Por encima de la normativa laboral y de la falta de competitividad, los impagos y la falta de financiación son los problemas que han herido de muerte al tejido empresarial español. Casos flagrantes de empresas que serían rentables en cualquier país del mundo y que en España tienen que echar el cierre y despedir a todos sus empleados porque, sencillamente, nadie les paga. Estas empresas a su vez no pueden pagar a otras y el cáncer se extiende, provocando una situación de difícil arreglo. Aquí no hay brotes verdes.
Un ejemplo de esta situación, aunque tan sólo es uno más, lo tenemos en la empresa madrileña PSP. El dominical económico de ABC, EMPRESA, fue testigo hace año y medio de la difícil situación a la que los impagos, muchos de ellos de ayuntamientos, la estaban llevando. En aquel diciembre de 2008 PSP tenía 150 empleados, aunque su fundador y dueño, Pablo Sanz, ya se olía lo que le venía encima. Este redactor volvió a encontrarse con el joven empresario (fundador de la compañía hace 20 años) a principios de año, y la situación era aún mucho peor, la plantilla se había quedado en un tercio y los impagos habían aumentado escandalosamente.
Pablo Sanz ya aventuraba entonces un final trágico para su empresa, que por cierto pertenece al sector de la construcción, aunque nunca ha hecho una sola vivienda sino que se dedica a obras públicas, asfaltado, parques y jardines y todo tipo de servicios públicos. Un negocio que siempre ha ido bien y que ahora sufriría, como es lógico, por el «tijeretazo» de gasto público, aunque el problema para PSP no viene por una tijera sino por la morosidad.
«Nos deben 1,4 millones de euros y en los últimos cuatro meses no ha entrado ni un céntimo en nuestra caja. Nuestros clientes ya no pagan, ninguno. De estos 1,4 millones de euros tenemos esperanza de recuperar 400.000, aunque el millón de euros posiblemente nunca vuelva. Algunos de los morosos estarán en Caimán o en Seychelles, mientras que yo tengo que cerrar la empresa». Pablo posiblemente tenga que vender hasta su coche para pagar las deudas que ahora tiene, pero también duele pensar en las 150 familias, muchas de ellas inmigrantes, que se han quedado sin trabajo con la ruina de PSP en estos dos años de tragedia.
Impunidad
La impunidad de la que disfrutan los clientes que dejan sus obras o trabajos sin pagar es quizás lo que más duele en este caso. «Si nosotros denunciamos ahora a una empresa que nos debe dinero, a lo mejor nos dan día y hora para el 2016, pero nosotros necesitamos nuestro dinero ya», decía el empresario en 2008. Para una empresa a la que se le debe dinero, sin duda la administración supone una traba más que un inconveniente.
Por ejemplo, PSP (que tiene previsto solicitar el concurso de acreedores en unas dos semanas) siempre ha trabajado en su mayoría para pequeños ayuntamientos, sobre todo de la zona de la sierra de Madrid. Estos pequeños municipios han emprendido obras que, en buena parte, ahora no pueden pagar. Son el inicio de una cadena de morosidad que nunca debiera empezar desde el propio Estado. El cobro en estos casos es legalmente más fácil, aunque como dice el empresario, «cuando llegue a cobrar ciertos trabajos de mi empresa no quedará nada».








