Los tres grupos políticos en el Ayuntamiento, PP, PSOE e IU, han exigido al Gobierno de la nación que ponga en marcha, en el plazo de un mes, una línea de créditos ICO con los que poder hacer frente a las deudas que mantienen con los proveedores. Esta línea de crédito estaba prevista e la Ley de 5 de julio de medidas contra la morosidad, pero en agosto el presidente Rodríguez Zapatero anunció que no lo cumplirían. Hace unas semanas, el pleno del Congreso, también por unanimidad, instó al Gobierno de la nación a cumplir con la ley, algo a lo que ahora se suma la Corporación municipal madrileña. El Ayuntamiento de Madrid adeuda en la actualidad 289 millones de euros a sus proveedores, a los que está pagando con un retraso de 9 meses.
El concejal de Hacienda, Juan Bravo, ha explicado que lo que piden, tanto él como el resto de los ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios, es «ecuanimidad»: gran parte de la deuda del Estado y las comunidades autónomas se gasta en el pago de servicios, pero a los municipios la ley no les permite esa medida. Es por eso que empresas como las de la limpieza viaria habían anunciado días atrás su intención de no pagar a sus empleados dado el retraso acumulado en el cobro de sus servicios al Ayuntamiento. Una medida que Bravo criticó: «No deben poner a los trabajadores como punta de lanza».
Daniel Morcillo, concejal de IU, fue más claro: «El Gobierno ha engañado a los municipios al retrasar una y otra vez sus prometidos cambios del modelo de financiación local». Bravo, por su parte, recordó que por ley el ahorro del 5 por ciento en las nóminas de los funcionarios municipales «hay que aplicarlo a pagar por anticipado deuda, pero sólo para los ayuntamientos». Tampoco pueden utilizar pólizas de crédito a corto porque «nos obligan a tenerlas canceladas a 30 de diciembre». Y por último, «se nos ha denegado la posibilidad de refinanciar la deuda que venció en 2009 y vence en 2010, cuando el Gobierno de la nación y las comunidades autónomas pueden hacerlo».
