
Juan Luis Ávila: «Los olivareros han perdido ya más de 626 millones de euros»
Un estudio de las universidades de Jaén y Córdoba y el IFAPA apunta a márgenes injustificables entre el precio real y el estimado en origen del AOVE, lo que podría vulnerar la ley de competencia
Juan Luis Ávila, responsable del sector del olivar en COAG, alerta de posibles prácticas especulativas en el mercado del aceite de oliva de virgen extra. A pesar de la escasa producción, los precios en origen se sitúan muy por debajo del nivel justo. Un estudio técnico revela un desfase de más de 2 €/kg. COAG presentará una denuncia formal ante la CNMC el 13 de mayo de este año.
– ¿Qué indicios encuentran en el mercado de un pacto de precios para pedir este estudio a instituciones tan prestigiosas como las universidades de Córdoba y Jaén y el Ifapa?
Desde COAG llevábamos tiempo advirtiendo que el comportamiento del mercado del aceite de oliva virgen extra no se correspondía con las leyes básicas de oferta y demanda. A pesar de una producción limitada y una demanda estable, el precio medio en origen se ha situado en torno a los 3,5 €/kg, muy por debajo del precio estimado por el estudio independiente que hemos encargado, el cual indica que el AOVE debería cotizar entre 5,55 y 6,14 €/kg, en función del volumen final de producción. Este desfase injustificado de más de 2 €/kg es lo que nos lleva a sospechar que podría estarse vulnerando el mercado, bien mediante acuerdos de precios o prácticas desleales por parte de ciertos operadores. Era imprescindible contar con el rigor técnico y la objetividad de las Universidades de Jaén y Córdoba y del IFAPA para poner números a esta situación y sustentar una denuncia formal con base científica.
– ¿Cómo se ha llevado a cabo este estudio y sobre quiénes se ha puesto el foco?
El estudio ha sido desarrollado por un equipo de investigadores de la Universidad de Jaén, la Universidad de Córdoba y el IFAPA, con una metodología basada en la aplicación de un software avanzado de detección de desequilibrios de mercado. Se han considerado tanto los datos reales de producción de la campaña 2023/2024 como los aforos previstos para 2024/2025. El foco del análisis ha estado en la evolución del precio en origen del AOVE y su comparación con los valores estimados de equilibrio según el contexto del mercado. Esta comparación ha permitido identificar márgenes injustificables entre el precio real pagado a los productores y el valor de mercado estimado, apuntando a un posible desequilibrio provocado intencionadamente.
– ¿Qué perjuicio se hace a los olivareros con este tipo de prácticas?
El perjuicio económico es devastador. Solo entre octubre y marzo, se han perdido más de 626 millones de euros debido a la diferencia entre el precio real (4,49 €/kg) y el estimado (5,55 €/kg). Pero la situación se ha agravado: actualmente, con un precio medio en origen en torno a los 3,5 €/kg, si se mantiene esta tendencia durante la campaña 2024/2025, los olivareros podrían dejar de percibir hasta 2.800 millones de euros. Esto supone pérdidas diarias de más de 8,6 millones de euros. En la práctica, se está minando la sostenibilidad económica de miles de explotaciones familiares, que forman parte del tejido rural y productivo de nuestro país.
– Si se demuestra que ha habido un pacto de precios, ¿cuáles cree que pueden ser las consecuencias?
De confirmarse que se ha producido un pacto de precios o cualquier práctica que restrinja la competencia, estaríamos ante una infracción grave de la legislación vigente. En concreto, la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, en su artículo 1.1, prohíbe expresamente los acuerdos entre empresas que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear la competencia, incluyendo expresamente los pactos de fijación de precios y el reparto de mercados. Las consecuencias legales podrían ser muy serias, con sanciones económicas importantes y posibles actuaciones judiciales. Por eso, COAG va a presentar el próximo 13 de mayo una denuncia formal ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), solicitando una investigación urgente. No podemos permitir que la especulación continúe dominando un sector vital como el del aceite de oliva. La ley debe aplicarse con contundencia para restablecer un funcionamiento justo y transparente del mercado.
– ¿Qué se puede hacer para evitar las prácticas especulativas con el aceite de oliva?
En primer lugar, es fundamental que se aplique con rigor la Ley de la Cadena Alimentaria, que prohíbe explícitamente la venta por debajo de los costes de producción y establece la necesidad de precios justos y transparentes para todos los eslabones de la cadena. Pero también es imprescindible activar herramientas que ya existen y que, sin embargo, están paralizadas. Hablamos, por ejemplo, de la norma de almacenamiento prevista en el artículo 167 bis de la Organización Común de los Mercados Agrarios (OCMA) de la UE, cuya ejecución aprobó el Consejo de Ministros en febrero de 2021 mediante Real Decreto. Desde entonces, esta medida permanece congelada. Esta norma permite al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ordenar, de manera obligatoria para todos los productores, la retirada temporal de producto del mercado cuando existan desequilibrios graves como el actual. Su activación sería clave para estabilizar el mercado y evitar los hundimientos de precios provocados por prácticas especulativas.
Además, es necesario mejorar la transparencia en toda la cadena de valor: acceso público a los datos de producción, existencias, precios y comercialización. También debemos reforzar el papel de los productores a través del impulso a estructuras colectivas de comercialización, contratos estables y la generación de herramientas como el estudio técnico que hemos presentado, que aporta datos objetivos y contrastados frente a la manipulación del mercado. Y, por supuesto, exigir que se cumpla también la Ley de Defensa de la Competencia, cuando haya indicios de acuerdos ilegales entre operadores. Solo con una intervención decidida y coordinada, basada en leyes ya existentes, podremos acabar con la especulación que hoy asfixia al sector oleícola.