El arroz asiático pone en jaque a los productores del Guadalquivir
La importación masiva desde países libres de aranceles aboca a los arroceros a una caída agresiva precios
Los arroceros del Bajo Guadalquivir esperan este año una gran cosecha tras la sequía pertinaz que ha mermado la producción de este cultivo durante varias campañas. La ampliación de los permisos de riego hasta el 92% que autorizó la semana pasada la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir eleva la previsión también de cara a la próxima campaña para una siembra de la totalidad de la superficie que supera las 36.500 hectáreas (a las que se suman las casi 3.000 de la Laguna de Vejer). Ese fue el dato de 2019 que es el ejercicio de referencia que, con mucha probabilidad, se repetirá seis años después.
Sin embargo, las buenas previsiones se ven empañadas por una amenaza latente que es la feroz competencia del arroz asiático libre de aranceles que se importa en grandes cantidades tanto en España como en el resto de países de la Unión Europea. Estos productores reciben un trato preferente desde hace casi dos décadas a través de acuerdos comerciales entre los gobiernos y han convertido a Europa en uno de sus mercados preferentes. Así lo muestran las cifras de exportaciones que no han dejado de crecer, rondando las 500.000 toneladas en las tres últimas campañas.
Estos países emisores son principalmente Camboya y Birmania y hasta ahora esa importación no había afectado a los productores de la marisma del Guadalquivir porque las bajas cosechas habían mantenido los precios altos y hacían rentables las explotaciones. El problema vendrá en la próxima campaña cuando a la sobreproducción que se espera se sume la entrada masiva de arroz asiático, que al ser libre de aranceles y tener menores costes de producción, supondrá una competencia atroz.
Esa voz de alarma ya la dan desde la industria, que teme graves consecuencias económicas y sociales si se cumplen estos temores. Juan Parias, director de compras de Herba Ricemills, la división arrocera de Ebro Foods, recuerda que «ya hay precedente» cuando el crecimiento de las importaciones llegaron a afectar a la supervivencia del producto nacional y se pusieron cláusulas de salvaguarda. Por eso se muestra partidario de recuperar esas medidas de auxilio que no son más que la suspensión de exenciones arancelarias para que el arroz que se cultiva en Andalucía, Extremadura, el Levante y el Delta del Ebro siga siendo rentable.
Para entender la situación Parias propone un caso práctico: el precio actual del arroz blanco -esto es cosechado y tratado por la industria- procedente de Myanmar se sitúa por debajo de los 500 euros por tonelada entregado en Valencia, lo que equivale a un precio de arroz cáscara -sin tratar- en España de 290 euros por tonelada al agricultor. En estos niveles de precio, con los costes de producción actuales, el cultivo del arroz en España es inviable.
Los productores también están preocupados, como señala Eduardo Vera, gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla quien recuerda que «las últimas cláusulas de salvaguarda expiraron en 2022 y desde entonces estamos intentando que se vuelvan a activar porque de ello depende la supervivencia del cultivo». Su federación representa a los autónomos y cooperativas del sector en la provincia y se muestra convencido de que «si no se toman medidas a tiempo se puede arruinar no sólo una forma de vida, también un ecosistema, pues el cultivo del arroz es un sustento para la avifauna de Doñana». Vera aclara que es la Comisión Europea la que tiene que dar un paso al frente y en eso «todos tenemos que ir de la mano para defender el sector arrocero».
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