Ya es oficial: mientras con una mano Estados Unidos juzgaba los crímenes de guerra nazis en Nuremberg, con la otra daba protección y cobijo a algunos de sus responsables dentro de su propio territorio. La CIA burló la propia justicia norteamericana para permitir que algunos prófugos del nazismo hallaran santuario y hasta empezaran una nueva y triunfal carrera científica en la NASA. Así lo acredita un informe secreto de 600 páginas, elaborado por el gobierno en 2006 y que ahora ve la luz después de una guerra a muerte entre archivistas, investigadores, periodistas y oficiales del gobierno dispuestos a arriesgarlo todo para que por fin se conozca la verdad.
Quién esté interesado tanto en el informe secreto como en la complicada peripecia que ha llevado a que vea la luz no debe pasar por alto este link. Enlaza directamente con el tesoro de información sobre este tema que ofrece el National Security Archive, una organización sin ánimo de lucro creada en 1985 en el seno de la George Washington University en Washington D.C. Su función: obtener y analizar toda clase de documentos secretos o semi-secretos del gobierno para clarificar ante el público desde las actuaciones secretas de Estados Unidos en la Cuba de Fidel Castro o el Chile de Pinochet, hasta aspectos inéditos de la Guerra Fría o la de Irak.
Sanear los anales de la Historia
A diferencia por ejemplo de Wikileaks, que juega a la filtración periodística de impacto inmediato, el National Security Archive busca sanear los anales de la Historia en el sentido más trascendente y riguroso. Por eso procede pasito a pasito, requiriendo a veces largos años de trabajo para culminar una investigación. Sus armas son el conocimiento del terreno, la paciencia y la Freedom of Information Act (FOIA), una ley de 1966 firmada por el presidente Lyndon B. Johnson que marca las directrices para que cualquier particular en Estados Unidos pueda pedir la desclasificación de documentos secretos a cualquier agencia del gobierno.
Por supuesto que sea posible no significa en absoluto que sea fácil. Poner en marcha una FOIA request, una petición de desclasificación de información según la FOIA, se parece a iniciar una larga partida de mus con el gobierno. Las solicitudes de información son denegadas con cualquier excusa, demoradas durante años y años, entretenidas con detalles, expurgadas de páginas enteras cuando por fin los documentos llegan a ver la luz. Consideraciones de seguridad nacional, reales o inventadas, ponen cortapisas a la transparencia, y convierten la lucha por la verdad en una carrera de fondo en que a veces algunos de los corredores cambian de bando.
En temas verdaderamente complicados no es extraño que unos oficiales del gobierno estén a favor de desclasificar documentación y otros de mantenerla en secreto. Pasó por ejemplo cuando el juez español Baltasar Garzón inició su acción judicial internacional contra el exdictador chileno Augusto Pinochet. La Administración Clinton tuvo que enfrentarse a una auténtica batalla interna entre los que querían aprovechar la oportunidad para desclasificar “todo” sobre Chile y los que se resistían a hacerlo. Al fin se alcanzó una solución de compromiso: se desclasificaron 24.000 documentos pero no para la Audiencia Nacional española sino para particulares o investigadores chilenos. Por supuesto ese fue el principio de investigaciones mucho más completas, como la que precisamente desde el National Security Archive acometió Peter Kornbluh, autor de un célebre libro sobre el caso Pinochet, publicado en 2003 en Estados Unidos y en España.
300 nazis, no 10.000
En el caso de los criminales de guerra nazis cobijados en Estados Unidos el National Security Archive formuló su FOIA request en noviembre de 2009. Con la llegada de Barack Obama se esperaba una oleada de transparencia en todas las agencias gubernamentales, ya que así lo ordenó el presidente en persona. Sin embargo ha sido una oleada desigual. Por ahora el FBI es el que más se distingue en colaborar con los investigadores que piden documentos. Organismos como la CIA se aferran su tradicional secretismo.
A veces es para ocultar decisiones oscuras, a veces se trata simplemente de esconder errores o manifestaciones casi increíbles de incompetencia. Así se produjo por ejemplo el escándalo de Sandy Berger, antiguo asesor de Bill Clinton, condenado por obtener ilegalmente y por tratar de destruir archivos secretos donde quedaba constancia de las negligencias de la Administración Clinton en prevenir la amenaza de Osama Bin Laden y Al Qaida.
En el caso de los criminales de guerra nazis refugiados en Estados Unidos después de la guerra, las “buenas noticias”, si se las puede llamar así, es que parece que al fin fueron muchos menos de los que se temía: unos 300 frente a los 10.000 que se habían llegado a barajar en algunas estimaciones. La mayoría de los casos fueron nazis de perfil medio que habían tenido acceso a las investigaciones de las bombas V1 y V2 y al incipiente programa nuclear alemán. Sus conocimientos resultaron valiosos tanto para el Manhattan Project, el supersecreto programa que daría pie a la bomba atómica, como para la NASA, que llegó a condecorar al exnazi Arthur Rudolph como “padre” del cohete Saturno V). Por desgracia durante la guerra Rudolph había usado mano de obra esclava en un campo de concentración nazi donde incluso se obligaba a los presos a presenciar ahorcamientos.
Ayuda de la CIA
No está claro que ni la NASA ni siquiera el Departamento de Justicia de Estados Unidos, encargado de perseguir y deportar nazis, estuviera al tanto de esto. En la mayoría de los casos los prófugos alemanes obtenían ayuda de la CIA para burlar las propias leyes americanas. Eran los turbulentos años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y en el arranque de la Guerra Fría.
Otros detalles espeluznantes que se han conocido es que un oficial del Departamento de Justicia tuvo durante cierto tiempo en un cajón de su despacho un posible fragmento de la calavera de Joseph Mengele, el médico de la muerte conocido por sus atroces experimentos con humanos en los campos de exterminio, y que se las arregló para eludir la justicia y huir a Brasil. El pedazo de su calavera tenía que servir para verificar que este había sido efectivamente su fin.
Estos y otros datos, incluida la responsabilidad americana en los errores de identificación de John Dejmanjuk como “Iván el Terrible”, el espantoso carnicero de Treblinka, figuran en un documento impulsado en 1999 por Mark Richard, un abogado del Departamento de Justicia que logró convencer a la entonces fiscal general Janet Reno para compilar toda esta información. Concluyó su informe en 2006, sólo para que este durmiera en las tinieblas de los archivos más secretos.
Dado lo infructuoso de su FOIA request en 2009, el National Security Archive demandó el documento por vía judicial. Lo obtuvo en mayo de 2010, pero severamente expurgado y lleno de partes tachadas. Con esto desencadenaron en el seno de la misma Administración una guerra que se saldó con la filtración por oficiales del mismo gobierno del documento íntegro a The New York Times, que publicó las novedades que contiene este fin de semana.
