España unifica criterios y flexibiliza la vacunación de la Lengua Azul
El país será una única zona sanitaria, facilitando el movimiento de animales y eliminando barreras comerciales
El sector ganadero español ha logrado un importante avance tras el acuerdo alcanzado entre la Consejería de Agricultura y los representantes del sector en relación con la gestión de la lengua azul, una enfermedad que afecta principalmente a rumiantes y que, aunque no tiene impacto en la salud humana ni en la calidad de la carne, había generado importantes barreras comerciales y complicaciones logísticas en los últimos años. Este nuevo consenso supone una unificación de criterios a nivel nacional, simplificando los movimientos de animales dentro de España y estableciendo un marco más flexible para la vacunación.
Hasta ahora, la diversidad de normativas entre comunidades autónomas dificultaba enormemente el traslado de ganado. Según José Manuel Roca, responsable de ganadería de Asaja Sevilla, el sistema anterior implicaba una compleja combinación de restricciones basadas en diferentes serotipos del virus y en las zonas de origen y destino de los animales. Este escenario, que Roca describe como «un galimatías», provocaba que los ganaderos tuvieran que cumplir con normativas específicas dependiendo del punto de partida y del destino, multiplicando los requisitos sanitarios y paralizando, en muchos casos, el mercado interno.
El acuerdo alcanzado establece que España pasará a considerarse una única zona sanitaria frente a la lengua azul, eliminando las divisiones por comunidades autónomas y aplicando una normativa unificada para todo el país. A partir de la implementación de este cambio, prevista para abril, todo el territorio español operará bajo los mismos criterios, con los serotipos 1, 3, 4 y 8 como referencia. Esta medida permitirá que los movimientos de animales sean completamente libres, siempre y cuando los animales no presenten síntomas de la enfermedad, independientemente de la región de origen o destino.
Otro de los puntos clave del acuerdo es el cambio en la política de vacunación. Hasta ahora, la vacunación era obligatoria en varias zonas del país, lo que generaba problemas en ciertos momentos, como el ocurrido este año, cuando muchos ganaderos tuvieron que vacunar a sus animales en condiciones inadecuadas, como en el caso de ovejas preñadas o animales con viremia activa. Esto no solo complicaba la gestión en las explotaciones, sino que, en ocasiones, podía tener consecuencias negativas, como abortos o problemas sanitarios mayores.
En cuanto al mercado internacional, la situación presenta mayores retos. Países como Marruecos, uno de los principales destinos de las exportaciones de ovino, mantienen estrictos requisitos de vacunación, exigiendo que los animales estén inmunizados contra todos los serotipos presentes en la región de origen. Esta exigencia se enmarca más en intereses comerciales que en fundamentos epidemiológicos, según señaló Roca, pero sigue siendo un obstáculo importante para las exportaciones españolas.
En este contexto, la Consejería de Agricultura se ha comprometido a garantizar la disponibilidad de vacunas para los serotipos 1 y 4, mientras que los ganaderos deberán adquirir las correspondientes a los serotipos 3 y 8, con la promesa de compensaciones parciales a través de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS) en 2025. Aunque el sector valora positivamente esta medida, también ha planteado la necesidad de que las administraciones trabajen con mayor previsión para evitar los retrasos que han caracterizado la adquisición de vacunas en el pasado. Según Roca, los procedimientos administrativos actuales, que pueden tardar hasta siete meses en completarse, deben ser revisados para garantizar una respuesta más ágil a las necesidades del sector.
El acuerdo supone un avance clave para el mercado ganadero al unificar criterios y eliminar barreras que dificultaban ampliamente el movimiento de animales. Asaja Sevilla confía en que esta medida, fruto de años de demandas, beneficie tanto al mercado interno como a las exportaciones, aunque advierte de la necesidad de evaluar su impacto a largo plazo.
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