Tras publicar ABC los detalles de la contratación del marido de Carolina Darias, delegada del Gobierno, como inspector de basuras del Ayuntamiento de la capital grancanaria, el regidor socialista, Jerónimo Saavedra, trató de apaciguar las aguas ayer ante el aluvión de interrogantes. Por ello, Saavedra mostró ante los medios su sorpresa por la pregunta del Partido Popular sobre la situación de dicha contratación, mientras señaló que no se ha producido ningún «abuso de derecho».
«Por los datos que me ha facilitado la concejal del área, se hizo un contrato temporal. Estaba como desempleado en el Servicio Canario de Empleo (SCE) y llevaba más de un año. Se encontraba en condiciones similares al resto de ciudadanos. Por el hecho de ser marido de un cargo público no se puede discriminar a nadie», dijo el alcalde durante la presentación del Festival Womad. Sin embargo, el ex ministro contraatacó con una seria misiva a la portavoz del principal grupo de la oposición, Pepa Luzardo: «He dicho que le contesten a ella diciendo que si quiere que le digamos en qué situación se encuentran múltiples contratados en la época del Partido Popular y que han pasado a ser fijos. Si no hay abuso de derecho por parte de quien lo haya contratado, que estoy seguro que no se ha producido, la contratación es absolutamente correcta desde el punto de vista de la ley», agregó.
El área gestionada por la edil de Limpieza, Inmaculada Medina, ha sido la encargada de fraguar esta contratación, cuyas funciones se desglosan básicamente en el control de la limpieza urbana y de recogida de residuos, probablemente circulando en un vehículo alrededor de las calles de la ciudad. Lo curioso es que, desde su gabinete se han propiciado varias incorporaciones de cargos del comité local del PSOE en los últimos meses. Sin duda, para mirar con lupa.
Contrastes
No es un contrato astronómico, porque la retribución bruta anual es de 11.174,23 euros (con un complemento específico de 426,30 euros, lo que supone poco más de mil euros mensuales). Pero en cualquier caso la operación contrasta con la reciente polémica con los trabajadores de Clusa, todos ellos olvidados por el gobierno local pese a la numerosas movilizaciones realizadas tanto en los aledaños de las Casas Consistoriales de Santa Ana como en las oficinas públicas del antiguo Hotel Metropole.