La UE aprueba un reglamento de envasado que preocupa al sector hortofrutícola
La nueva normativa sobre envases y residuos es considerada discriminatoria e insostenible por agricultores y distribuidores, quienes advierten que podría aumentar el desperdicio alimentario y reducir el consumo de frutas y hortalizas
La Unión Europea ha dado luz verde al Reglamento de Envases y Residuos de Envases (PPWR), una medida que, aunque busca reducir el impacto ambiental del envasado, ha encendido las alarmas en el sector hortofrutícola europeo. La normativa, adoptada formalmente el 16 de diciembre, prohíbe el uso de envases de plástico de un solo uso para frutas y hortalizas frescas en cantidades inferiores a 1,5 kg a partir de 2030, además de restringir el uso de pegatinas no compostables.
Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España, califican estas disposiciones como arbitrarias y poco fundamentadas, señalando que contradicen principios básicos de la UE, como la promoción del consumo de frutas y hortalizas, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad.
Impactos negativos para el sector
La eliminación de envases individuales podría provocar un aumento en el desperdicio alimentario tanto en puntos de venta como en los hogares, debido a la pérdida de protección que estos proporcionan a los productos frescos. Además, se teme que el consumo de frutas y hortalizas disminuya, como ya ocurrió en Francia, donde una normativa similar tuvo efectos adversos.
Otros efectos preocupantes incluyen la dificultad para identificar el origen y las características de los productos, la desaparición de formatos convenientes para los consumidores y el riesgo de fragmentar el mercado europeo. Según Cooperativas Agro-alimentarias, estas medidas no incrementarán la sostenibilidad, ya que no han sido respaldadas por estudios de impacto que evalúen alternativas más eficaces.
Un marco regulatorio desigual y confuso
El reglamento otorga a los Estados miembros flexibilidad para implementar las restricciones, lo que podría generar desigualdades entre países y complicar la libre circulación de mercancías en la UE. En España, el Real Decreto 1055/2022 ya exige la venta a granel de frutas y hortalizas frescas en cantidades inferiores a 1,5 kg, con excepciones aún por definir.
Este enfoque fragmentado amenaza con encarecer la producción y dificultar la diferenciación y promoción de los productos, objetivos clave de la Política Agraria Común (PAC) en el sector hortofrutícola.
Llamado a revisar la normativa
Desde el sector, se solicita a las autoridades nacionales que no agraven la situación con normativas más estrictas que las europeas. En particular, se pide la suspensión de la adopción de la lista de excepciones prevista en el Real Decreto español. El reciente fallo del Consejo de Estado francés, que anuló una medida similar en ese país, refuerza este llamado a la prudencia.
El sector hortofrutícola, pieza clave en la economía y la alimentación europeas, espera que esta normativa no termine perjudicando los avances hacia una producción sostenible y eficiente, ni comprometa los esfuerzos por aumentar el consumo de frutas y hortalizas frescas.
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