España bloquea un herbicida esencial mientras Europa lo autoriza
El sector arrocero andaluz denuncia el bloqueo del Gobierno al uso de fitosanitarios clave mientras otros países europeos sí los autorizan
Las organizaciones agrarias Asaja Andalucía, Cooperativas Agroalimentarias y la Federación de Arroceros de Sevilla han enviado una carta al Director General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Valentín Almansa, en la que denuncian la negativa del Gobierno español a autorizar el uso excepcional del herbicida AURA (Profoxidim 20%), un producto que sí ha sido permitido en países europeos y vecinos de España como Italia y Portugal para combatir las malas hierbas en los arrozales.
La situación preocupa especialmente en zonas como las Marismas del Guadalquivir (Sevilla) y la antigua Laguna de la Janda (Cádiz), donde la campaña arrocera 2025 está a punto de comenzar. La falta de alternativas eficaces y la creciente resistencia de las gramíneas más problemáticas (como Echinochloa y Leptochloa) ha dejado al cultivo sin herramientas viables de protección.
«Estamos quedándonos sin materias activas. Las grandes casas comerciales no invierten ya en Europa porque la UE les impone tal cantidad de trabas que no merece la pena ni intentar renovar productos», ha declarado Eduardo Vera, director gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla.
Vera critica la rigidez de Sanidad Vegetal en España, a la que acusa de aplicar la normativa europea «de forma más estricta que nadie, sin dar explicaciones y sin contemplar soluciones transitorias como sí hacen nuestros vecinos». En su opinión, el Ministerio se limita a prohibir sin ofrecer alternativas, ignorando las consecuencias económicas, sociales y medioambientales que ello implica.
La solicitud de uso excepcional del herbicida AURA —con el objetivo de proteger unas 3.200 hectáreas de cultivo en Andalucía— no es nueva. El producto, utilizado durante años, dejó de estar autorizado tras cambios regulatorios en la UE. Sin embargo, países como Italia y Portugal han aprobado su empleo puntual en vista de su efectividad y la falta de sustitutos reales. En cambio, en España, según Eduardo Vera, la respuesta ha sido tan negativa como tajante: «No, porque no. Y sin dar ninguna explicación».
Además del caso de AURA, otros productos fundamentales como el Nominee también han desaparecido sin relevo, y la falta de un fungicida para tratar la semilla —vital en zonas de siembra inundada como Valencia y Sevilla— agrava la situación. «Esa ausencia puede suponer pérdidas de entre 2.000 y 4.000 kilos por hectárea».
«Estamos hartos de advertirlo: si seguimos así, acabaremos con el cultivo del arroz en Europa. Esto no es solo una cuestión agronómica, afecta también a los humedales y a la biodiversidad asociada, especialmente en zonas como Doñana», afirma Vera.
Los arroceros recuerdan que el arrozal andaluz no solo tiene un valor productivo, sino también medioambiental. «Nos dicen que hay que proteger los humedales, pero al mismo tiempo nos prohíben los productos que nos permiten conservarlos vivos. Es una política llena de contradicciones». El sector pide al Ministerio una reacción que sea tanto urgente como coherente. En juego, aseguran, está no solo la viabilidad del cultivo, sino también el futuro de las zonas rurales, la soberanía alimentaria y el cumplimiento de los principios de la PAC.
Mientras el arroz andaluz lucha por sobrevivir en un entorno regulatorio cada vez más hostil, los productores insisten en que no se trata solo de un problema agrícola, sino de una amenaza directa al tejido socioeconómico rural y al equilibrio ambiental de zonas clave como las marismas del Guadalquivir o la Laguna de la Janda. «No pedimos privilegios, pedimos coherencia», zanjan desde el sector, que exige al Ministerio una respuesta urgente antes de que el cultivo desaparezca y con él, parte del patrimonio agrícola y ecológico del sur de Europa. La negativa reiterada del Gobierno, frente a la flexibilidad mostrada por otros países europeos, agrava una sensación de abandono institucional. El tiempo corre, y sin soluciones inmediatas, el arroz andaluz podría convertirse en una víctima más de la política agrícola europea.
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