Se duplican las alertas sanitarias por productos de terceros países en un año
Ha habido más de 30 notificaciones de productos contaminados en 2023, según detalla la Red de Alertas de la Unión Europea
El Sistema de alerta rápida para alimentos y piensos, conocido por la sigla RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), es un mecanismo creado para garantizar el seguimiento transfronterizo de diversos productos, así como para que se pueda reaccionar con rapidez cuando se detectan riesgos para la salud pública en la cadena alimenticia.
En él participan numerosos actores, desde las autoridades competentes de las comunidades autónomas, los Puntos de Inspección Fronterizos, los Puntos de Entrada y los distintos departamentos estatales encargados de las revisiones.
Tras la notificación, hace unos días, de la partida de fresa marroquí con hepatitis A, ha vuelto a salir a la palestra pública tanto el funcionamiento del sistema de inspecciones a los productos de terceros países, como su consumo frente a los alimentos locales.
Este es, además, uno de los grandes caballos de batalla del sector agrario, que reclama que se aumente el número de inspecciones y que se mejore el papel de la unión aduanera de la Unión Europea.
Además se trata también de uno de los compromisos que el ministro de Agricultura, Luis Planas ofreció a Asaja, COAG y UPA en una de sus últimas reuniones: España instará a la Comisión Europea a mejorar la eficacia de la Unión Aduanera mediante una coordinación más eficiente de las aduanas nacionales.
El ministro también ha prometido que defenderá el principio de reciprocidad en la utilización de productos fitosanitarios, las denominadas cláusulas espejo, tanto en la UE como en la Organización Mundial del Comercio.
Un margen limitado
No obstante, pese a estos compromisos, el margen de actuación de España es muy limitado en este aspecto. Lo único que sí podría cumplir es el establecimiento, de manera preventiva, del Límite Máximo de Residuos para sustancias no autorizadas en la UE y sin límite establecido por la Comisión Europea.
Lo cierto es que las alertas sanitarias comunicadas por España a la RASFF se han duplicado en tan solo un año: en 2022, apenas se habían notificado 15 incidencias relacionadas con frutas y vegetales que habían entrado en territorio español y que podía ser un riesgo para la salud. En 2023, esa cifra se triplicó alcanzando las 33 alertas.
Desgranando las alertas
Y el presente año parece que va por el mismo camino, pues en lo que va de 2024 ya se han notificado 4 alertas sanitarias de frutas y vegetales: la relacionada con la hepatitis A en la fresa marroquí, presencia de norovirus también en fresa marroquí, una alerta por cadmio por encima del límite establecido en espárragos procedentes de Perú y presencia del residuo Ocratoxina A por encima de lo permitido en uvas pasas de Uzbekistán.
El país que encabeza el ranking de productos con sustancias nocivas es Egipto, con diez alertas sanitarias en 2023.
En concreto, se encontraron plaguicidas no autorizados por la UE en pimientos, concentrado de tomate y limones, pero sobre todo, en naranjas, uno de los productos más importados del país africano:hasta siete notificaciones de la Unión Europea han avisado sobre el alto nivel de los pesticidas en las partidas de naranjas inspeccionadas.
Esto se da, además, en un momento en el que la naranja egipcia ha paralizado, prácticamente, la venta de cítricos andaluces. De hecho, esta semana, la Lonja de Córdoba volvía a avisar sobre el «estancamiento» del mercado por la entrada de naranjas de terceros países.
Seguimiento exhaustivo
A Egipto le sigue Marruecos, donde destaca la alerta del pasado septiembre, cuando se identificó una partida de aceitunas con un alto nivel del pesticida clorpirifos, prohibido en la UE desde 2020 por los numerosos estudios que le atribuían daños a la salud humana. También se encontró presencia de la bacteria E. coli en unas habas frescas y exceso del pesticida metomilo en un contingente de sandías.
Los agricultores andaluces siempre han reclamado a los consumidores, y después de los últimos casos aún más, que se priorice la compra de productos de proximidad, pues pueden garantizar con creces el cumplimiento de los controles sanitarios. De hecho, según detallan desde COAG, a pie de campo son muy frecuentes las inspecciones del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil), que visita las explotaciones para examinar qué productos fitosanitarios se están utilizando e, incluso, se llevan muestras de las balsas, así como hojas y fruta para analizarlos. Además, se cuenta con servicios de inspección de la Junta de Andalucía, tanto en los almacenes de frutas como en las propias fincas, donde se vigila que no quede ningún tipo de residuo nocivo en los productos.
La aparición de residuos por encima de lo permitido, o de un pesticida prohibido, tiene una sanción mínima de 60.000 euros para el agricultor, una cantidad que, incluso desde el sector, consideran «insuficiente». «El riesgo si esos productos llegan al consumidor es muchísimo más alto».
Por si eso no fuera suficiente, en todas las explotaciones, justo antes de empezar la recolección, se hace una analítica de la fruta para comprobar que no tiene ningún tipo de residuos. «Nadie entra a una explotación a recolectar si esa analítica no acredita que el producto cumple las condiciones sanitarias», afirman desde la organización agraria COAG.
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