El Congreso otorga más días para contratos agrarios temporales
El sector agrario podrá usar hasta 120 jornadas reales al año, en lugar de las 90 anteriores
El Congreso de los Diputados ha aprobado una modificación legal que supone un cambio significativo en la regulación de la contratación temporal en el sector agrario. A través de la Ley 1/2025, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, se ha introducido una reforma en el artículo 15.2 del Estatuto de los Trabajadores que permite a las empresas del sector agrario y agroalimentario utilizar contratos temporales por circunstancias de la producción durante un máximo de 120 jornadas reales al año, frente a las 90 jornadas anteriormente permitidas.
Esta modificación responde a una reivindicación histórica del sector, que durante la negociación de la reforma laboral de 2022 ya solicitó una regulación adaptada a la estacionalidad, temporalidad y condiciones específicas del trabajo al aire libre. Aunque inicialmente se reconoció la posibilidad de aplicar este tipo de contratos al campo, en la práctica, algunas inspecciones de trabajo limitaron su uso, generando inseguridad jurídica para las empresas. Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores) ha liderado una intensa labor de interlocución que finalmente ha dado fruto con el respaldo parlamentario a esta nueva regulación, apoyada por partidos como Junts, Vox y PP.
Con esta nueva redacción, se especifica que estos contratos podrán utilizarse para cubrir campañas agrícolas previsibles y de duración limitada, siempre que no superen las 120 jornadas reales en el año natural. La norma aclara que el cómputo será por jornadas efectivamente trabajadas, lo que supone una mejora frente al sistema anterior, donde se computaban todos los días del contrato, incluyendo aquellos en los que no se trabajaba por causas meteorológicas, como lluvias o heladas, tan habituales en el sector.
Además, la normativa establece que los 120 días no podrán utilizarse de forma continua en un único contrato, sino que deberán destinarse a diferentes campañas o actividades a lo largo del año. Cada contrato deberá detallar la campaña específica que se va a cubrir, así como una estimación de su duración. Esta flexibilidad permite a las empresas adaptarse mejor a la realidad cambiante del campo, donde las condiciones naturales pueden alterar significativamente los calendarios de trabajo.
La ley también impone nuevas obligaciones en lo que a planificación se refiere. Durante el último trimestre del año, las empresas deberán informar a la representación legal de las personas trabajadoras sobre su previsión anual del uso de estos contratos. Asimismo, se recuerda que los convenios colectivos pueden establecer regulaciones específicas adicionales, que deberán ser tenidas en cuenta por cada empresa.
La entrada en vigor de esta medida supone también una mayor coherencia entre la normativa laboral y la realidad del trabajo en el campo, especialmente en lo relativo al cómputo de las jornadas. Anteriormente, la ambigüedad legal permitía interpretaciones restrictivas que perjudicaban a las explotaciones agrarias, al contabilizar como trabajados días en los que, por inclemencias del tiempo, no se podía realizar actividad alguna. Con la nueva regulación, se introduce el concepto de ‘jornadas reales’, mucho más adecuado para un sector sujeto a variaciones constantes por causas ajenas a la empresa.
El sector agrario ha celebrado esta reforma como un paso necesario para garantizar su viabilidad y competitividad. Desde organizaciones agrarias como Asaja se insiste en que esta nueva herramienta facilitará la contratación de trabajadores de forma legal y ordenada, sin forzar interpretaciones o caer en la incertidumbre jurídica. No obstante, también se reclama una aplicación homogénea en todo el territorio y un seguimiento claro por parte de la Inspección de Trabajo para evitar disparidades en la interpretación de la norma. Con esta medida, el Gobierno central pretende también contribuir a una mejor gestión de las campañas agrarias y a una reducción del desperdicio alimentario, al facilitar mano de obra suficiente en los momentos clave de producción.
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