Política de costes, no de márgenes

El Gobierno estima que el IPC subió más de lo esperado en febrero, hasta el 6,1%, debido al repunte de la electricidad y del precio de los alimentos. Sobre esta última cuestión, la cesta de la compra ha subido el pasado mes de febrero un 1,3%, revirtiéndose la bajada de casi once puntos que experimentó en enero.

Son datos que ha presentado la Asociación de Usuarios Financieros tras un análisis realizado en El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Mercadona y DIA. También concluye que es muy ineficiente poner el foco en la vigilancia de márgenes, tal como la práctica ha venido a constatar.

Y en este contexto afloran algunas ocurrencias políticas, como topar los precios de los alimentos. Una ocurrencia en el magma de esta inexplicable corriente de demonizar a las empresas y a los empresarios, proyectando en ellos la culpa de todos los males actuales. No es otra cosa que una intervención directa en la estructura de gastos e ingresos de las empresas, que les obligaría a ajustar costes, lo que conllevaría un previsible aumento del paro, reducción del consumo e incremento del déficit público.

Al final no es un problema de márgenes empresariales, que siempre han existido, y que en gran medida dependen de la ley de la oferta y la demanda. La realidad es que se trata de un conflicto generado por el incontrolado repunte de los costes, y es ahí donde hay que atajar la cuestión, en el origen.

Replantearse determinadas medidas

Por ejemplo, habría que comenzar a replantearse determinadas medidas que no tienen un claro fundamento técnico científico, y que deberían ser pospuestas hasta que cambie el contexto económico actual. Son variadas, por ejemplo las numerosas y sobredimensionadas regulaciones medioambientales para la producción agrícola y ganadera; o el impuesto al plástico, aplicable desde el pasado mes de enero, una iniciativa básicamente recaudatoria, que va a aportar poco o nada a la a la mejora de la economía circular.