A falta de estímulos políticos que lancen su campaña en las autonómicas catalanas, las sombras del pasado de Joan Laporta como mandatario azulgrana, ahora cabeza de lista de Solidaritat Catalana, vuelven al primer plano. Ayer, el agente de jugadores Bayram Tutumlu denunció que el ex presidente del Barça «robó» al club 8,2 millones de euros y que incluso «estafó a sus propios jugadores». Las acusaciones del agente abundan en uno de los episodios más oscuros del laportismo, la relación que se estableció entre el club y la nada democrática República de Uzbekistán.
EFE
Laporta, en la rueda de prensa en la que explicó sus acciones judiciales
Según Tutumlu, fue él quien puso a Laporta en contacto con un magnate uzbeko, Miraldil Djalalov, con quien cerró, por 5 millones de euros, un acuerdo por el cual el Barça disputaría dos partidos con el Budyonkor y enviaría a aquel país a varios de sus jugadores para tareas promocionales. «Laporta cobró una comisión de 3 millones de euros que recibió mediante una transferencia a una cuenta de su despacho de abogados», denunció Tumlu. Jugadores como Eto'o, Messi, Puyol, Iniesta Fàbregas y Cristiano Ronaldo habrían recibido 300.000 euros por un «clinic» cuando Laporta habría pactado un millón, según el agente. El agente ha puesto una demanda admitida a trámite, asegura, reclamando su 10% de comisión, informa Efe.
En respuesta, Laporta negó haber cobrado comisiones por negocios relacionados con el Barça, y aseguró que el acuerdo con Uzbekistán fue una gran operación para el club.
Demanda contra Rosell
Por otra parte, el ex presidente azulgrana confirmó ayer que él y buena parte de su antigua junta directiva emprenderán acciones judiciales contra los actuales dirigentes del club, la compañía auditora KPMG y el diario Marca. Laporta dijo que se ha visto obligado a emprender este tipo de acciones judiciales «ante las maniobras indecentes existentes» para perjudicar sus aspiraciones políticas y su reputación, con acusaciones como la de haber cobrado precisamente comisiones ilegales. La demanda trata de impugnar la anterior asamblea de compromisarios, en la que se votó a favor de ejercer una acción social de responsabilidad contra el ex presidente por la deuda de 48,7 millones.
