El sector oleícola insta a destinar el presupuesto del almacenamiento a promoción
Se pone en duda que la medida autorizada por Bruselas sirva para reactivar los precios y dar solución a los problemas de comercialización del aceite de oliva
El Grupo Popular en el Congreso, con la colaboración de la Caja Rural del Sur, ha organizado el Foro Ágora Rural, dedicado en esta ocasión a analizar los «Riesgos y Retos en el Mercado del Aceite de Oliva en España».
El encuentro ha sido inaugurado por el presidente de la entidad de crédito, José Luis García-Palacios y por la consejera andaluza de Agricultura, Carmen Crespo, quienes han resaltado el liderazgo mundial del aceite de oliva español, tanto en volumen como en calidad, pero pese a este dominio «España es incapaz de influir en los precios mundiales del mercado oleícola», invitando a los presentes a reflexionar sobre esta cuestión.
La consejera andaluza ha destacado que «el precio medio del aceite de oliva ha caído un 45% en los últimos cinco años» y «eso no hay quien lo aguante», ha enfatizado, por lo que ha señalado que «urgen medidas rápidas». La titular de Agricultura se ha referido a que «el campo andaluz y español está movilizándose por los bajos precios. También se están sucediendo manifestaciones en otros países de Europa, y nos da envidia ver cómo Gobiernos de otros países como Alemania ya han puesto los recursos encima de la mesa». Sin embargo, en España «hemos reaccionado tarde».
Almacenamiento privado del aceite
Crespo se ha referido al almacenamiento privado del aceite de oliva, una herramienta «que se ha aplicado tarde y mal», pues «la solicitamos en la reunión del Consejo Andaluz del Olivar celebrado en marzo, y llegó en octubre, con una primera y segunda licitación no exitosa y una tercera algo mejor, logrando retirar del mercado 171.000 toneladas entre las tres». A este respecto, ha exigido un Ministerio de Agricultura «con el suficiente peso dentro del Gobierno como para reclamar lo que los agricultores y ganaderos necesitan».
La utilidad del almacenamiento privado para resolver los problemas de comercialización del aceite de oliva se han puesto en duda en la Jornada, ya que «sólo aparta una cantidad de aceite durante seis meses, pero ese volumen vuelve después a salir al mercado», por lo que el presidente de Asoliva, Antonio Gallego, ha instado a que «los 20-30 millones que se van a invertir en el almacenamiento privado se destinen a promoción, bajo la gestión de la asociación interprofesional del aceite de oliva, en la que están representados productores, industriales y comercializadores».
Gallego ha criticado que lo que actualmente recauda la Interprofesional para promoción del aceite en los distintos mercados asciende «solo a 8 millones de euros», apostando por «promoción, promoción y promoción» como la única solución para protegerse de la volatilidad de los mercados.
Por su parte, Juan Luis Ávila, responsable regional del olivar de COAG, ha insistido en que es necesario «un plan serio de cómo invertir el dinero de la Interprofesional» y ha sugerido que hay que mirar también hacia el consumo interior.
Obligados a exportar
El director gerente de Oleoestepa, Álvaro Olavarría, ha señalado que dado que España produce una media de 1,3 millones toneladas y consume unas 500.000 toneladas, «estamos obligados a exportar aceite», preguntándose si el sector será capaz de comercializar a futuro «una producción mundial de 4 millones de toneladas».
Por su parte, Christian Gross, director de Área en la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, Extenda, ha señalado que «tenemos más de 50 mercados en los que se ha detectado oportunidades de negocio para el agro andaluz, donde el aceite de oliva es un sector estratégico». A este respecto, ha dejado claro que «las empresas deben estar preparadas para la exportación, teniendo claro cuál debe ser su hoja de ruta, ya que una mala planificación puede costar mucho dinero e incluso suponer el cierre de la empresa».
