Más de 10.600 empleos «en peligro» por las modificaciones de la Ley de la cadena alimentaria
Almazaras Federadas de España lamenta que «no exista voluntad política para solucionar un problema creado por la propia Administración y que afecta al 40% de la producción de aceite de oliva»
La Asociación Cordobesa de Industrias Almazaras ha denunciado que a falta de 2 meses para el inicio de la campaña de molturación 2020/21, las almazaras industriales se encuentran en tal situación de «incertidumbre que hace peligrar el futuro de la actividad».
Asimismo, asegura que el nuevo criterio aplicado por AICA para la presente campaña, por el que obliga a la almazara industrial a pagar al agricultor a los 30 días de la entrega de la aceituna, «junto con la obligación de pagar por encima de los costes de producción, hacen verdaderamente difícil la compra de aceituna para la próxima campaña y afectará a más de 10.600 puestos de trabajo».
En concreto, señala que «a la difícil situación del sector, que se enfrenta a un panorama no muy halagüeño motivado por unas previsibles existencia de enlace estimada en 600.000 Tm, unas previsiones de cosecha por encima de un millón y medio de toneladas y unas importaciones ilimitadas, se une una mayor presión por parte de la Administración que se dedica a poner impedimentos a una parte significativa de la producción».
De este modo, ha explicado que la Unión Europea permitía computar el plazo de 30 días desde el momento en el que se fija el precio de la aceituna, y que así se ha venido haciendo en el sector industrial hasta el año pasado, hasta que la AICA adoptó un nuevo criterio.
Concentración de la oferta de aceite de oliva
Al respecto, ha afirmado que «no se entiende como el MAPA pretende permitir un hundimiento mayor, si cabe, del precio del mercado de aceite de oliva, cuando obligue a los agricultores proveedores de almazaras industriales a sacar a la venta el 40% de la producción entre enero y febrero»
Además, asegura que «la consecuencia lógica de una concentración de la oferta de aceite de oliva en un momento puntual de la campaña, obligado por la necesidad de liquidar antes de 30 días debido a las amenazas de la Administración de imponer sanciones cuantiosas a quien no lo haga, supondrá un decremento importante del precio del aceite de oliva que afectará a todos los operadores de la cadena de comercialización».
Finalmente, reitera que «estas circunstancias dificultan claramente la compra de aceituna de cara a la próxima campaña, por lo que la actividad de las almazaras industriales podrá verse afectadas por las mismas».
Por ello, señala que es «fundamental dignificar la actividad del agricultor y la de la almazara. Hacer frente a circunstancias adversas motivadas por las condiciones de mercado es tarea costosa pero subsanable en el tiempo, pero que sea la propia Administración la que ponga impedimentos para cumplir sus propios mandatos, es algo a lo que este sector no se ha enfrentado nunca».
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