El futuro de la venta de las parcelas del actual estadio de Mestalla quedó ayer mucho más despejado con la retirada por parte del grupo municipal socialista del recurso judicial que había planteado en 2008 contra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para esta zona.
Las conversaciones entre los dirigentes del Valencia y los responsables socialistas han cristalizado prácticamente un año después de comenzar. La clave para el desbloqueo se ha situado en la liberación de espacio público, ya que la nueva ordenación reduce el número de torres y aumenta su altura para liberar más espacio en superficie que se destinará al jardín y el centro escolar previstos.
Esta decisión fue ayer «capitalizada» por representantes socialistas como Carmen Alborch, Joan Calabuig y el propio Jorge Alarte, que aseguran que la decisión se adopta para facilitar el futuro del Valencia, que atraviesa una delicada coyuntura.
La realidad, por contra, parece otra. Y es que los socialistas se dedicaron a entorpecer todos los grandes proyectos previstos en la ciudad durante la pasada campaña electoral de 2007 y de allí se derivó la oposición a la Fórmula 1 o al nuevo estadio del Valencia, entre otros. Ahora el PSPV intenta recuperar parte del terreno perdido ante la ciudadanía.
La condición indispensable
Otro de los actores que no han figurado abiertamente en esta operación es la entidad Bancaja, principal acreedor del Valencia y que podría plantearse quedarse las parcelas del actual estadio de Mestalla y liberar así al Valencia de una deuda de 240 millones de euros que le permitiría afrontar la construcción del nuevo estadio.
Para producirse esta circunstancia la condición «sine qua non» era la retirada del recurso judicial, ya que ni Bancaja ni cualquier otra empresa interesada en la adquisición de las parcelas se lanzaría a afrontar una operación de esta magnitud con un resolución judicial pendiente.
