Entra en juego otra variable
«¿Se dará el caso de que haya explotaciones que deban abandonar la actividad debido a sus elevados costes de producción?»
A tres meses vista de la próxima campaña del verdeo, los agricultores se preguntan qué pasará llegado el momento de recolectar. Son muchas las dudas que les surgen tras la pandemia, quizás la mano de obra sea la preocupación más comentada de cara a la campaña venidera, amén de los aranceles, importaciones de terceros países, etc.
Y es que no sabemos, llegado el momento, qué ocurrirá en temas de movilidad, más aun si surgieran rebrotes. Nos encontramos ante una cosecha aceptable en cuanto a cantidad y calidad y que entra en su recta final con el objetivo de alcanzar un calibre óptimo para su comercialización.
Tras la poda, el abonado, la preparación de la tierra, el control de las malas hierbas y los tratamientos fitosanitarios, llega el momento del riego, tan precario en nuestras zonas productoras y con un coste muy elevado. Pues llegados a este punto toca sacar nuevamente el lápiz y ver qué debemos hacer, o eso pretende el Gobierno, porque este año entra en juego otra variable, «el coste efectivo de producción».
Vender por debajo del coste
La Ley de la Cadena Alimentaria deja a las claras que no se podrá vender por debajo del coste efectivo de producción pero no dice nada de aquellas explotaciones cuyos costes sean superiores a los que se le puedan trasladar al consumidor.
Por poner un ejemplo: qué pasaría si un agricultor, después de realizar todas las labores antes mencionadas, tiene un coste tan elevado que los industriales no lo puedan trasladar al mercado, ¿debe dejar su cosecha en el campo? ¿Se dará el caso de que haya explotaciones que deban abandonar la actividad debido a sus elevados costes de producción? Claro que sí, y eso se llama reconversión del sector de la cual habrá que sentarse a hablar antes de tomar medidas como la adoptada por el Gobierno con la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria que más que ayudar al agricultor lo que hace es complicar su existencia sin un plan alternativo.
Si pretendían con esta modificación que la gran distribución pagara un precio justo a los agricultores por sus productos, han errado el tiro. Van a fomentar la competencia desleal; los terceros países, con costes mucho más bajos, incrementarán las ventas de materia prima en nuestro país y será el fin del pequeño agricultor.
Si estas son las medidas que el Ministerio de Agricultura pone encima de la mesa para solucionar los problemas de los agricultores, se equivoca, no se puede cerrar en falso un tema tan delicado como la rentabilidad de las explotaciones.
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