hasta el 31 de enero para sacar adelante en el Congreso su decreto-ley de la reforma laboral aprobado en el Consejo de Ministros. Y es que pese a que la norma está vigente desde el 31 de diciembre de 2021, no será hasta el 30 de marzo de este año cuando entre en vigor el nuevo marco de contratación.
Convenio del campo de Sevilla
La reforma laboral también introduce cambios respecto a la negociación colectiva, ya que los convenios recuperan la «ultraactividad indefinida». Esto significa que se mantendrá el convenio colectivo si, transcurrido el proceso de negociación, no hay acuerdo.
Pero además de la reforma laboral, el campo también está pendiente de cómo quedará la negociación con los agentes sociales sobre una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en este año 2022.
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