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Después de meses de incertidumbre e indefinición en política energética, el Consejo de Ministros ha aprobado el decreto del Ministerio de Industria que establece el nuevo marco para la energía fotovoltaica. La propuesta, que se basa en las negociaciones entre las organizaciones del sector y el equipo de Miguel Sebastián durante el pasado mes de agosto, contempla un recorte del 45% en las nuevas plantas fotovoltaicas de suelo, un 25% para las instalaciones de techo medianas y un 5% para los tejados pequeños.
La nueva normativa también establece el límite del derecho a cobrar la prima equivalente a los 25 años de vida útil de las instalaciones. Las asociaciones del sector aseguran que esta medida tendrá efectos retroactivos y que, por tanto, resulta “inconstitucional”. Industria, en cambio, lo niega. Lo cierto es que el texto (en el que no se menciona la disminución de las retribuciones para las instalaciones acogidas al Real Decreto 661/2007) ya superó la criba de la Comisión de la Energía (CNE) y del Consejo de Estado.
En un comunicado, Idustria subraya que "el Consejo de Estado ha validado la legalidad de la norma", en una muestra de que "las modificaciones que ahora se introducen se ajustan a los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima".
Asimismo, el Ejecutivo espera que la disminución de las tarifas fotovoltaicas "supondrá un ahorro para el sistema de 141,5 millones en 2011; 202,3 millones en 2012 y 263,4 millones en 2013".
Por su parte, el sector termosolar y el térmico siguen a la espera de lo que determine el Consejo de Estado.
El peso "estratégico" del carbón
Las organizaciones del ramo consideran que, con esta nueva regulación, se produce el “sinsentido” de en España se cierran este tipo de fábricas, mientras “el mercado fotovoltaico a nivel mundial aumenta un 15% anual”, según destacó el presidente de la sección fotovoltaica de Asociación de Productores de Energías Renovables, Javier García Breva.
El recorte de la subvenciones a la industria fotovoltaica irrumpe en plena polémica sobre los incentivos a la quema de carbón nacional y su aplicación, suspendida de forma cautelar por la Audiencia Nacional y el Tribunal de Luxemburgo. A este respecto, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, detalló el pasado miércoles, durante su comparecencia en el Congreso para defender los presupuestos de Industria, que el Plan del Carbón contará con 1.078 millones de euros en 2011, en el marco de un apoyo de "carácter estratégico" para el sector energético.
