El Congreso prohíbe la venta a pérdidas en todos los eslabones de la cadena
Se aprueba la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria y se introducen varios cambios que afectan a todos los operadores
El Congreso ha aprobado la reforma de la Ley de cadena alimentaria, que consagra la prohibición de la venta a pérdidas. La reforma, aprobada este miércoles en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso, supone la trasposición de la directiva europea de prácticas comerciales desleales. Finalmente, recoge expresamente la prohibición de vender a pérdidas en todos los eslabones de la cadena, incluida la venta final, tras el acuerdo alcanzado a última hora por PSOE y Unidas Podemos.
El texto de la enmienda aprobada, al que ha tenido acceso Europa Press, obliga a cada operador a pagar un precio igual o superior al coste de producción e impide la venta final a un precio inferior al precio real de adquisición.
Inclusión del Canal Horeca
Otras enmiendas aprobadas pasan por incluir al llamado canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) en el ámbito de aplicación de la ley, incluyendo a actividades de hostelería y restauración con un volumen de facturación superior a 10 millones de euros, y a partir de 50 millones en el caso a los servicios de alojamientos.
Para las grandes empresas de hostelería y restauración estas nuevas obligaciones derivadas de su inclusión en la Ley de la Cadena Alimentaria no serán de aplicación hasta el 1 de enero de 2023.
Otri de los cambios, por ejemplo, incluido a petición de ERC, PDeCAT, Junts y Compromís, acaba con la cláusula que obliga a expresar el reconocimiento de costes en los contratos. Varios grupos habían alertado de que, en situaciones de debilidad, esta cláusula provocaba la indefensión del eslabón más débil, al no poder denunciar incumplimientos por haber sido forzado a asegurar que sus costes estaban cubiertos. También se acaba con la presunción de responsabilidad de los compradores a la hora asumir los costes efectivos en una operación.
Actualización de precios
La oposición también ha incluido una enmienda para facultar al Observatorio de la Cadena Alimentaria a elaborar y actualizar periódicamente índices de precios y de costes de producción. Asimismo, se recogen determinadas garantías para la persona que denuncie incumplimientos, garantizando la confidencialidad del denunciante en todo momento, y presumiendo la confidencialidad de sus pruebas aportadas salvo que indique lo contrario.
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