CON muchas dosis de voluntarismo y pocas de sentido común, durante las dos últimas legislaturas, el presidente del Gobierno ha querido presumir de alumno aventajado en la Unión Europea (excepto en materias económicas donde alardeó de unos conocimientos de los que carecía y así nos va). Los ejemplos son cuantiosos, por eso me ceñiré tan sólo a uno, el plan Bolonia que afecta a universidades y estudios superiores: en los primeros días del mandato de la UE, nuestro Zapatero afirmó tajantemente la convergencia de España y los demás países miembros en el Espacio Europeo de Educación Superior en 2010.
Así esperaba despejar reticencias de algunos estados que, a día de hoy, no han aplicado el plan Bolonia y que dejaba mucho camino por andar en España, en la que por ejemplo, los Reales Decretos de adecuación de los planes de estudios al Espacio Superior de las Enseñanzas Superiores Artísticas, no se publicaron hasta junio, dejando un estrecho margen de tres meses para la aprobación por las consejerías de planes experimentales para comenzar el curso, en los que se cambian planes de estudio y metodologías de trabajo.
A este mayúsculo dislate, al que no ha sido ajeno el ministro Gabilondo, aunque en su descargo haya que decir que carece de peso en el ejecutivo, puenteado sistemáticamente por los asesores de Moncloa, se unen dos problemas más, que afectan la implantación del plan Bolonia. Nos encontramos frente a un plan de estudios caro, que no se puede afrontar con los medios económicos actuales de las instituciones educativas: la mayor carga exigida al profesorado por las prácticas, no se contemplan en presupuestos y eso quiere decir que decaerán en la realidad. Tampoco se han realizado acciones conducentes a la práctica de alumnos en empresas, cuestión por otra parte no siempre es factible para todos los estudios.
La otra cuestión grave arranca de la estructuración de los estudios superiores en tres tramos: el grado, equivalente a la licenciatura actual, el master y el postgrado. De estos tramos la administración educativa sólo contempla, el primero, la obtención del grado en cuatro años, como parte subvencionable; es decir, con matrículas en las que no se repercute la totalidad del coste de las enseñanzas. Para los otros dos ciclos los alumnos deberán abonar matrículas excesivas, al alcance de muy pocos. Es evidente que la bolsa de trabajo requerirá de los mejores, sobre todo en profesiones tradicionales (abogados, médicos, economistas, etc) y con las tasas de paro, exigiendo, al menos, el título que otorga el master, dejando en desigualdad a muchos alumnos brillantes que, por falta de recursos, sólo podrán acceder al grado. Esto hubiera requerido una reflexión, ahora sólo cabe la política del parche.
