Denuncian la mercantilización del agua en el Altiplano de Granada y exigen una gestión pública del recurso
COAG Altiplano de Granada alerta sobre la proliferación de transacciones privadas de agua al margen de la transparencia y el control institucional
La venta de derechos de uso del agua mediante acuerdos privados vuelve a estar en el punto de mira en el Altiplano granadino. Con la llegada del verano y el inicio de la campaña de riegos, crece la preocupación por prácticas ilegales que convierten un recurso esencial en un instrumento de especulación económica, en una comarca especialmente vulnerable desde el punto de vista ambiental y socioeconómico.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) del Altiplano de Granada ha alzado la voz para exigir que el agua se gestione como un bien público, protegido del libre mercado. «No vamos a permitir que estas prácticas vuelvan a producirse en nuestro territorio», ha afirmado Clara Torreblanca, responsable de la organización, quien denuncia que «el agua se está utilizando con fines comerciales, sin tener en cuenta el impacto sobre el territorio ni el derecho colectivo a su uso».
Las operaciones cuestionadas se amparan en la figura legal de la «cesión de derechos al uso privativo del agua», recogida en la Ley de Aguas, pero COAG advierte que su aplicación carece, en muchos casos, de los principios de participación pública, evaluación de impactos y transparencia que sí exige la normativa para otros mecanismos, como los centros de intercambio de derechos.
Desde la organización agraria se advierte del riesgo de que estas transacciones generen mercados paralelos del agua, alejados del interés general y propiciando desigualdades en el acceso a un bien esencial. «No puede ser que en nuestra comarca se permitan estas operaciones como si nos sobrara el agua», señala Torreblanca.
COAG hace un llamamiento a las comunidades de regantes y a las instituciones competentes para que extremen el control sobre este tipo de prácticas y apuesten por una gestión pública, transparente y responsable del agua. «Es un bien común y no puede quedar a merced de intereses particulares», concluyen.
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