‘Guerra’ en el sector del aceite: industria y productores se enfrentan por la norma de retirada obligatoria
Cooperativas Agro-alimentarias y UPA se personan en el recurso presentado por industriales y envasadores contra la orden de comercialización del Ministerio de Agricultura
Nueva batalla interna en el sector del aceite de oliva y, una vez más, a cuenta del precio y su posible intervención por parte de las administraciones. El recurso contencioso-administrativo interpuesto la Audiencia Nacional por los operadores industriales y comercializadores (representados por Anierac y Asoliva), junto a Infaoliva y Almazaras Federadas de España, contra la norma de comercialización aprobada para la campaña 2025/2026 ha puesto en pie de guerra a Cooperativas Agro-alimentarias, que ha decidido personarse en el proceso judicial para defender el mecanismo puesto en marcha por el Ministerio de Agricultura.
«El recurso ha sido interpuesto con posterioridad a la resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios por la que se comunicaba que el mecanismo no sería aplicado en esta campaña, ya que no se dan las circunstancias de mercado que lo justifican», detalla Cristóbal Gallego, vicepresidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía y presidente de la sectorial de aceite de oliva de la federación.
Por eso, insiste, la demanda de los industriales «quiere tumbar el mecanismo en sí», algo a lo que se oponen rotundamente desde desde el sector oleícola. «Si en esta campaña no se va a aplicar, pues ya ha quedado claro que no va a haber el ‘súper cosechón’ que se esperaba en primavera, lo que buscan es perseguir su «eliminación estructural». «Están en contra de la herramienta para una regulación futura, y como red de seguridad para el sector productor», asegura Gallego.
No solo las cooperativas se han pronunciado: la organización UPA también ha anunciado que se personará en el proceso y acusan a los industriales de «un nulo respeto a la labor de los agricultores».
Requisitos para la retirada obligatoria
Cabe recordar que la Orden APA/1192/2025, la conocida como ‘norma de comercialización, publicada el 28 de octubre de 2025 en el BOE, establece los criterios para activar, en caso necesario, un mecanismo de regulación de la oferta mediante almacenamiento obligatorio (de hasta un 20% de la producción según el tamaño) con el fin de prevenir posibles distorsiones en el mercado por una sobreproducción. Según la orden, dicho mecanismo de retirada solo se aplicará cuando las existencias iniciales más la producción supere el 120% de media de las seis campañas anteriores.
«Nos costó meses de trabajo que se activase el mecanismo de retirada y, cuando por fin, hemos conseguido que las autoridades europeas lo amparen, incluidos los órganos de competencia, una parte del sector quiere echarlo por tierra», lamenta Gallego. Esta medida, avisan desde la federación, no solo «protege la rentabilidad de los agricultores en campañas con un excedente de aceite de oliva», sino que también «contribuye a la estabilidad del mercado» y, en última instancia, «beneficia también al consumidor».
«Si se llegase a aplicar la retirada obligatoria en unas circunstancias justificadas, permitiría que el producto retirado en años de alta producción pueda compensar eventuales déficits en campañas cortas», detalla Gallego.
No obstante, aunque solo sea una idea sobre el papel, y no se vaya a aplicar a esta campaña, no gusta a la industria que, en un comunicado, industriales y envasadores, en un comunicado conjunto, aseguran no estar en contra de la medida, sino de varios aspectos de su configuración que «podrían generar distorsiones competitivas en el mercado global frente a operadores de otros países». Además, insisten en que cualquier medida de intervención de mercado tiene que hacerse bajo «seguridad jurídica».
Posición de la CNMC
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también han advertido de los «perjuicios» que la norma de comercialización puede causar a los operadores y consumidores especialmente para los de rentas más bajas, insiste en un comunicado). En concreto, detalla que, aunque la normativa europea «permite estas medidas», pueden ser perjudiciales «al encarecer los precios y reducir la variedad y calidad del producto», al tiempo que insta a valorar otras alternativas, como el almacenamiento privado y los instrumentos de la ley de la cadena.
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