LA huelga del miércoles llegará después de que la crisis haya «engordado» las listas del paro en la provincia con 29.000 personas más desde finales de 2007, cuando el ciclo virtuoso de la economía se esfumó. En el país, en ese periodo, se contabilizaron 1,8 millones de desempleados más.
Suficiente para que el Gobierno central haya aprobado una reforma laboral para impulsar la creación de empleo y la contratación fija, de forma que disminuya el gran peso de las vinculaciones temporales, que en el caso de Córdoba es abrumador.
Sin embargo, UGT y CC.OO. se oponen a los cambios. Entre ellos, destacan la nueva formulación del despido objetivo. La empresa podrá alegarlo si acredita pérdidas actuales o previstas o disminución persistente de sus ingresos (la indemnización será de 20 días por año trabajado). También es otro punto clave la generalización del contrato de fomento para la contratación indefinida, con una compensación por despido de 33 días por año trabajado (frente a los 45 hasta ahora habituales).
Por ello, han convocado un paro general. En la provincia, ambos sindicatos ya han advertido de que dicha reforma laboral precarizará aún más el mercado de trabajo y aumentará el desempleo. Es de desear que quien tenga razón sea el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y que las variaciones introducidas sirvan para reflotar la situación crítica en la que la recesión ha sumergido a Córdoba.
Y es que en diciembre de 2007, según el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), había 49.963 parados en la provincia. A fecha del pasado mes, eran ya 78.994. Son 29.031 más, lo que supone un alza del 58%.
Precedentes de piquetes
Los desastres de la crisis son evidentes también al analizar la Encuesta de Población Activa (EPA). Según este barómetro del INE, en el último trimestre de 2007, en Córdoba, 15 de cada 100 personas que querían trabajar no hallaban empleo. Ahora, son ya un 29% de ciudadanos los que se encuentran en esa situación mientras ese porcentaje en España también se disparó, pero está en niveles más bajos —del 8,6% ha saltado al 20,1%—.
El parón económico ha destruido, además, en algo más de dos años y medio 21.373 puestos de trabajo en la provincia, ya que los afiliados a la Seguridad Social han descendido un 6,9%.
Y la recesión ha hecho que firmar un contrato indefinido por estos lares haya pasado de ser complicado a convertirse en una odisea. Las vinculaciones fijas van camino de sumar su cuarto año seguido de caída y son cada vez más una «rara avis».
En lo que va de ejercicio (hasta agosto), del total de contratos formalizados, sólo supusieron el 2,5%, a mucha distancia del porcentaje nacional (8,5%) y lejos del peso alcanzado en 2007 en Córdoba, cuando cuatro de cada cien vinculaciones fueron indefinidas.
Con estos negros mimbres, UGT y CC.OO. deberían tener encarrilado el éxito del paro del 29-S, al que están convocados, sobre todo, los 218.100 asalariados que hay en Córdoba. Pero, las grandes centrales sindicales no parecen tenerlas todas consigo por muchos factores: su predicamento en la sociedad ha caído mucho; su imagen está tocada últimamente por las dudas que ha desatado su falta de transparencia con los liberados; y la convocatoria se ha realizado casi pidiendo perdón al Gobierno, con el que han mantenido una excelente relación —«La huelga es una gran putada», llegó a disculparse Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones—.
Como en todas las citas de este tipo, en el aire está el temor de que UGT y CC.OO. se apoyen en los piquetes para «engordar» artificialmente el respaldo al paro. No en vano, CECO ya les ha exigido que el 29-S respeten el derecho al trabajo.
No debe extrañar esta petición si se recuerda lo sucedido en la última huelga general en la capital (20 de junio de 2002). Ese día, los piquetes paralizaron los servicios mínimos de los autobuses municipales, dejaron desabastecida la ciudad al bloquear Mercacórdoba y obligaron a comercios del Centro a echar la persiana. No hubo ni una voz de autocrítica en los sindicatos por estas prácticas.
ABC ha intentado contactar con el subdelegado del Gobierno, Jesús María Ruiz, para conocer el dispositivo de seguridad diseñado para el 29-S. Fuentes oficiales de la Subdelegación sostuvieron que dicho dispositivo «no se puede detallar, porque no es oportuno. No son datos para hacer públicos». Sí indicaron que el Ejecutivo trabajará para que en Córdoba se respeten el derecho a la huelga y al trabajo.