En cuanto a las dificultades de entrar en ciertos mercados como Estados Unidos, debido a los aranceles impuestos al aceite de oliva embotellado de origen español, el Grupo Popular ha exigido al Gobierno «que negocie y no sólo en Bruselas, sino también en Washington».
Otras ayudas al sector
Manuel Alfonso Torres, vicepresidente de Infoliva, ha señalado que una hectárea de olivar paga «entre un 28-30% de impuestos, aparte del IRPF». A este respecto ha afirmado que «con una política de fiscalidad baja se mueve la economía» instando a las administraciones a actuar en este sentido.
Algo en lo que ha coincidido José Calles, un joven agricultor olivarero, señalando que «una rebaja fiscal en estos momentos de crisis del sector, en el que los costes productivos supera a las ganancias es muy importante», subrayando que si el campo no es rentable «no será atractivo para los jóvenes, que se marcharán dejando vacíos los pueblos y no se logrará el tan necesario relevo generacional en las explotaciones».
Una demanda que la consejera, Carmen Crespo, no ha tardado en contestar, afirmando que «Andalucía ha solicitado al Gobierno central una rebaja del 100% para el olivar». Además, ha anunciado que «la orden para la integración empresarial saldrá en el primer trimestre de este año, con el objetivo de tener empresas más fuertes». Por último, se ha referido a la apuesta de la Junta por la integración de los jóvenes al campo, con la novedad de que podrán recibir el 25% de las ayudas con solo justificar el inicio del proceso de instalación.
Otra petición de los presentes a los políticos ha sido «que velen por el cumplimiento de la normativa actual, como la que prohíbe las aceiteras rellenables», y que en el debate de la autorregulación del sector del aceite se legisle para que la medida tenga carácter obligatorio y no voluntario. Por último se ha demandado más recursos para las Entidades Asociativas Prioritarias.
Andalucía, sola ante la PAC
La segunda parte de la Jornada ha estado centrada en la Política Agraria Común. A este respecto, la consejera de Agricultura ha señalado que, ahora que se está debatiendo la próxima reforma, es el momento de presionar para que contenga «mecanismos de mercado que permitan influir en los precios».
Andalucía ha instado al Ejecutivo central a «Estar en Bruselas, siguiendo los pasos que la Comisión Europea está dando» y presionando para «evitar recortes en el presupuesto que llegará a los estados miembros».
En cuanto a la negociación a nivel nacional, Carmen Crespo ya ha adelantado que «Andalucía estará sola porque el resto de comunidades autónomas pretenderán dar un bocado al cheque andaluz». Por eso «es necesario mantener el sistema de regiones productivas en 50 y no bajar a 5, como se ha propuesto, lo que nos parece una aberración».
Por su parte, presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra, ha señalado que «la UE no es consciente de la importancia agrícola de Andalucía» y se ha mostrado preocupado «por la nueva arquitectura verde de la PAC», ya que la negociación «está orientada hacia el ecologismo pero no hacia las necesidades de la producción agrícola y del mercado».
En este sentido, ha criticado de «absoluta insensatez» que el ‘Green Deal’ incluya el objetivo de una producción europea con cero pesticidas para 2030, lo que manifiesta «el total desconocimiento de la agricultura que existe entre los políticos que tienen que decidir sobre ella».
A este respecto, ha señalado que «las movilizaciones del sector agrario son una oportunidad para intentar poner a la opinión pública del lado del campo. Si no lo conseguimos, el futuro del sector primario estará seriamente amenazado».
La jornada fue clausurada por la portavoz popular de Agricultura en el Congreso de los Diputados, Milagros Marcos, quien ha criticado la amenaza de recorte a la ficha financiera de la PAC, «que empezó siendo el 66% del presupuesto de la Unión Europea y actualmente copa el 30%». A este respecto, ha lamentado «que no haya un Gobierno nacional con peso en Europa, que sea capaz de dialogar con otros países para lograr una reforma beneficiosa a los intereses de los agricultores españoles»
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