La que se esperaba que fuese una nueva «ley del botellón» que prohibiese la ingesta de alcohol en vía pública se puede acabar convirtiendo en una dura «ley seca» para los menores de edad de Galicia de la que no se van a librar ni siquiera dos productos con una destacada producción en la comunidad como el vino y la cerveza. El Parlamento aprobó ayer la admisión a trámite de un proyecto normativo de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad remitido desde la Consellería de Sanidade sólo con los votos del PP, y ante las críticas de la oposición, que denunciaba la voluntad propagandística y recaudadora de un texto que pasa ahora al debate en comisión hasta su promulgación definitiva.
La ley prohibirá la venta y el consumo de bebidas de todo tipo —tanto destiladas como fermentadas— a menores de edad en cualquier establecimiento, destacando centros educativos o sociales, incluso de productos que imiten en sus envases a otras de contenidos alcohólicos. El veto se extiende a las máquinas expendedoras, y se responsabilizará de la venta de alcohol a los dueños de bares y comercios. Se restringe además toda campaña de promoción o publicidad que induzca al alcohol entre los menores, utilización del marketing en este sentido o cualquier producto o establecimiento dirigido a este público.
El articulado también prohibe las habituales promociones de «2x1» por entender que inducen «al consumo abusivo», independientemente del público al que se dirijan, así como la venta entre las diez de la noche y las nueve de la mañana, con la salvedad de los establecimientos autorizados. Los menores ni siquiera podrán entrar en bares fuera de los horarios para ellos habilitados.
Sanidade defiende además que sus inspectores puedan «entrar libremente y sin notificación» en todo centro, servicio o establecimiento afectado por la ley, y abre la competencia sancionadora a la administración autonómica y local, aunque atribuye a los alcaldes la capacidad para multar infracciones leves y graves en su tramo menor. Lo que se recaude se destinará «a un crédito para las dotaciones presupuestarias dedicadas a la prevención de consumo de alcohol entre menores y programas municipales de ocio». Se recoge también que las sanciones pecuniarias podrán sustituirse por «programas preventivos de carácter formativo, informativo o de tratamiento». La Xunta extiende el mismo trato a un menor de 14 años que a un chico de 17 al que le falten apenas unas semanas para la mayoría de edad.
«Cualquier joven que tenga hoy un problema con el alcohol se convierte mañana en un excluido social», defendió en la presentación del proyecto legislativo la conselleira Pilar Farjas, «queremos mandar un mensaje social inequívico de rechazo a estas conductas». La responsable de Sanidad subrayó la gravedad de que la edad media de iniciación en el consumo alcohólico haya caído a los 13,8 años, y que entre 500 y 600 menores sean atendidos anualmente por el 061 por intoxicaciones etílicas.
Educación y no sanción
La oposición compartió las buenas palabras de la conselleira en su exposición de motivos, pero negó su apoyo a un articulado «sancionador, recaudador y prohibitivo». El socialista Modesto Pose sostuvo que «el único límite seguro» con el alcohol «es la abstinencia, el consumo cero», pero lamentó que la norma «no vaya a la raíz del problema». El diputado lamentó que el texto presentado «carezca de un análisis riguroso ni científico», ni «suponga avance positivo alguno sobre las leyes ya vigentes», y se limite a buscar «la justificación ante sus parroquias».
«Es un proyecto de catecismo», espetó Pose a Farjas, «de mala conducta, sanción y penitencia, muy típico de su manera de proceder en política», y lamentó la inexistencia de «medidas operativas concretas» que tornen la sanción en mayor y mejor educación entre la juventud. «Es una ley de generalidades», abundó la nacionalista María Luisa Bouza, «el consumo en esas edades ya está prohibido ahora, y eso no impide ni que crezca el consumo y se rebaje la edad de iniciación a la bebida».
Bouza indicó que la única novedad de la ley es extender la prohibición de consumo de destilados que ya pesa sobre los menores entre 16 y 18 años a las bebidas fermentadas, tales como vino, sidra o cerveza. «Este marco más restrictivo no supondría un cambio para las personas de 14 a 16 años porque ya tienen prohibido el consumo», subrayó, «esta medida es propagandistica, inútil para abordar la problemática».
Atónitos, desde la tribuna, los estudiantes de un instituto se preguntaban de qué hablaban sus representantes electos. Ay si lo supieran.
