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Aceite de oliva / Jaime García
Luz verde en Bruselas

La retirada obligatoria de aceite de oliva, clave para recuperar precios

La pelota está ahora en España. El sector oleícola exige que la autorregulación esté lista para la próxima campaña que se inicia en octubre

6 julio 2020, 08:00

Retirada «obligatoria». Este es el adjetivo que podría cambiar por completo la difícil situación de precios que vive el sector del aceite de oliva a partir de la próxima campaña. La Unión Europea ha dado luz verde a introducir una herramienta de gestión de la oferta de aceite de oliva, que ya existe para otros sectores y que no tiene coste alguno para el presupuesto comunitario, en los reglamentos de transición de la Política Agraria Común (PAC).

Así, el documento, todavía provisional, introduce un nuevo artículo en la Organización Común de Mercados de productos agrarios, concretamente el 167 bis (el 167 regula el funcionamiento del mercado en el sector del vino) «con el fin de mejorar y estabilizar el funcionamiento del mercado común de aceite de oliva, incluido de las aceitunas de las que proceden».

Por tanto, «la Unión Europea da su visto bueno a los Estados miembros productores de aceite de oliva para regular la oferta oleícola. La pelota pasa ahora al Gobierno de España, quien tendrá que trabajar en desarrollar la normativa nacional», explica Cristóbal Gallego, presidente del Consejo Sectorial de Aceite de Oliva de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía.

Campaña 2020-2021

Las cooperativas oleícolas quieren que esta nueva herramienta esté disponible ya para la próxima campaña que arranca en el mes de octubre, aunque los tiempos son muy ajustados.
De hecho, es muy probable que hasta el mes de septiembre no se cierre el acuerdo definitivo del reglamento de disposiciones transitorias de la PAC, que depende de la aprobación del marco financiero plurianual 2021-2027 actualmente en discusión.

Por tanto, el Gobierno español contaría con apenas un mes para desarrollar toda la normativa de aplicación de esta herramienta para que pueda estar en vigor en octubre, regulando cuánta cantidad se podrá retirar, durante cuánto tiempo y cómo volverá ese aceite al mercado.

«Si algo positivo nos ha dejado la crisis del Covid-19 es la prueba de que los Reales Decretos se pueden sacar en una semana, pues con voluntad política todo es posible», apunta Gallego, quien añade que «desde Cooperativas Agro-alimentarias ya tenemos un trabajo avanzado en ese sentido y trasladamos al Ministerio nuestra total disponibilidad a colaborar».

La noticia supone «un gran hito» y jugará «un papel determinante para garantizar la rentabilidad del sector oleícola, que vive una de las peores crisis de su historia», destaca el sector cooperativo. Supone la retirada obligatoria para todos los operadores, y «esto es lo verdaderamente novedoso», subraya Cristóbal Gallego, pues «el resto de herramientas, como el almacenamiento privado del aceite de oliva que puede autorizar Bruselas cuando los precios del aceite lleguen a unos umbrales completamente obsoletos, pues llevan 20 años sin actualizarse, es de carácter voluntario», explica.

En este sentido, añade que «el artículo 167 bis permite que el stock lo repartamos entre todos», pues «no es lo mismo que todos los operadores nos quedemos con una parte de ese aceite sobrante por corresponsabilidad a que se lo queden sólo cuatro si la medida es voluntaria». Además, «no obliga a acuerdos en el seno de la asociación interprofesional del aceite de oliva», algo que estaba resultando difícil dado los distintos intereses sectoriales representados.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, aunque su objetivo siempre ha sido la autorregulación obligatoria, se venía trabajando en paralelo en una propuesta de retirada voluntaria por aplicación del artículo 209 del reglamento por el que se crea la Organización Común de Mercados de los productos agrarios, una medida «por la que unos operadores retirarían aceite del mercado y otros se beneficiarían, no resultando realmente eficaz salvo que haya ayudas interesantes que compensen a los que participen», comenta el presidente de la Sectorial de Aceite de Oliva.

Más apoyos

Por su parte, la consejera de Agricultura andaluza, Carmen Crespo, se ha sumado a la petición de las cooperativas oleícolas y ha solicitado al Gobierno central que defienda los intereses del sector del aceite de oliva español, reclamando para octubre la aplicación del nuevo artículo 167 bis.

«Es muy importante que podamos disponer de esta medida que hemos demandado todos desde Andalucía y que es una magnífica herramienta para el sector. Tenemos que dar un paso más y tenerlo a disposición con el inicio de la campaña 2020-2021, de manera que se permita regular la oferta como ocurre en el sector vitivinícola», subraya la consejera.

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