Casi dos años después de que Wall Street estuviera a punto de despeñarse por un precipicio de abusiva especulación, negociadores de la Cámara Baja y del Senado de Estados Unidos consiguieron al amanecer del viernes ponerse de acuerdo en los detalles de la reforma del sistema financiero impulsada por la Administración Obama. Unas nuevas reglas del juego que se presentan como el cambio más sustancial para la banca americana desde la gran crisis de 1929.
El consenso parlamentario en Washington se ha materializado justo a tiempo para que el presidente Obama pueda presentarse con los deberes más o menos hechos en la contenciosa cumbre del G-20 convocada para este fin de semana en Toronto. Antes de partir para Canadá, el ocupante de la Casa Blanca ha celebrado su segunda gran victoria legislativa tras la reforma sanitaria. A su juicio, las nuevas reglas contienen “un 90 por ciento” de lo que él quería, incluso tras las concesiones realizadas para llegar a un acuerdo en el Congreso.
“Todos hemos visto lo que pasa cuando existe una inadecuada supervisión e insuficiente transparencia en Wall Street”, afirmó el presidente. Sin dejar de reiterar que el objetivo fundamental de este proyecto legislativo de casi dos mil páginas es introducir una necesaria dosis de responsabilidad en la industria de las finanzas y la banca para “prevenir otra crisis como de la que todavía nos estamos recuperando”.
A la hora de aplicar las dolorosas lecciones aprendidas durante la crisis del “suprime”, el nuevo marco legal para Wall Street incluye desde una profunda reestructuración de los poderes de control hasta mayores protecciones para los consumidores de productos financieros, en parte a través de una nueva agencia con amplios poderes.
Además, la legislación impone mayores requisitos de capitalización a la banca y facilitará la liquidación de instituciones en apuros que hasta ahora han sido rescatadas bajo el argumento de ser “demasiado grandes para caer”.
Además, la legislación impone mayores requisitos de capitalización a la banca y facilitará la liquidación de instituciones en apuros que hasta ahora han sido rescatadas bajo el argumento de ser “demasiado grandes para caer”.
Entre los aspectos más polémicos del acuerdo alcanzado tras un último maratón negociador de veinte horas sin descanso destaca la limitación impuesta a las operaciones especulativas de los bancos con sus propios fondos. Requisito conocido como “regla Volcker”, por haber sido impulsada por Paul Vocker, el ex presidente de la Reserva Federal.
La reforma también impondrá una supervisión más estrecha del mercado de derivados, pero no en los estrictos términos contemplados en un principio. Ya que como resultado del tira y afloja parlamentario, los bancos tendrán que prescindir y segregar únicamente los derivados más especulativos. Aunque seguirán con el lucrativo negocio de especular con tipos de interés e incluso también con los seguros contra riesgo de impago (los notorios “crédit default swaps”).
La Reserva Federal también aumentará su capacidad de supervisión y será sometida a los mayores niveles de transparencia en sus 96 años de historia. Este aluvión de cambios también afectará a la industria de las agencias de calificación de crédito, que se verán sometidas al dictado de una nueva entidad casi gubernamental para dirimir sus polémicos conflictos de intereses. Además de abrirse la puerta a querellas de inversores perjudicados en casos de negligencia.
Para financiar los costes de esta ambiciosa reforma, los negociadores se han puesto de acuerdo en imponer una tasa sobre las instituciones bancarias que tengan activos superiores a los 50.000 millones de dólares. Presión fiscal que también se extenderá a los fondos de inversión no convencionales (“hedge funds”) y que aspira a lograr una financiación especial de 19.000 millones de dólares en el plazo de diez años.
La industria americana de las finanzas y banca, que ha realizado un costoso esfuerzo de “lobby” para evitar estas nuevas reglas, anticipa que todo este nuevo marco legal puede suponerle un recorte de hasta el 20 % en sus beneficios. Pero como ha indicado el senador Christopher Dodd, presidente del Comité de Banca de la Cámara Alta, se ha necesitado de una gravísima, contagiosa y multimillonaria crisis para superar la asignatura pendiente de mejores regulaciones financieras en la mayor economía del mundo.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos no ha perdido tiempo en denunciar el acuerdo sobre la reforma, reprochando que no se ocupa de las verdaderas causas de la crisis y que impone nuevas capas de burocracia sobre un sistema desfasado. Según ha indicado su presidente, Thomas Donohue, “los consumidores pagarán el precio final en forma de comisiones más altas, menos opciones y mermadas oportunidades para hacer de forma responsable al crédito”.
A partir de ahora, el laberíntico proceso legislativo de Estados Unidos requiere que las dos Cámaras del Congreso ratifiquen en los próximos días el proyecto negociado por una selección “ad hoc” de 43 diputados y senadores con un mínimo respaldo por parte de la minoría republicana. El calendario parlamentario que controlan los demócratas aspira a que el presidente Obama pueda firmar y promulgar la reforma financiera antes de la patriótica festividad del 4 de julio.
