El Tribunal de Cuentas investiga las obras adjudicadas a la empresa Proinosa, implicada en el «caso Pretoria» de presunta corrupción urbanística, en la época en que el ministro de Trabajo y número tres de la lista del PSC para las elecciones autonómicas, Celestino Corbacho, era alcalde de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Fuentes de esta institución, encargada de fiscalizar las cuentas de las administraciones públicas, confirmaron a ABC la apertura de las diligencias preliminares A-130/10 a raíz de una denuncia presentada por el portavoz del PP en el Ayuntamiento de la citada localidad, Juan Carlos del Río, después de que trascendieran las investigaciones que la Audiencia Nacional llevaba a cabo en varios municipios de la provincia de Barcelona por supuestos delitos urbanísticos en los que, entre otros inculpados, aparece el ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), el socialista Bartomeu Muñoz, y los dos ex altos cargos de CiU durante el Gobierno de CiU, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta.
Perjuicio municipal
Una de las empresas investigadas es Proinosa, que tras suspender pagos, se ha reconvertido en Altiare. Se da la circunstancia de que, cuando Corbacho era alcalde de L'Hospitalet y su sucesora en el cargo, Núria Marín, era presidenta de la sociedad privada municipal L'H 2010, el Consistorio adjudicó varios contratos a Proinosa, empresa a la que no se aplicó ninguna penalización por los retrasos producidos —que en algunos casos llegaron a 17 meses—, tal como contempla la ley, con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales.
Tras analizar la denuncia del PP, el ministerio fiscal indicó en un escrito remitido al Tribunal de Cuentas que «los hechos son, indiciariamente al menos, constitutivos de responsabilidad contable, porque de la documentación aportada se deduce, con claridad y concreción suficientes, la realización de actos contrarios a la ley, como son la falta de imposición de penalizaciones por incumplimientos de contratos atribuibles a los contratistas». Los contratos examinados por el Tribunal de Cuentas corresponden al proyecto de mejora de colectores de varias calles de L'Hospitalet; a la construcción, ampliación y mejora de un aparcamiento subterráneo en la avenida Can Serra; a las obras de urbanización del párking de la avenida América y a la urbanización de la plaza la Carpa y traslado de un espacio destinado a pistas de petanca en «Can Cluset». Tras la incoación del expediente, el Tribunal dará traslado a las partes para oir sus alegaciones para luego decidir si nombra a un instructor o archiva el caso.
Según el PP, la situación económica de la sociedad municipal L'2010 llevó a la necesidad a la puesta en práctica de planes de saneamiento debido al desequilibrio financiero de la entidad. En 2005, el Ayuntamiento aportó a la sociedad cuatro millones de euros para sacarla a flote. Este año, aseguran los populares, la situación financiera de la empresa volvió a ser delicada y requirió de un segundo plan de saneamiento.
No es el único caso que los tribunales investigan en relación a la gestión de Corbacho como alcalde de L'Hospitalet, cargo que ejerció durante catorce años. Hay otras cinco causas abiertas en el mismo Tribunal de Cuentas y de la Fiscalía que, en el supuesto de prosperar, podrían empañar el anunciadísimo retorno de Corbacho a la politica catalana. Tal como publicó ABC, se sabe que la Fiscalía de Delitos Urbanísticos investiga la adjudicación de varios solares del sector denominado «Porta Nord», operación que podría haber supuesto una merma del patrimonio municipal de 32 millones de euros. Hay operaciones urbanísticas que el ministerio público debe resolver relacionadas con la empresa Copisa, mientras que la Sindicatura de Cuentas analiza el sobrecoste de 10 millones de euros del Polideportivo del Centre. También se investiga el gasto de 15.208 euros en unas plantas que en 2007 fueron colocadas en la calle Roselles.
Por otro lado, ayer se supo que el gerente del Consell Comarcal del Barcelonès, Imanol Pujana, ha abandonado el cargo después de que su nombre aparezca vinculado en el «caso Pretoria» de presunta corrupción urbanística. El cese de Pujana se hizo público en el pleno del consejo comarcal del Barcelonès celebrado el miércoles.
