Hace cuatro años y medio que este vecino de Mollet del Vallès (Barcelona) se asoma por la ventana de su casa y ve las máquinas trabajar de forma frenética para inaugurar en breve una comisaría de la policía local y una biblioteca. Ocurre que, según cuenta a ABC su abogado, Jaime Castellanos, esas instalaciones debe invadir terrenos propiedad de su cliente que deben ser expropiados por el Ayuntamiento, dirigido por el socialista Josep Monràs. El afectado, un jubilado que oculta su nombre para no complicarse más la vida —asegura que ha sido objeto de amenazas—, no ha visto un duro todavía. Tampoco dispone de un documento oficial en el que el Consistorio ponga negro sobre blanco lo que está dispuesto a pagarle. La oferta inicial del Gobierno municipal, según el letrado, era 18.000 euros, pero una tasación particular cifra el valor de esos terrenos, situados en la confluencia de las calles Pablo Picasso y Joaquim Mir —una zona relativamente céntrica de Mollet—, en más de tres millones de euros.
La diferencia es enorme, pero según Castellanos, el Consistorio alega que no tiene dinero y «regatea» respecto a la superficie de esa finca, 1.780 metros cuadrados, según consta en el Registro, pero que el Consistorio rebaja a 1.500. «Antes del verano, le dí un ultimatum al Ayuntamiento para que convocara una reunión para comunicarnos oficialmente su oferta y nos emplazaron al mes de septiembre. A día de hoy, seguimos sin saber nada». Al no disponer de un escrito oficial, este jubilado no puede presentar recurso por vía ordinaria o judicial. Por tanto, el proceso está encallado. Fuentes del Ayuntamiento explicaron a este diario que «no hay ningún proceso de expropiación en marcha» y que esos terrenos, contemplados en el plan de ordenación municipal como zona verde, «no están ocupados». Admiten estas fuentes que, en un futuro, sería conveniente disponer de esa finca.
Equipamientos
El abogado indica que su cliente es perfectamente consciente de que su propiedad está calificado como suelo urbano consolidado, es decir, destinado a equipamientos, por lo que no puede construir, pero ello no ha impedido que los trabajos de construcción de la comisaría local hayan comenzado. Pero su cliente no está dispuesto a ceder y, a modo de protesta, ha colocado una pancarta con la frase «Me ha quitado mi tierra señor alcalde. Pague!!», que incomoda al Consistorio.
Este cartel convive con el del Plan E, que anuncia de 332.529 por parte del Gobierno destinados al alcantarillado y movilidad de las calles Vicenç Fonolleda y Joaquim Mir, y con el de la Diputación de Barcelona.
